Cambiemos
Domingo 02 de Octubre de 2016

"Macri mantuvo más de lo que desmontó del modelo anterior"

Diego Gantus es licenciado y doctor en Ciencia Política (UNR). Profesor titular e investigador de la UNR y la Uner. Miembro de la junta directiva del Comité en Conceptos y Métodos, de la Asociación Internacional de Ciencia Política.

En la campaña electoral que lo depositó en el poder, Mauricio Macri desplegó toda una batería discursiva que hizo foco en la necesidad de reformular el rol del Estado y, una vez que asumió, decretó que el Estado que recibió estaba destruido y lleno de ñoquis; una pesada carga que había que alivianar con políticas públicas claras destinadas a mejorar la calidad de vida de la “gente”. ¿Se inscribe esta sentencia del jefe de Cambiemos en el postulado clásico neoliberal? La respuesta a este interrogante, para Diego Gantus, ofrece ciertas paradojas, porque por un lado muchos de sus funcionarios, con su historia declarativa, abrevan en la idea de un Estado chico y eficiente, pero por otro se incrementó el número de ministerios, secretarías y subsecretarías. “Quizás más por necesidad que por convicción, el gobierno hasta aquí ha mantenido más de lo que ha desmontado del modelo anterior”, define el politólogo rosarino en una entrevista con La Capital.

   —Macri se propone reformar el Estado para hacerlo más eficiente, incluso armó un ministerio (Modernización) para ese fin. ¿Cuál es tu evaluación de estos meses en ese aspecto puntual?

   —Es deseable que todos los líderes se preocupen por la eficiencia en el manejo de los recursos. Macri no es la excepción. Los Kirchner tampoco lo fueron. El problema es cuando en el altar de la eficiencia se incineran otros valores, como la equidad o la justicia. La creación de un Ministerio de Modernización puede transmitir inicialmente la idea de una jerarquización de las tareas o funciones a él asignadas. Dos reconocimientos se imponen: 1) No hay una sola idea verdaderamente innovadora en la creación del ministerio ni en sus funciones. 2) Importa más el hacer que el decir, y aún es temprano para evaluar el hacer de Macri y el ministro (Andrés) Ibarra. En el Estado hubo unos 11.500 despidos y se anunció que habrá más. Sin embargo, a partir de diciembre, el número de ministerios, secretarías y subsecretarías es mayor. Los ciudadanos no cuentan empleados públicos ni ravioles en un organigrama: sencillamente sopesan a su modo el tipo de servicios o bienes públicos de los que disfrutan. Por eso fue juzgado el kirchnerismo, y por eso será juzgado Cambiemos.

   —¿Responde Macri a los preceptos neoliberales en la relación Estado-sociedad?

   —Es una pregunta difícil de responder brevemente. Las ideas económicas que brindaron argumentos para la crítica de la expansión del Estado en los 70 y 80, propia del neoliberalismo, consideran que la intervención del Estado en la economía es, por definición, fuente de ineficiencia. Liberados, los mercados asignan más eficientemente los recursos de una sociedad. Sin embargo, las reformas que pretendieron achicar el Estado no condujeron al Estado mínimo. Podría haber sido peor. En efecto, el gobierno de Macri es más PRO-negocios que sus antecesores. Si uno repasa las declaraciones de la mayoría de sus funcionarios en los últimos 10 años, tendrá una cabal medida de lo que realmente piensan. Medidas como la baja en las retenciones, el bloqueo legislativo a la ley antidespidos y la quita de subsidios con el tarifazo consecuente parecen ir en esa dirección. Sin embargo, otros funcionarios, con otras ideas, y a partir de otras medidas, también juegan. Quizás más por necesidad que por convicción, Macri ha mantenido más de lo que ha desmontado del modelo anterior. Claro, no alcanza este argumento para ofrecer contención a las 150.000 familias que han perdido un empleo, ni a los nuevos pobres que tenemos a partir de la devaluación, la caída de la actividad y la inflación. Quiero decir que tildar al gobierno macrista de neoliberal es un doble error: no sólo contrasta con ciertos hechos hasta el momento; pero fundamentalmente, supone subestimar la construcción política del PRO.

   —Una de las consignas repetidas por los funcionarios de Cambiemos es que recibieron una pesada herencia, un Estado destruido. ¿Qué hay de verdad o mentira en ese concepto político?

   —La denuncia de la herencia recibida forma parte del ABC de la política, y no sólo en Argentina. La única que no ha tenido la posibilidad de utilizar ese recurso fue Cristina Fernández. Por eso ella volvía siempre a los 90. Lo que resulta llamativo en el uso macrista del recurso es que hacia afuera conserva el tono en la promoción del turismo y la inversión que fuera diseñado por el ex ministro Meyer, que pinta una Argentina muy diferente a la del discurso de Macri del 1º de Marzo. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Pero además, en muchos indicadores, Argentina ha retrocedido respecto de esa misma herencia. Es muy sofisticado el tipo de comunicación que demandan políticas que apelan al sacrificio en el corto plazo para obtener beneficios mayores en el mediano y largo. Y la comunicación no es el fuerte de este gobierno.

   —En la evaluación del gobierno anterior, se decía que Cristina manejaba a las provincias con el látigo y la chequera. ¿Ejerce el gobierno de Macri una dominación sobre las provincias o está obligado a conceder más por su fragilidad parlamentaria?

   —Rogelio Frigerio es el funcionario macrista que más agua ha llevado para el molino de Cambiemos. Al lado de otros funcionarios, el ministro del Interior se luce en HD. Hasta el momento, el gobierno ha obtenido mucho más en el Congreso de lo que podía esperarse. Y en buena medida eso se debe a la gestión de Frigerio, Federico Pinedo y Emilio Monzó, en ese orden. También al hecho de que Macri gobierna utilizando todos los recursos que están a su alcance, incluida la chequera. Lo que ha cambiado, junto con el tono público de las relaciones, es el origen de los fondos: para el kirchnerismo fue la emisión monetaria; para el macrismo es el endeudamiento. Ambas estrategias tienen límites claros.

   —Macri habla permanentemente de ir hacia un país verdaderamente más federal. ¿Hay indicios de que eso esté ocurriendo?

   —Hasta el momento no hay ninguna evidencia a favor, salvo los anuncios del Plan Belgrano. La poca que existe es contraria a esos dichos. Por un lado, el aumento por decreto del monto que recibe la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación; por el otro, los fondos girados a la provincia de Buenos Aires, que motivan el permanente reclamo de los gobernadores. No puedo olvidarme del intento oficial de unificar las elecciones en todo el país para cargos nacionales, que tuvieron que bajar de la discusión de reforma política porque es impracticable. Declarar a favor del federalismo es tirar un centro a los sectores que se hacen eco de las variopintas demandas por elevar la calidad institucional del país. Claro que las decisiones como nombrar jueces de la Corte Suprema en comisión, el aumento por decreto de la coparticipación de Caba, o los aumentos de tarifas decretados sin audiencias públicas previas inclinan la balanza en el sentido opuesto. Al igual que la caridad cristiana, la calidad institucional bien entendida comienza por casa.

   —¿Por qué razones aún el Estado no pudo reformular su ley de coparticipación federal?

   —El régimen de coparticipación entre Nación y provincias se invirtió en favor de la Nación desde los años 70. Del 60%- 40% a favor de las provincias en los 70, hoy tenemos la relación inversa. Las funciones de las que Nación y provincias son responsables han seguido el camino inverso. Y ello ha ocurrido por delegación de las segundas al primero en épocas de crisis o de emergencias. Cuando la emergencia es superada, no es más fácil lograr consensos sobre este asunto, sino más difícil. La discusión sobre la coparticipación gira siempre en base a tres elementos: a) qué ingresos forman la masa a distribuir; b) qué criterio tomar para distribuir; c) cómo se recibe lo que se distribuye. La discusión decisiva es en torno al segundo criterio. El miedo a perder lo que hoy tienen de las provincias más dependientes frente a las demandas de recuperar lo propio de las provincias que más aportan genera un conflicto en el que todas tienen las mismas armas: 3 votos en el Senado. ¿Quién pesca en ese río revuelto? El presidente de turno, quien asiste financieramente a las provincias, aprueba proyectos para obras públicas, avala el endeudamiento externo, a cambio del apoyo para iniciativas clave.

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