Policiales
Sábado 14 de Mayo de 2016

Las llamadas telefónicas develan los niveles de la organización y su modo de actuar

El juez federal Marcelo Bailaque sustentó el procesamiento de la banda en intercepciones telefónicas y lo incautado en los allanamientos.

Los procesados en la causa judicial que se inició a partir de la "Operación Guaraní" son nueve hombres y dos mujeres a quienes se los acusa como probables "coautores responsables del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas".

   Se trata de Hugo René F., Marlene Denise A. M., Nicolás Alejandro C., Facundo Nicolás "Macaco" Muñoz, Matías Carlos H., Maximiliano Alberto B., Pamela Yanina D., Juan Ernesto E., Pablo Esteban R., Silvia Blanca D. M. y Jorge Ramón G., este último conductor del Peugeot Partner patente FCZ 536 interceptado en la autopista Rosario-Santa Fe trasladando los 100 kilos de marihuana desde Corrientes, que puso al decubierto el negocio de la banda.

   Según las evidencias colectadas por la investigación y las actas de procedimiento, Hugo René F. conducía ese día un Volkswagen Bora dominio HWG 130 que servía de apoyo al vehículo que trasladaba el cargamento, por lo cual se le asigna el rol de transportador junto a G.

   Nicolás Alejandro C. y su novia Marlene obedecían las ordenes que impartía "Macaco" Muñoz desde la cárcel de Piñero. Según el juez Marcelo Bailaque, ese joven "tenía conexión con diferentes personas para conseguir drogas para comercializar, entre los que estabab Juan Ernesto E. y Mauro Matías Q."


Desde la canchita. Precisamente Mauro Matías Q. administraba el complejo de canchas de fútbol "Jugá de primera", en Sorrento al 1400, que servía de base de operaciones de la banda. "El negocio habría sido funcional al comercio de estupefacientes, tal como surge de las escuchas", puntualiza la resolución, tras detectarse que los cargamentos o traspasos se hacían en ese predio custodiado por soldaditos.

   Respecto a Pablo E. R. se lo escuchó dialogar con Elías Javier S., alias "El correntino", un proveedor con pedido de captura con quien coordina transportar estupefacientes en un auto. Pero necesitan a otro para "ir adelante" como punta de lanza para avisarle sobre probables controles en las rutas, como la modalidad utilizada por G. (en el Bora) y F. (en la Partner) al ser detenidos en la autopista a Santa Fe.


Las llamadas. Con un papel relevante dentro de la organización se escucha a un interlocutor decirle a Juan Ernesto E.: "Un loco quiere 60 kilos por semana y otro 100". Otra en la que Nicolás C. le dice que estaba en "la canchita" y que tiene plata "para 20 kilos", que ya "no queda casi nada".

   En otra intervención telefónica "Carlitos" (Juan Carlos J.) le dice que tiene gente con mercadería en el lugar, que vaya a buscarla "con plata en mano". Se habla de que el cargamento tendría un valor de 1.700 pesos y que se trasladaría en un Renault 12 en el que iba Juan.

   Ante la inminente llegada de la mercadería, refieren a "kilos de facturas" y estiman unos 100 y que "están por llegar con El correntino", en referencia a lo interceptado en el "Operativo Guaraní".

   La investigación pone al descubierto que Juan Ernesto E. probablemente recibía estupefacientes de distintos proveedores del norte del país, los resguardaba y los entregaba a la cadena de comercialización.

   En una charla telefónica del 29 de febrero Silvia Blanca D. M., residente en el barrio Larrea, le pide a Juan que vaya a su casa para hablar sobre un cargamento, pero él responde que "los agarraron a todos".

   De acuerdo al juez Bailaque las evidencias para sostener la acusación contra los imputados "se sustenta en la gran cantidad de escuchas telefónicas, de las cuales emergen de modo claro no sólo sus intervenciones en el tráfico ilícito de estupefacientes en sus diferentes modalidades, sino la disposición de medios necesarios para el desarrollo organizado de esa actividad". Y distingue "niveles, líneas de abastecimiento, comercialización, distribución, fraccionamiento, transporte, logística", lo cual conforma "una red criminal", según analiza el juez.

   Agrega que "la operatividad en esta etapa intermedia de narcotráfico se revela por la gran cantidad de estupefacientes encargado, recibido y distribuido", rasgo que se sustenta en el secuestro de los 85 panes de marihuana.

   Además de procesarlos a todos como probables coautores de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, les mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 20.000 pesos a cada uno.


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