La ciudad
Martes 28 de Junio de 2016

Las habilitaciones y los permisos "están en orden"

Para los distintos niveles de Estado, el laboratorio está habilitado para producir y comercializar. Denuncias, inspecciones e interrogantes.

Tanto para la provincia como para el municipio, está todo en regla en materia de habilitaciones y permisos para que Laboratorios Apolo produjera en el corazón de Tablada. A pesar de la explosión y las numerosas denuncias de vecinos, los documentos, de acuerdo a la versión oficial, están "en orden".

Como dictan los manuales de manejo de crisis, la respuesta fue corta y técnica. El subsecretario de Control y Convivencia municipal, Guillermo Turrín, señaló que el laboratorio de calle Alem al 2900 y el depósito de Amenábar 443 están habilitados para funcionar desde 1998, y que en la actualidad estaban tramitando la "renovación".

El funcionario dijo que se realizaron unas "20 inspecciones", algunas de las cuales, admitió, derivadas de las denuncias realizadas por los vecinos. "Esas inspecciones fueron atendidas y resueltas", aseguró e intentó justificar: "Tengan presente que esa empresa fue tomada por dos años por los empleados".

También buscó deslindar responsabilidades sobre las instalaciones de luz y gas. "El contribuyente había presentado un informe de un gasista matriculado y fue visado por Litoral Gas, diciendo que la toma de las calderas estaban en correcto funcionamiento. Eso fue en abril de este año", detalló.

Respecto de la infraestructura eléctrica, dijo que "había presentado las dos certificaciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), porque los elementos sometidos a presión deben tener un visado de la EPE".

Desde el conflicto desatado en 2012 la producción se habría frenado hasta enero de 2015, cuando "una joven" —señaló una fuente— se presentó como presidenta de la sociedad anónima, junto con la responsable técnica y logró su reapertura por seis meses hasta julio, fecha que vencían varios certificados. Se trata de Marcela Vozza, que llegó desde la provincia de Buenos Aires.

Fuentes del mercado apuntaron ayer que los titulares reales de la sociedad anónima podrían ser los propietarios de otros emprendimientos dentro del sector en la región, otros apuntaron a distintos lazos políticos.

A poco de reabrir, el 25 de marzo de 2015, la empresa cerró sus puertas "permaneciendo el mismo sin producción con motivo de reformas edilicias de ampliación; a su vez se produjo la renuncia de su director técnico, por lo que se informa que desde la fecha antes mencionada el Laboratorio Apolo SA se encuentra con cese de operaciones", informó en abril el Programa Provincial de Farmacovigilancia.

Apenas cinco días después, otro informe del mismo organismo señaló que "el producto solución fisiológica de cloruro de socio Apolo, perteneciente a Laboratorio Apolo SA, con certificado Nº 39.769, no podrá ser utilizado por falta de garantía de calidad".

Celeridad para adecuarse. A partir de allí el proceso se revirtió. La directora técnica de Farmacias, Droguerías y/o Laboratorios provincial, Elvia Gómez, explicó ayer que la empresa logró la habilitación sanitaria definitiva en julio de 2015. Y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), desde abril del año pasado, comenzó a otorgar nuevas certificaciones y autorizaciones para poder producir y comercializar diversos productos médicos. A un ritmo que un año después logró la habilitación para operar con efedrina.

La funcionaria provincial señaló que los directores técnicos farmacéuticos actuales a cargo de la planta son Juan Carlos Rádice, que hasta el 2014 figuró como titular del fondo de comercio de la farmacia Suiza, de Sarmiento al 800, y Marcela Andina Silva, de la provincia de Buenos Aires.

El control y la trazabilidad de medicamentos volvió a estar en la agenda pública por el crecimiento de la venta ilegal vía internet, como denunció días atrás la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) y últimamente en algunas ferias barriales, como les transmitieron pequeños emprendedores sociales a funcionarios locales, preocupados por el enquistamiento de bandas delictivas en espacios paridos para una economía social.

Por lo pronto, en Rosario, sólo hay apenas una denuncia por la venta de medicamentos robados o vendidos por fuera de las farmacias.

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