En febrero de 2006 la noticia estalló en los medios: "Bajan de categoría a escuelas primarias". No fue el mejor título para dar a conocer la caída de la matrícula de una buena cantidad de escuelas del centro y macrocentro de Rosario, porque en una rápida lectura se invitaba a pensar erróneamente en la pérdida de calidad educativa.
Igual la disminución sustancial de alumnos en esas instituciones públicas ya no era novedad para las propias escuelas. Desde que se conocieron los primeros lineamientos de cómo se aplicaría en Santa Fe la ley federal de educación, los maestros fueron los primeros en denunciar lo que se venía: un éxodo de pibes de sectores medios a las escuelas (sobre todo privadas) que ofrecieran primaria y secundaria, o bien lo que en ese momento era obligatorio y que alcanzaba al 9º año de la EGB (ahora 2º año del secundario).
Así muchas primarias que se quedaron con el 7º año salieron perdiendo. A excepción de las rurales, la verdad es que tampoco ganaron mucho las que lograron sumar el tercer ciclo de la EGB completo, porque padecieron desde el amontonamiento de chicos hasta la falta de cargos.
Está aún fresquista la imagen de aquellas escuelas que dividían con un tabique de madera el salón de actos para reconvertirlo en aulas, o las que reclamaban sanitarios separados para que alumnos de 15 años no los compartieran con los de jardín.
El despropósito de aquella aplicación derivó en que muchas instituciones públicas y bien reconocidas hasta perdieran un turno escolar, más cuando llegó aquel reordenamiento pos ley federal, irónicamente encarado por la misma mano que había implementado la reforma de los 90.
Algunos lo llaman resiliencia, otros compromiso. Como sea, lo que vino después fue tratar de sobrevivir para no seguir perdiendo cargos, alumnos y sobre todo, recuperar la educación con la que había arrasado el neoliberalismo.
La mano una vez más la pusieron los docentes, que apelaron a las más diversas estrategias. Entre ellas, la extensión horaria, con talleres implementados a través de convenios con distintas instituciones educativas y hasta sumando comedores escolares para atraer a los padres que trabajan. Como es de suponer, todo a pulmón y a pura voluntad.
Esta parte de la historia no puede desconocerse cuando se habla en la provincia de implementar la jornada extendida en 15 escuelas (llevar de 4 a 6 horas el tiempo escolar). Una decisión más que bienvenida porque lo que se hace ahora es cumplir con lo acordado en la nueva ley de educación nacional, con la que Santa Fe viene bien atrasadita. En este terreno nada hay que debatir, sí avanzar con la norma.
Donde sí es necesario abrir los ojos es en la filosofía con que ya se anuncia se comenzará a trabajar con la jornada extendida. Porque una cosa es que para sacar a flote la escuela se trabaje con "la adhesión voluntaria" y otra que eso lo planifique el Estado.
Entonces, hacen muy bien los maestros en desconfiar y pedir discutir las condiciones de trabajo y qué se va a hacer en ese tiempo complementario, porque aunque la propia ministra de Educación, Letizia Mengarelli, desmienta que no se trata de "precarizar" el trabajo docente, su propia gestión y la de su antecesora mucho no la ayudan.
Tampoco las palabras usadas oficialmente por los distintos funcionarios para definir cómo se llevará adelante tal modalidad: "Con otro estilo de trabajo", "experimental" y "voluntario", hasta ahora las más repetidas. Y que aunque no se conozca con exactitud el alcance de tales términos, lo conocido admite pensar en contratos basura, convenios o en el mejor de los casos alguna que otra hora cátedra.
Para eso basta recordar lo que pasa con los profesorados de enseñanza primaria e inicial. La inclusión de las llamadas "cátedras experimentales" en los nuevos planes de estudio, introducidas de la mano de la ex ministra y ahora diputada por el FAP, Elida Rasino, no hicieron otra cosa que "precarizar" la preparación de los jóvenes, y lo que es bien preocupante expulsarlos de sus estudios. "De los casi 40 que empezaron el primer año, ahora están por terminar 5", graficaba esta situación una profesora del terciario hace unos días.
Y así lo han hecho saber el último tiempo las distintas manifestaciones públicas de las alumnas de estas carreras que, cansadas de aprender "macramé, pasear en bicicleta, hacer circo o yoga", salieron a exigir calidad en lo que aprenden. Vale aclarar que el macramé, los talleres de fieltro o de salsa no son metáforas usadas para cuestionar un plan provincial, sino materias obligatorias que las alumnas deben cursar para recibirse de maestras.
El otro costado de esa formación es que por tratarse de "cátedras experimentales" el trabajo docente también se encuadra en ese formato. Abundan los contratos, los casting -como sucedió con la cátedra de Movimiento y Cuerpo, para la que además del currículum debían enviar una fotografía de la postulante-, y los convenios con asociaciones que "voluntariamente" aceptan dictar los "Itinerarios por el mundo de la cultura".
Entonces no es descabellado pensar que la jornada escolar extendida se encare con igual política: con docentes precarizados, contratados y hasta enseñando por pura "voluntad".
El 10 de septiembre pasado, y en una movida histórica que protagonizaron más de 500 estudiantes y docentes de los profesorados, la reconocida educadora Liliana Sanjurjo indicaba que uno de los mayores problemas de la gestión educativa inaugurada con el socialismo en 2007 era "la actitud fundacionista" que le otorgaba a la educación provincial, y por tanto que "era grave que alguien que no crea en el sistema educativo se haga cargo del mismo".
Lo hacía en referencia a cómo se habían encarado los planes de estudio de los profesorados, aunque bien se puede pensar para otros ámbitos. De hecho, en los últimos 5 años si algo ha crecido son las bajadas de línea por ascensor a las escuelas. Esto se ve con la reforma del secundario, donde son más los profesores que creen que los foros de debate oficiales son una parodia, que instancias de participación real.
Todo mientras se desaprovecha un tiempo valioso que es el de discutir el horizonte, la educación que incluya a todos con los mismos derechos a educarse.
La decisión de comenzar a aplicar finalmente la modalidad de jornada extendida, en particular para los sectores más vulnerables, es una muy buena noticia. Pero para que no sea un fracaso por anticipado, como pasó con los planes estudio de los profesorados -que ahora prometen evaluarlos-, su implementación no puede desconocer ciertas claves para que sea todo un éxito: la historia de cada experiencia, las condiciones laborales que garanticen continuidad, compromiso con el proyecto y calidad educativa. Con la sola "adhesión voluntaria" será imposible.