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Domingo 01 de Junio de 2014

Las hemorroides, Boudou y Campagnoli

El vicepresidente, que iba a ser citado luego de la feria de invierno, quedó así atrapado en las balas del fuego amigo de echarles la culpa de todo a los periodistas.

Amado Boudou puede agradecerle haber sido citado a indagatoria a la cruzada bélica mediática que instauró el kirchnerismo en los últimos años. Una voz con buena llegada a los medios hizo correr el jueves por los pasillos de tribunales que la Cámara de apelaciones estaba dispuesta a apartar al juez Ariel Lijo de la causa Ciccone y, a partir de ahí, la amplificación entre periodistas “fieles” y críticos al modelo empujó la decisión de convocarlo al tribunal para someterse a la imputación de negociaciones incompatibles con la función pública. El vicepresidente, que iba a ser citado luego de la feria de invierno, quedó así atrapado en las balas del fuego amigo de echarles la culpa de todo a los periodistas. Lo paradójico es que la Cámara no pensaba apartar al juez sino apenas instarlo a que ampliase su investigación llevando a sus estrados a los otros cinco involucrados en el hecho.

Boudou tendrá una dura faena para convencer al magistrado de que no es culpable de haber favorecido desde el Ministerio de Economía a una empresa cedida de forma irregular, cuanto menos, a un amigo suyo y a un buen conocido. El doctor Lijo es lapidario en sus seis fojas de convocatoria a indagatoria respecto de sus sospechas. El titular de este juzgado federal cree que hay indicios de que el hoy compañero de fórmula conocía indubitablemente a Alejandro Vanderbroele y fundó con José Núñez Carmona una empresa cuasi fantasma para quedarse con una compañía monopólica para fabricar billetes. En la justicia no se pueden hacer pronósticos. Pero si estos han sido los fundamentos para traerlo a su despacho, puede deducirse que las convicciones del juez por la presunta comisión de un delito son todavía más contundentes.

Jurídicamente el vicepresidente puede apelar a la inveterada presunción de inocencia. El kirchnerismo insistirá hasta el cansancio en que más negra la pasa Mauricio Macri, que fue indagado y procesado y nunca creyó que debía pedir licencia o renunciar. Por cierto, el argumento del PRO respecto de que aún con esa resolución la gente lo votó en las urnas es pueril o ignorante. No se sabe qué es peor para alguien que aspira a ser presidente. La mirada no debe ser puesta en los códigos sino en la política. Y en la interna del PJ. Ya se sabía que Elisa Carrió iba a desencadenar un nuevo huracán de pedidos de juicio político o que el Frente Amplio Unen intentaría encontrar aquí algún punto en común que no halla en sus criterios de eventual gobierno.

La incógnita es ver cómo reaccionarán los compañeros de Boudou. La presidenta ha dado orden a su gabinete de respaldarlo. Así lo hicieron con precisión quirúrgica en sus adjetivos Jorge Capitanich, Agustín Rossi y Juliana Di Tullio. ¿Daniel Scioli estará dispuesto a poner su nombre en la lista de los defensores? ¿El ascendente candidato Florencio Randazzo? Sin embargo todos los teleobjetivos están apuntados a la juventud de La Cámpora, que viene desairando al vicepresidente desde el día cero de su llegada. Si la agrupación de Máximo Kirchner no respalda al hoy citado a indagatoria habrá un horizonte cierto para pensar que luego de 15 de julio, ante un procesamiento, el ex hombre de la Ucede, de la “Mancha de Rolando”, el que hoy preside el Senado, deba rendirse a dar un paso al costado. Se sabe que para la presidenta un veto de su seno íntimo familiar pesa mucho más que la tradición romana del “In dubbio, pro reo”.

Otro Campagnoli. “Claro que los jueces tienen miedo. Enfrentarse al poder, sin embargo, es nuestro deber en pos de perseguir el respeto a la ley y a la Justicia. Me quieren apartar porque no soy dócil con ellos”. El que así habla con este cronista es el doctor Luis Herrero, presidente de la Sala II de la Cámara de Previsión Social. Muchos rosarinos lo conocen porque es el que ha despacho sentencias a favor de los jubilados estafados por la Anses en el cálculo de sus haberes. El mismo que dijo que ese organismo “viola la constitución, atenta contra las garantías de subsistencia de los jubilados” y los condena a la miseria. Este mismo juez, honorable y digno, ha sido sometido a juicio político para obtener su destitución junto a su colega Emilio Fernández.

La noticia quedó relegada a un injusto segundo plano cubierta por los ríos de tinta escritos sobre el vicepresidente de la Nación. Como era de esperarse, en la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura el viceministro de justicia Julián Álvarez, acompañado del diputado camporista Wado de Pedro y el resto de los funcionarios enrolados con el oficialismo, fueron los que empujaron la acusación. Sólo Ricardo Recondo, Mario Cimadevilla, Alejandro Fargosi y Mario Fera se opusieron a este disparate.

Sería tedioso enumerar los argumentos que se esgrimen para querer apartar a los dos camaristas. Tedioso y atentatorio contra la razón y el más elemental sentido del derecho. Hay que decirlo con todas las letras: a Herrero y Fernández quieren hacerle pagar el costo de haber creído que un jubilado merece gozar de salarios dignos que provengan de una Anses más dedicada a financiar discrecionalmente (¿arbitrariamente?) cuanto proyecto nazca del deseo del Poder Ejecutivo. Sea una loable reactivación crediticia para todos, Aerolíneas Argentinas o un capricho de la juventud rentada que ocupa miles y miles de puestos en el poder sin más talento que pertenecer a la militancia. Estos jueces fallaron conforme a derecho defendiendo a los jubilados. ¿Nadie piensa alzar la voz por ellos? ¿Correrán el mismo riesgo que el fiscal José María Campagnoli, quien intentó seguir la ruta del dinero negra del poder? Ojalá que no. Porque en ese caso no se trata de dos funcionarios del poder judicial eventualmente desplazados sino de la naturalización de creer que un poder político puede atropellar a otro nacido para controlarlo y suponer que eso sigue siendo una república.

Nariguetazos. En medio de estos dos casos de gravedad institucional, que un Concejo Deliberante apruebe hacer rinoscopia para todos y todas los funcionarios puede parecer una nimiedad propia de los vericuetos ridículos de la política. El municipio de Capitán Bermúdez está en el centro de la noticia, por cierto, no menor. Habría que recordar que las adicciones no son un delito sino una dolencia sicofísica y que quien la presenta debe ser ayudado y no “escrachado”. Que la publicidad de cualquier patología es un derecho inalienable de quien la presenta y que la ley reclama un funcionario idoneidad en el ejercicio público de su cargo y no abarca los comportamiento privados que no rocen su actividad de funcionarios. En realidad, es tan obvio el avance autoritario de este tipo de iniciativas que sólo cabe pensar en su autor como un morboso “gran hermano” que necesita hurgar en la vida privada ajena ante la ausencia de argumentos de gestión para hacer progresar su carrera.

Un viejo diputado de la recuperada democracia en 1983 supo proponer algo original cuando escuchó a un colega sumarse entonces a la idea que hoy impulsó el concejal Hernán Fani. En una reunión de comisión presentó la iniciativa de pedir examen de hemorroides para todos los legisladores y revisación física del caso en la retaguardia congresal. “Como las sesiones duran horas y horas, hay que evaluar la resistencia para estar sentados en la banca por mucho rato”, argumento el viejo legislador. Por las dudas, no demos ideas.

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