Política
Miércoles 02 de Noviembre de 2016

Los límites al gasto en las campañas electorales, bajo la lupa

La iniciativa de Cambiemos en Diputados aspira también a fijar topes a aportes privados a los partidos políticos.

La Legislatura santafesina se prepara para debatir los límites al gasto en las campañas electorales, una iniciativa que incluye la posibilidad de fijar topes al aporte de los privados a los partidos políticos. Regular "de modo equitativo y transparente" los procesos previos a la votación es la premisa del proyecto que el macrismo acaba de presentar en la Cámara de Diputados provincial.

Sergio Más Varela, diputado provincial de Cambiemos y autor de la iniciativa, aseguró a La Capital que "la falta de límites dinerarios al aporte de las campañas electorales incentiva la corrupción y abre la puerta a la penetración del crimen organizado en la política".

La propuesta impulsa una modificación de la ley provincial Nº12.080, que data de 2002 y regula lo atinente a la realización y desarrollo de las campañas electorales, como también su financiamiento. La norma fue retocada en 2011 pero, según enfatizó el legislador radical aliado del PRO, "el contenido ha quedado desactualizado y existen áreas por cubrir".

El proyecto define un límite para el gasto de campaña que no podrá superar la suma equivalente al 2 por mil del salario mínimo, vital y móvil determinado por el Concejo Nacional del Empleo por elector habilitado a votar. Asimismo, establece un tope al aporte privado, fijando montos máximos admitidos.

Paralelamente, los partidos políticos podrán recibir donaciones de personas jurídicas, aunque sólo hasta un 2 por ciento del total de gastos permitidos por campaña, y de una persona física, siempre y cuando no superen el monto equivalente al 1 por ciento.

Asimismo, la iniciativa aumenta los montos de las multas por incumplimientos y extiende a veinte días la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno antes de los comicios para evitar la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos.

"Los funcionarios públicos que autoricen o consientan la publicidad de actos de gobierno en violación a lo dispuesto serán pasibles de sanciones de hasta 150 días multa", explicó el diputado.

En ese sentido, Más Varela señaló que la unidad de multas estará basada en un día del salario de un empleado judicial de menor jerarquía.

Además, la propuesta fija 30 días posteriores a las elecciones como el límite para la rendición de cuentas de los partidos. "Santa Fe tiene la necesidad de trabajar en una ley de financiamiento de las fuerzas políticas", fundamentó Más Varela.

En ese marco, los partidos deberán presentar ante el Tribunal Electoral provincial un informe detallado de los ingresos y egresos producidos en la campaña electoral, acompañado de un estado de origen y aplicación de esos fondos debidamente documentado.

A su vez, tendrán que entregar un listado completo de las personas humanas y jurídicas que hayan realizado aportes económicos, detallando datos de identificación particular y tributaria, monto y fecha de la contribución.

"Dentro de los 90 días de finalizada la campaña, el Tribunal Electoral elaborará y dará a publicidad un informe en el que resumirá los gastos por cada actor político", indicó el diputado.

Los políticos que incumplieran la norma perderán el derecho a percibir contribuciones, subsidios y todo otro recurso de financiamiento por un plazo de uno a cuatro años, pudiendo también ser sancionados con multas.

"En todos los casos, los aportantes, contribuyentes o donantes de campañas quedarán inhabilitados para celebrar cualquier tipo de contratos con el Estado provincial, municipal o comunal por un plazo de cinco años siguientes a la realización del aporte, contribución o donación", precisó el legislador.

Para Más Varela, es clave "encontrar mecanismos como los que actualmente existen en provincias como Córdoba y Mendoza y en la Capital Federal, donde se imponen límites tanto al monto asignado a los gastos de la campaña electoral como al aporte privado de fondos".

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