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Sábado 02 de Noviembre de 2013

Ley de medios: hacia la pluralidad y democratización de la palabra pública

Por Roberto Follari/ La tarea educativa tiene entre otras metas la de sostener las identidades regionales, corridas desde los grandes centros urbanos.

La educación puede formar para los puestos de trabajo que la ley de servicios de comunicación audiovisual habilita. La federalización de la agenda mediática implica que en cada una de las provincias y regiones del país se requerirá de más y mejores periodistas, locutores/as, guionistas, actores. La limitación a los enlatados dará lugar a industrias culturales locales, y a una revalorización de los acervos, tradiciones e identidades zonales, habitualmente aplastados por la presencia de lo porteño, cuando no de lo proveniente de otros países. La tarea educativa al respecto es doble: formar los técnicos y profesionales necesarios, por un lado; por el otro, colaborar en la configuración y sostenimiento de la identidad regional, y en su valorización frente al vendaval mediático que proviene de los grandes centros urbanos nacionales y, sobre todo, los del capitalismo altamente desarrollado.

Tan importante como lo antedicho es formar conciencia en el sentido de qué se pone en juego cuando se habla de "libertad de expresión", en nombre de la cual muchos han creído posible la "libertad de oligopolio", es decir, la posibilidad pretendidamente legítima de unos pocos dueños de medios de ponerse por encima del resto de la población y de —en base al poder de su dinero y propiedades— imponer su propio punto de vista por sobre el de los demás actores sociales.

Múltiples actores. De tal manera, a menudo, esos dueños de grandes medios se autoproponen como actores políticos disimulados o vergonzantes; sin que se los haya elegido para eso (en verdad no se los ha elegido para ninguna cosa, se han autoerigido en sus sitiales), sin que estén sometidos a escrutinio público como actores políticos, y sin que tengan que irse en un período fijo, como ocurre a quienes ocupan espacios públicos de representación. Pero aunque no asumieran roles propiamente políticos, en cualquier caso están en ventaja sobre el ciudadano medio, que no es propietario de ningún medio, ni tiene cómo hacer pública su opinión. De tal manera, el derecho principal en juego en estos casos es el de la mayoría de la población, más que el de unos pocos ciudadanos: y es el derecho a recibir información fidedigna y plural. Algo que sólo se obtiene si la propiedad de los medios está suficientemente repartida en múltiples actores, lo cual comenzará ahora a darse en la Argentina a partir de la declaración judicial de plena constitucionalidad de la ley de medios, sancionada por amplia mayoría legislativa en ambas Cámaras, en el ya remoto año 2009.

Otro aspecto central en que debería instruir la educación (tanto a nivel primario como medio) es la capacidad para deconstruir e interpretar mensajes mediáticos. La banalización que la noticia suele recibir hoy por TV ha llegado a límites insondables; se demuestra que cuanto se ha dicho en un programa es totalmente falso, e igual se lo sigue dando por válido, tanta es la pregnancia de la imagen, y la "realista" credibilidad que se le suele adscribir. Pero como señaló Bachelard, el pensamiento se construye no gracias a las imágenes, sino gracias a ir contra ellas. Pensar en pensar en abstracto, lejos de la engañosa veracidad que parecen tener las imágenes. "Usted lo está viendo", se nos dice, sin decírsenos que podríamos estar viendo millones de imágenes diferentes (algunas de ellas opuestas) a aquella a la que estamos asignando un pretendido valor indubitable de veracidad.

Materias. Hay que instaurar, como en algunos países europeos, materias obligatorias de análisis e interpretación de mensajes. Con docentes bien formados al respecto, terminaríamos con la ingenuidad que hoy puede advertirse en la mayoría de los receptores de mensajes en nuestro país, a menudo pasivos en cuanto a ser preprogramados desde repertorios ideológicos al servicio del poder. Repertorios que, de cualquier manera, gracias al ejercicio de la ley (la cual siempre fue constitucional, pero recién ahora se lo reconoce formalmente), seguramente tenderán a democratizar y pluralizar la palabra pública en el país.

(*) Doctor en Piscología.

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