Cartas de lectores
Miércoles 26 de Octubre de 2016

Los pajes del oficialismo

Cuando saltan al conocimiento público hechos escandalosos cometidos por la delincuencia organizada, estremece a la sociedad en progresión geométrica. Ya no son solamente las agresiones físicas a las que nos vienen sometiendo, por lo que debemos encerrarnos en nuestros propios hogares con rejas o recurrir a cualquier otro método para protegernos de los ataques. La delincuencia organizada toma también otros atajos para obtener, mediante el facilismo, sus propósitos. Ahora han encarado ferozmente con el lavado de activos. Sin dudas que esto no es una "materiae novus", es algo que se trajina desde hace bastante tiempo, pero se ha incrementado con la aparición del narcotráfico perfumado de coches de alta gama y departamentos lujosísimos, a los cuales se les ha sumado la comercialización de importantes predios rurales. Se ve con frecuencia que cuando suena un estallido delincuencial de este perfil, aparecen reconocidos abogados a fijar posiciones respecto de estos delitos económicos con alcances especiales, y que producen, además, aumento del volumen del tráfico de estupefacientes. Ellos explican las garantías constitucionales con pormenorizados análisis que para los que conocemos el mundo de la ley podemos llegar a entenderlo, pero devienen inaceptables para cualquier persona que ha sido víctima o pariente próximo a una de ellas. Pero lo que resulta peor aún es cuando muchos de los defensores de los imputados que "supuestamente" regentean esta trágica actividad son ex políticos que han participado en la primera línea de la conducción del Estado y que ahora emergen a la superficie so capa de su condición de letrados, invistiéndose en su acorazada calidad de asistentes técnicos, declamando acerca del estado de inocencia y se apoyan en el soporte que les ofrece la norma del artículo 18 de la Carta Magna, a la cual no la negamos en absoluto. Pero sí, como ha sido dicho en esta columna de cartas para los lectores por otro distinguido colega, es inaceptable que los que han pertenecido al elenco gubernamental de esta provincia, los que ayer asesoraban y tomaban decisiones, hoy caigan en esta prevaricación totalmente desdeñable. No negamos el derecho de los imputados a ser defendidos, pero es inaceptable que quienes se hagan cargo de esas defensas sean los mismos que diagramaban desde el gobierno la lucha contra este maldito delito. Es una tremenda contradicción y se agrava para cualquier inteligencia normal, cuando trasciende que la provincia misma se constituiría en querellante. Pero el torbellino que invade a los políticos que intentan enturbiar el campo los hace caer en la ridiculez. El domicilio de un ex gobernador ha sido baleado y ahora aparecen sus propios correligionarios blandiendo flamígeas espadas defensoras para quienes "integrarían" la franja de los agresores: o esto es un barato vodevil o es una inefable organización.

Héctor Malvar


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