Nadie niega que en esta provincia el auge de las bandas de narcotraficantes ha incrementado la violencia y el crimen. Nadie oculta que la inseguridad urbana es una preocupación y que los índices de homicidios son altos. Nadie ignora que la policía es parte del problema. Nadie esconde que casi un 10 por ciento de la población de Rosario vive en villas miseria en condiciones indignas de pobreza.
Pero intentar humillar y poner de rodillas a un gobierno soberano en un país federal, como lo ha hecho la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días, es otra cosa.
El gobernador Miguel Lifschitz, visiblemente ofuscado, tuvo que salir ayer a poner en su lugar a Bullrich porque una vez más se había desubicado.
Convertida en casi primera figura nacional, por el amplio espacio mediático del que goza en Buenos Aires, condicionó el envío de tropas federales a Santa Fe a una clara violación de la Constituciones nacional y de la provincia: el control total de las fuerzas. Ese reclamo, de concretarse, hubiera significado una inédita sumisión al poder central.
Bullrich, acostumbrada a lo largo de su carrera política a cambiar de sector ideológico en aras de mantenerse en la actividad, ha pasado por el peronismo, integró la Alianza y ahora se volcó al PRO, entre otras oscilaciones. Fue ministra de Trabajo y también de Seguridad Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa y entre sus creativas medidas para contrarrestar la crisis de esos años les redujo el salario a los jubilados en un 13 por ciento.
Sobre temas de seguridad es poco conocida su formación, pero su gestión con Macri arrancó de la peor manera cuando tres condenados a prisión perpetua por el Triple Crimen de General Rodríguez protagonizaron una escandalosa fuga de la cárcel y pasearon varios días por el país sin que se los pudiera detener. Precisamente, se los apresó en Santa Fe, provincia que ahora la ministra quiere rendir a sus pies.
El gobierno santafesino deberá encontrar en el gobierno nacional otros interlocutores en el más alto nivel, que seguro existen, para acordar una política de seguridad acorde a la ley y a un país federal, lejos de las intenciones porteñas de mirar al interior desde arriba y con soberbia. La reunión que el lunes mantendrán Macri y Lifschitz se encamina en esa dirección.