Edición Impresa
Sábado 30 de Noviembre de 2013

Maldito diciembre

Unas semanas antes de lo que se preveía, las zonas más conflictivas de la ciudad y de Villa Gobernador Gálvez volvieron a ofrecer los signos más visibles de una sociedad fracturada desde hace décadas.

Unas semanas antes de lo que se preveía, las zonas más conflictivas de la ciudad y de Villa Gobernador Gálvez volvieron a ofrecer los signos más visibles de una sociedad fracturada desde hace décadas.

El mes que comienza mañana tiene una simbología especial en la Argentina. En diciembre estalló la crisis del 2001 y se registraron hechos sociales y políticos dramáticos, como la declaración del default de la deuda argentina, todavía sin resolverse integralmente, la renuncia y salida en helicóptero de la Casa de Gobierno de un presidente elegido democráticamente, una feroz represión que terminó con muertes y el saqueo generalizado de supermercados y pequeños comercios.

A lo largo de estos últimos doce años, desde el comienzo de esa crisis política y social que dejó casi a la mitad de la población bajo el nivel de la pobreza, una desocupación del 25 por ciento y un país al borde de la desintegración, cada explosión social tuvo distintos orígenes, motivaciones y ejecutores.

Depende de cada situación particular y época histórica, algunos le sacaron provecho político, otros reclamaron sus ahorros injustamente confiscados, algunos fueron a "proveerse" de electrodomésticos a comercios y muchos a buscar alimentos porque tenían hambre. A todos ellos se les asoció el habitual delito común, que en este tipo de situaciones de convulsión se potencia y se entremezcla con masas tumultuosas que por diferentes motivos estallan. Fue así como, por ejemplo después de los saqueos del año pasado en Rosario, hubo reventa de productos no comestibles robados en los negocios asaltados y se llegó a ofrecer hasta una máquina de cortar fiambre.

La situación social en los últimos años, producto de la asistencia de los tres niveles de gobierno, ha estado bastante contenida. La baja de la desocupación, la asignación universal por hijo, el desarrollo de huertas comunitarias y otro tipo de emprendimientos han contribuido a poner freno a necesidades más urgentes y básicas, como la alimentación y la atención de la salud.

¿Entonces por qué los intentos de saqueos de estos días no sorprendieron y sólo se adelantaron algunas semanas a lo esperado para una fecha más cercana a fin de año?

Rosario y su zona de influencia tienen 168 mil personas viviendo en villas miseria. Otras miles habitan en barrios extremadamente humildes. Es una masa impresionante de seres humanos que seguramente debe sentir que ya no le basta la ayuda oficial con alimentos o una sidra y un pan dulce para Navidad. Perciben, aunque tal vez no le puedan poner palabras, el desigual acceso a los bienes de consumo que también, con justicia, desean poseer.

El contraste entre la posesión de productos, no ya de consumo básico para vivir, y los que se ofrecen a través de la publicidad masiva resulta insoportable para quien lo padece. Es llamativo que infinidades de robos a mano armada que suponen una pena de varios años en prisión se cometan para despojar a la víctima solamente de un par de zapatillas. Ese riesgo desmesurado para obtener un bien deseado explica, en parte, el fenómeno de la explosión social cuando ya no se trata de la lucha por la subsistencia, como había ocurrido durante los saqueos del 2001.

El mismo sistema comercial que fomenta el consumo y genera artificialmente la necesidad para que cada vez se compre un nuevo modelo de celular, de ropa deportiva o de cualquier otro producto, genera en esa parte de la población mayor resentimiento. Un malestar que se va internalizando a través de generaciones y produce violencia ante la desigualdad y la sensación de injusticia y despojo.

Mientras por todos los medios utilizados se publicitan las virtudes de nuevos productos, las supuestas capacidades que lograrán quienes lo adquieran y las facilidades de pago para obtenerlos, la masa que queda afuera de ese registro de consumo necesariamente lo intentará obtener de otra manera, sobre todo los más jóvenes, sector donde se registra el mayor índice de conflictividad con la ley penal. No tienen mayormente empleo registrado, acceso al crédito ni capacidad económica para obtener un bien deseado, pero sí disponible para el resto de la sociedad incluida en el sistema económico. Es la exclusión absoluta, aunque las necesidades básicas estén resueltas de diferentes formas. Si se le suma la adicción a las drogas el cuadro se agrava, porque los sectores marginales deben salir a robar para poder comprarlas, mientras que las clases con poder adquisitivo se las llevan a domicilio, igual que a una pizza.

Enfrentamiento. El discurso fácil que se escucha habitualmente en amplios sectores de la población estigmatizando a esos miles y miles de personas que no disfrutan de los bienes de la modernidad no sólo que no contribuye a resolver la situación sino que favorece su perpetuidad. Al ciudadano común, integrado al sistema, lo enfurece que mientras debe esforzarse en su trabajo y estudio para progresar en la vida, un grupo social recibe ayuda estatal sin esfuerzo y cuando puede se suma a acciones como las de esta semana.

Pero es una falsa aserción, y muy peligrosa. Es el prólogo de un enfrentamiento y fractura social, germen de la discriminación más absoluta, donde afloran los prejuicios más irracionales..

El ciudadano medio invisibiliza a los sectores marginales y sólo existen para repudiarlos, acusarlos de todos los males de la sociedad, como si hubieran elegido nacer en una villa o buscado el "placer" de husmear en la basura para encontrar algo valioso.

Pero cuando parte de esos sectores estallan por diferentes motivos, los que reciben su furia son un grupo social tan estigmatizado como ellos. No fue casual que los ataques a supermercados comenzaran en Villa Gobernador Gálvez en un local de propietarios chinos, que se defendieron armados ante la horda saqueadora. En los saqueos del año pasado en Rosario, el 60 por ciento de los comercios atacados fueron de origen chino y un 25 por ciento de los heridos que fueron atendidos en hospitales también eran asiáticos.

El presidente de la Federación de Supermercados Chinos dijo hace unos días que "el hecho de que sean comercios de cercanía y estén próximos a zonas carenciadas facilita este tipo de acciones, pero la gente pobre no es delincuente y no sale a robar electrodomésticos". También sembró dudas sobre la interna policial, su mano de obra desocupada y el narcotráfico como origen de los ataques.

Se pueden dar muchas explicaciones, pero sería muy ingenuo pensar que a los supermercados chinos se los ataca por azar y que sus condiciones de extranjeros más vulnerables (y una expresión social con rasgos similares a sus atacantes) no configura un factor determinante.

El desprecio de parte de los sectores medios y altos de la sociedad contra los más pobres y marginales agrava la fractura social de una ciudad, como por ejemplo Rosario, que tiene niveles del primer mundo en la zona costera pero se sumerge en la realidad de naciones del Africa subsahariana en los asentamientos precarios. Ese contraste, no responsabilidad de un gobierno en particular sino de un crónico esquema social estructuralmente distorsionado, es inviable para una ciudad y un país que mira al futuro. A menos que ya exista la resignación de vivir, como en México, con guardias armados en zonas cerradas al público. Que recibir un piedrazo en el vehículo en una ruta para ser atacado y robado sea un hecho cotidiano o que la explosión de masas enfurecidas que saquean comercios y supermercados a fin de año se convierta en el panorama habitual navideño.

¿Qué hacer? El Estado, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad política y moral de revertir un cuadro dramático, que lejos de declinar se profundiza porque no se aborda el problema como política de Estado.

Sólo con construir viviendas y entregar subsidios no alcanza para producir un cambio radical. De nada sirve, por ejemplo, que cada uno de los 20 senadores de la provincia disponga en 2014 de unos 260 mil pesos mensuales para repartir en ayuda social entre entidades, comunas y personas. Más allá de las dudas sobre la justicia de esa distribución, esa suma anualizada que el gobierno provincial les entrega como parte de un llamativo Fondo de Fortalecimiento Institucional representa 63 millones de pesos, que podrían utilizarse seguramente con mejor destino. Es probable que en todos los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal existan fondos semejantes que podrían formar parte de un programa a largo plazo que incluya cambios paradigmáticos en el enfoque cultural y educativo destinado a saldar la deuda social del Estado con millones de argentinos.

En Rosario y la provincia se viene asistiendo con acierto a la población vulnerable que, además, tiene garantizados servicios médicos y de buen nivel. Pero sirve sólo para contener temporalmente una compleja trama social que ya no sólo se sustenta con la ayuda tradicional.

Los intentos de saqueos de esta semana lo demostraron. Una multiplicidad de factores y de situaciones, como el delito común, el narcotráfico, la carencia del bien deseado y hasta la adhesión de masas irreflexivas que ven la oportunidad de obtener algo no propio, produjo un principio de estallido social. Fue el comienzo anticipado de un diciembre maldito, como los que seguramente seguirán mientras esta rica Argentina mantenga estos niveles indignos de marginalidad en buena parte de su población.

Comentarios