Megacausa lavado
Jueves 20 de Octubre de 2016

Los defensores apelarán las medidas de prisión preventiva dictadas en la megacausa

Las defensas de los nueve acusados por estafas con inmuebles y lavado de activos que quedaron en prisión preventiva preparan el siguiente paso en la causa: la apelación de las medidas cautelares para discutir ante un juez superior las figuras penales más controvertidas, que son las de asociación ilícita y lavado de activos. Esos recursos para que todo sea revisado en la Cámara Penal se presentarán en los próximos días, luego de que la jueza Mónica Lamperti de a conocer por escrito los fundamentos por los cuales ordenó las medidas cautelares.

En ese debate ante un juez de segunda instancia los defensores volverán sobre el punto que más discuten: las calificaciones legales. Si bien lo que se apela técnicamente es la prisión preventiva, ésta es una vía que habilita a los defensores a cuestionar el encuadre legal.

Es que para dejar a una persona presa se deben cumplir tres requisitos. Uno es la "apariencia de responsabilidad" en el delito; otro es la proporcionalidad de la pena, es decir que exista expectativa de una pena efectiva; y el tercero es la peligrosidad: tanto el riesgo de fuga del imputado como de que intente ocultar pruebas. Así, los primeros dos requisitos abren la puerta para discutir los delitos de lavado y asociación ilícita.

Coincidencias. "Casi todas las defensas coincidimos en que no se dan los presupuestos del tipo. Ni siquiera el dolo de ser cada uno parte de una organización ilícita. Lo que hay, en todo caso, serían estafas, hechos aislados. Pero de una organización delictiva no hay evidencias", planteó Ignacio Carbone, defensor de l detenido Jonathan Zárate, y agregó que la pena mínima de su cliente "es de tres años, lo que amerita la libertad condicional".

"En los argumentos de la Fiscalía para decir que son peligrosos procesalmente hay una doble discriminación", añadió. "En la causa hay personas humildes y otras de alto nivel económico. De los humildes se dice que son peligrosos porque no tienen nada que perder. De los ricos, que como tienen plata se van a profugar. Entonces, ¿para quién amerita la libertad?", cuestionó.

Los profesionales dieron pelea el lunes para que la jueza Mónica Lamperti rechazara las dos figuras más polémicas. La magistrada planteó que no corresponde pronunciarse en esta etapa preliminar. Así las cosas, los abogados piensan que en la Cámara, ante un juez superior, encontrarán un ámbito más propicio para esa discusión. Adrián Martínez, defensor junto a Carlos Varela de los imputados Leandro Pérez y Marcelo Jaef, recordó incluso precedentes en que se revirtieron imputaciones o se otorgaron libertades en segunda instancia.

Sujetos a derecho. Si bien Martínez teme que la audiencia sea programada para dentro de dos meses y entonces la cuestión devenga abstracta, Martínez dijo que lo central son las calificaciones jurídicas y demostrar que los imputados tienen arraigo: "Todos los imputados demostraron una sujeción al proceso. Abdala llegó de viaje y se presentó a la Fiscalía, Jaef estaba en un gimnasio cuando le allanaron el consultorio y se presentó, Pérez estaba en su domicilio lo mismo que Oneto, y De Gaetano se presentó. No había motivos para presumir que se puedan fugar".

Martínez destacó que si bien no se otorgaron las morigeraciones pedidas por las defensas, la jueza "tampoco se acogió a la prisión preventiva sin plazo, al menos le puso un coto". "Cuando recibamos los fundamentos vamos a apelar las medidas", anunció.

Lectura política. A su turno Jorge Bedouret, defensor de Maximiliano De Gaetano, planteó la discusión en el plano político: "Es una cuestión en la cual el Poder Ejecutivo y el Legislativo tomaron partido apenas se conoció la investigación haciendo elogios desmedidos; e incluso el gobernador diciendo que se iba a constituir en querellante porque afectaba el orden público cuando en todo caso es una mera estafa".

"El verdadero bien jurídico que tiene que proteger el Estado es la salud pública y nunca vimos que fuera querellante en delitos de narcotráfico", objetó el penalista, que atribuyó esa reacción del gobierno a que "la política de seguridad no existe. No hay un plan, ni herramientas, ni una manera de prevenir. Entonces quieren hacer ver que combaten a los de cuello blanco, y yo defiendo a uno que usa guantes negros, y eso es prender una pantalla para que cubra la indolencia y la falta de planificación en seguridad", consideró mientras prepara la apelación, pedidos de nulidad y estudia recusar a la jueza por no haberse pronunciado sobre las figuras controvertidas.

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