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Martes 14 de Febrero de 2017

Liberaron bajo fianza a los supuestos falsos gestores de V. Tuerto

El juez Benjamín Revori que entiende en la causa de los falsos gestores que sacaban motos de un corralón municipal de Venado Tuerto liberó a los dos detenidos tras una fianza de 400 mil pesos cada uno y ayer a la mañana recuperaron su libertad.

El juez Benjamín Revori que entiende en la causa de los falsos gestores que sacaban motos de un corralón municipal de Venado Tuerto liberó a los dos detenidos tras una fianza de 400 mil pesos cada uno y ayer a la mañana recuperaron su libertad.

Los dos imputados fueron acusados de falsificar documentos públicos con el objetivo de sustraer motos de la dependencia que los retiene cuando no están aptos para circular o sus propietarios cometieron infracciones. Uno de ellos es empleado comunal y el otro es un conocido comerciante venadense. Además hay otros dos sospechosos que serían cómplices.

Los detenidos, Héctor "Pipi" I. y Norberto "Piti" P., tuvieron que presentar sus respectivas viviendas como garantía para continuar las instancias del proceso en libertad.

Ya no hay personas detenidas en el marco de esta causa, aunque los imputados seguirán ligados a la misma y se investiga si no hay otros implicados en la maniobra en la que adulteraron o fraguaron documentación para retirar un número estimado de 38 motocicletas y un automóvil.

Evidencias

Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mauro Blanco, quien había pedido 15 días de prisión preventiva, dijo que la causa va a continuar, por lo que no se descarta que aparezcan otras evidencias o se ordenen nuevos allanamientos o detenciones en virtud de que el proceso de investigación continúa.

Según se desprende de fuentes ligadas a la pesquisa, al parecer la sustracción de vehículos se vendría realizando desde abril de 2016 y no se descarta que hayan muchos más vehículos entregados irregularmente.

La estafa funcionaba de la siguiente manera. En las adyacencias del Tribunal de Faltas había una persona que actuaba de campana. Se enteraba de las multas que tenían los motociclistas y se ofrecía, mediante un contacto interno, a reducir drásticamente el monto de la multa labrada al infractor. Generalmente por menos de la mitad ofertaba ese "servicio". El promedio era de 1.500 pesos por motovehículo.

En principio, la mayoría de las motos "recuperadas" pertenecían a los propios dueños, aunque hay cinco casos que se están investigando y que al parecer tenían como destino ingresar a un circuito de desguace para la posterior venta de repuestos.

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