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Martes 16 de Mayo de 2017

Un fallo judicial avaló un reclamo vecinal para cerrar el basural de Pérez

El conflicto comenzó en 1997 cuando una compañía privada instaló un volcadero que comprometió la seguridad ambiental de los lugareños

Luego de largos años de reclamos la justicia avaló tanto las quejas de los vecinos de Pérez que pelean por el cierre de un basural como el accionar de la cartera ambiental de la provincia, al desestimar el pasado 3 de mayo un reclamo de la empresa Séptima Región que en su momento había apelado la capacidad del estado santafesino para decretar su clausura por incumplimiento de normativas vigentes.

"No sólo resulta el Estado jurídicamente competente para disponer esto, si no que ante la información disponible constituye una obligación de la autoridad pues comparando los intereses en juego no puede caber duda alguna de que el interés público comprometido con la protección de la salud y el medio ambiente debe prevalecer por sobre los intereses individuales invocados en la causa, y aún sobre los intereses productivos" se explaya el texto del fallo emitido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 hace pocos días y difundido esta semana.

El conflicto se remonta al año 1997, cuando bajo el nombre de Basural Rappetta comenzó a operar un lugar destinado a albergar basura en donde al tiempo también se sumaron piletones para la descarga de líquidos cloacales e industriales, una actividad —según estimó el fallo judicial— no autorizada ni contemplada por el gobierno provincial para Séptima Región.

En el año 2010 la recepción de líquidos comenzó a volverse un problema mayor para los vecinos del lugar. Tras reclamar a través de marchas y manifestaciones el cierre del lugar, y en base a la sanción de ordenanzas, la dirección provincial zona sur de la entonces Secretaría de Medio Ambiente determinó que la empresa no podía seguir operando con líquidos y decretó la clausura del lugar, al tiempo que la intimó a presentar un plan de cierre y remediación de las lagunas.

Ante esto, el dueño del basural (Rubén Rappetta) decidió llevar el tema a la justicia demandando la anulación de las ordenanzas municipales y las resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente, lo que después de un juicio que duró cinco años terminó en el fallo conocido del pasado 3 de mayo donde los jueces desestiman el pedido de la firma privada.

Una vez que el fallo quede firme, y según adelantaron los abogados que acompañaron a los vecinos en el proceso, evaluarán exigir a la empresa la remediación ambiental del lugar.

Argumentos

"No habiéndose acreditado por la parte actora contar con la habilitación respectiva respecto a la recepción y tratamiento de los líquidos industriales o la adecuación de la planta existente a las exigencias legales; habiéndose constatado la producción de olores nauseabundos y el volcamiento de líquidos no permitidos o excediendo los límites autorizados, resulta razonable la prohibición dispuesta" razonó el tribunal dándole así razón a los vecinos, que participaron del juicio como terceros junto a la ONG Ojo Ciudadano representados por los abogados Federico Jolly, Nicolás Mayoraz, Gilda Smerilli y María Bernardita Iturraspe.

Según los jueces, el basural y los piletones también vulneran la ley de bosques, que determina que la zona donde se construyeron las lagunas es de categoría III al estar en la naciente del arroyo Ludueña, por lo que su emplazamiento "entraña peligro para el medio ambiente".

"Luego de cinco años de juicio, la Cámara Contencioso Administrativa de Rosario les dio la razón y rechazó el reclamo del basural de Pérez", explicaron en un comunicado los abogados, que agregaron que de quedar firme la sentencia los vecinos "ya piensan en un proceso para exigir la remediación ambiental y monitorear el cierre definitivo de las actividades prohibidas".

unificados. El conflicto generó protestas masivas contra las autoridades que debían resolver el problema.

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