En dos semanas la provincia de Santa Fe redefinirá la conducción del órgano que define el modo en que se persiguen los delitos. Será cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dirima con un concurso quién se quedará con el cargo de fiscal general de la provincia, la cabeza de la institución, sucediendo en abril próximo a Julio de Olazábal, quien cesa en el cargo al cumplirse los seis años de mandato.
La mayoría de los aspirantes al puesto provienen de la carrera judicial y son conocidos en el ámbito penal. Están anotados para el concurso de oposición y citados el 7 de febrero por orden alfabético, el actual fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, quien dejará ese lugar en dos meses; el actual secretario de Asuntos Penitenciarios Pablo Cococcioni; el fiscal rosarino Carlos Covani; el secretario del juzgado de Menores de Villa Constitución Eduardo Fajardo; el fiscal del sistema conclusional en Venado Tuerto Eduardo Hugo Lago y el camarista penal santafesino Roberto Prieu Mantaras.
La única que figura citada para el trámite de oposición al día siguiente es Gabriela Tramelli quien además consursará para ser titular de la Defensoría General de la provincia. Ese cargo se renueva también en abril. Quien fue su titular durante casi seis años es Gabriel Ganón, suspendido de ese puesto por la Legislatura en un controvertido proceso. Ganón aparece entre los inscriptos para contender por el cargo de fiscal general pero no se presentará al igual que el fiscal regional de Venado Tuerto Alejandro Sinópoli quien también se había anotado.
El cuerpo evaluador estará integrado por Miguel Molinari, que es camarista santafesino y representa al Colegio de Magistrados; por las Universidades Nacionales será jurado Enrique Buteler que es docente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Córdoba. Por los Colegios de Abogados de la provincia actuará el abogado rosarino Oscar Romera.
Para Rosario
En tanto también se definirá dentro de diez días quién será el encargado de fijar las políticas de persecución criminal en la Fiscalía Regional 2 de Rosario, vale decir, el modo en que prioriza qué delitos se van a investigar. Se trata de la mayor delegación de las cinco que tiene el MPA en la provincia. Cuenta actualmente con 79 fiscales de distintas unidades definidas por ilícitos a perseguir (Homicidios, Delitos Sexuales, Delitos Económicos, Investigación). Abarca además de las localidades del departamento Rosario a las ciudades de San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución. En total la Fiscalía Regional de Rosario cuenta con 125 empleados entre los de la administración y los asignados a cada fiscal.
De los diez postulantes a la conducción del MPA en Rosario siete son actualmente fiscales. En este pelotón están Carlos Covani y Fernando Dalmau (Investigación y Juicio); Miguel Moreno y Adrián Spelta (Homicidios); Matías Ocariz (Delitos Sexuales), Patricio Serjal (Flagrancia) y Sebastián Narvaja (Delitos Económicos). Además también competirán por el cargo los ya citados Lago, Fajardo y Tramelli que se proponen asimismo para fiscal general.
Los jurados designados son Carlos Renna por el Colegio de Magistrados; Ricardo Alvarez por la Universidad Nacional del Litoral y Andrés Harfuch de la Universidad de Buenos Aires en reemplazo de los Colegios de Abogados.
El Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de la Defensa Penal son los organismos esenciales del nuevo modelo de enuiciamiento que rige en la provincia desde el 14 de febrero de 2014. Será la primera vez que estas instituciones debutantes hace tres años con la entrada en vigencia del sistema renueven sus conducciones.
Lo que está en juego
El MPA tiene como misión investigar los delitos y luego llevar a los imputados por esos ilícitos a las audiencias imputativas en tribunales para acusarlos. Tiene autonomía para determinar el esquema prioritario de persecución de ilícitos y para manejar sus recursos económicos.
Entre sus cometidos distintivos está el asistir, orientar y dar respuesta a las víctimas de delitos, por lo que deben trabajar en base a la información que éstas están en condiciones de aportar. A la vez dirigen a la policía en función judicial que aporta en las investigaciones. Deben también asegurar la protección de víctimas y testigos en coordinación con otras agencias del Estado.
El peso del gobernador
Los cargos de fiscal general y regional, al igual que los de defensor provincial y regional, son definidos por concurso público. Pero esta vez el Poder Ejecutivo tendrá un peso importante dado que le está permitido intervenir sobre el estricto orden de mérito de los concursos y postular de una terna al candidato que quede en condiciones de ocupar el cargo, aunque no necesariamente haya obtenido el mayor puntaje. En este sentido el gobernador Miguel Lifschitz tendrá la facultad de dirimir candidatos, lo que deberá luego ser refrentado por la Legislatura, en base a matices que pueden sostenerse en preferencias ideológicas. Eso está dentro de la legitimidad democrática pero no quedará al margen de debate.