Opinión
Lunes 13 de Junio de 2016

Ley antidespidos, veto y Constitución nacional

Obejciones a una norma. En la ley 27.251 existen dos artículos que son inconstitucionales. Las razones.

La llamada "ley antidespidos" (ley 27.251) se origina en un proyecto aprobado por el Senado (media sanción) con amplia mayoría (2/3) y luego por Diputados aunque sin lograr los 2/3. Quedó así sancionada, se le otorgó un número correlativo y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación (art. 78 C.N).

El presidente tenía diez días útiles para promulgarla o vetarla total o parcialmente (art. 80). Si la veta totalmente (y Este es el caso) vuelve la ley sancionada con sus objeciones, es decir las razones del veto, a la Cámara de origen (en el caso, el Senado) y tanto ésta como la Cámara revisora necesitan una mayoría de 2/3 de votos de los legisladores presentes para superar el veto. Si no se obtiene esta mayoría especial en ambas cámaras, no hay ley (art. 83).

La finalidad de este artículo es explicar las objeciones constitucionales que, a mi entender, presenta la ley sancionada y los motivos que el Poder Ejecutivo dio para vetarla.

La ley sancionada tiene ocho artículos y uno de forma. El problema, entonces, no debe circunscribirse a la doble indemnización por despido incausado (art. 5) que no tiene objeciones constitucionales, sino a otros aspectos que no han sido suficientemente destacados.

En la relación de empleo (trabajo en relación de dependencia) debe hacerse una primera distinción entre empleo privado y empleo público.

En ambos casos los derechos básicos del trabajador deben ser respetados y están reconocidos constitucionalmente (art. 14 bis). También las facultades del empleador sobre su personal dependiente tanto en lo que respecta a la organización y dirección de su empresa como las disciplinarias reconocidas por la legislación laboral tienen sustento constitucional (arts. 14 y 17 C.N.)

En el trabajo privado no se prohíbe el despido sin justa causa, pero se establece la obligación de proteger al trabajador contra el despido arbitrario (art. 14 bis C.N.) y ello se efectiviza mediante una indemnización acorde. Goza el trabajador privado de estabilidad impropia.

Para el trabajador público, en cambio, sí está prohibido el despido sin causa porque tiene estabilidad propia que se concreta con la reincorporación al cargo.

También se asegura la estabilidad propia al representante gremial (art. 14 bis). Ello así porque el empleado público no puede estar dependiendo de los cambios políticos para preservar su empleo y en cuanto a los representantes sindicales por el grado de exposición que requiere su tarea y la necesaria tranquilidad e independencia con que deben ejercerla.

El resto de los trabajadores privados no tienen estabilidad propia.

Entiendo que es cuestionable constitucionalmente el art. 3 de la ley que permite al trabajador despedido sin causa, durante el plazo de la vigencia de ésta, a optar por requerir, incluso judicialmente, la reinserción en su puesto con más el pago de los salarios caídos y la obligación para el empleador de realizar las contribuciones patronales y los aportes correspondientes.

Esta norma refiere sólo a los trabajadores de la actividad privada, pues el empleado del sector público y el representante gremial ya tienen la estabilidad propia.

A mi entender, no puede una ley cambiar la naturaleza jurídica de la relación laboral establecida en la Constitución nacional pues en el ámbito privado el trabajador goza de estabilidad impropia ya que la "protección contra el despido arbitrario" se efectiviza en una indemnización y no en la reinstalación en el empleo como sucede con los empleados públicos y los representantes gremiales.

Asimismo es claramente inconstitucional el art. 7 que establece la "continuidad automática" de las contrataciones de personal por plazo determinado efectuado en todo el sector público nacional que venzan durante la vigencia de la ley ya que estas contrataciones se hacen en el marco de atribuciones propias de administración que se reconocen a otros poderes del Estado: Poder Ejecutivo (art. 99 inc. 1); jefe de Gabinete (art. 100, incs. 1 y 3); las cámaras de Diputados y Senadores individualmente considerados (art. 66); la Auditoría General de la Nación (art. 85); el defensor del pueblo (art. 86); Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 113); Consejo de la Magistratura (art. 114, 1° párrafo) y Ministerio Público (art. 120).

Por la misma razón también resulta inconstitucional el art. 2 en cuanto prohíbe el cese de un empleo temporario por 180 días.

Resumiendo, sin perjuicio del análisis del alcance de la emergencia ocupacional dispuesta y el control de razonabilidad que debe hacer la Justicia, hay dos artículos en la ley que son inconstitucionales: el art. 3 que otorga estabilidad propia, durante el plazo de vigencia legal a trabajadores que constitucionalmente no la tienen y el art. 7 que impide el ejercicio de atribuciones propias de órganos o poderes del Estado reconocidos constitucionalmente al prorrogar automáticamente las contrataciones en el sector público que venzan durante la vigencia de la ley.

Sólo este último aspecto es mencionado en el veto pero nada se dice da la insólita estabilidad propia que otorga al trabajador del sector privado. Ello no impide que el Congreso discuta y debata ambos puntos.

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