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Domingo 17 de Septiembre de 2017

Seis años sin Paula Perassi: un caso emblemático, a las puertas del juicio oral

Una crónica de uno de los hechos más enigmáticos de la región. La investigación, los imputados y las sospechas que les pesan.

El domingo 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi recibió una llamada telefónica en su casa alrededor de las 20, y minutos después salió con el pretexto de buscar la tarea para uno de sus hijos. Nunca regresó. Hoy esperan el juicio oral y público cuatro civiles y cinco policías tras un largo proceso judicial que reveló una oscura trama de crimen y encubrimiento, mientras la familia de Paula espera poder encontrar su cuerpo que aún permanece desaparecido.

   Hasta ese infausto domingo de hace seis años, la mujer de 34 años estaba casada con Rodolfo Ortiz y tenía dos hijos varones de dos y seis años. Con el transcurrir de la investigación salió a la luz que ella mantenía una relación sentimental con Gabriel Strummia, entonces un empresario de Puerto San Martín, de 41 años, y que estaba cursando las primeras semanas de embarazo fruto de este vínculo.

   Pero eso se conocería mucho después. Al día siguiente de la desaparición de Paula, su marido radicó una denuncia y allí comenzó una investigación que incluyó entrecruzamientos de llamadas, redes sociales y el testimonio de una médica de Rosario que confirmó un embarazo, en ese momento, de seis semanas.

   Paula recibió la confirmación de su embarazo en el Sanatorio Británico, de Rosario, cuatro días antes de desaparecer. Los entrecruzamientos de las líneas telefónicos realizados con posterioridad en el marco de la investigación revelaron un aumento considerable de las comunicaciones entre Strummia y Paula.

   A las pocas semanas de la desaparición, el hilo de la pesquisa llevaba a Strummia, quien fue demorado e interrogado por la policía, negó primero la relación sentimental pero luego terminó por admitirla. También fue interrogado uno de sus empleados, Antonio Díaz.

   Por aquel entonces, se confirmaba que la misteriosa llamada tras la cual Paula abandonó su domicilio había sido hecha desde un locutorio cercano, pero cuando se requirieron las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, la filmación había sido borrada. Comenzaba así a sobrevolar la sospecha de maniobras de encubrimiento.

   Posteriormente, gracias a perros rastreadores se pudo establecer que la mujer estuvo en una parada de ómnibus de Puerto San Martín sobre la ruta 11. También con los canes se detectó que estuvo en un bar de ruta 11 y Mitre, en Timbúes, donde un testigo la reconoció y dijo haberla visto allí con Díaz.

   La causa quedó en manos del entonces juez de Instrucción Nº12 de San Lorenzo, Eduardo Filocco, pero ya en ese momento Alberto Perassi, padre de Paula, advertía que Strummia sabía "mucho más" de lo que contaba, y llamaba a "apuntar allí toda la investigación".

   Alberto Perassi comenzó así la incesante búsqueda de su hija y ya en diciembre de 2011 se encadenó frente a los Tribunales de San Lorenzo en reclamo de Justicia y ante las suspicacias que empezaba a tener sobre la investigación. Dos meses después, Perassi volvió a encadenarse ante la sede judicial y el caso comenzó a tomar una trascendencia nacional, pese a lo cual el juez Filocco mantenía el expediente caratulado como "averiguación de paradero".

   Recién en octubre de 2012, Filocco procesó y detuvo a Strummia y Díaz por "homicio simple", aunque los abogados de la familia Perassi reclamaban que debía encuadrarse el caso en "violencia de género e institucional", en referencia al escaso ahínco de la policía en la pesquisa. No obstante, a los dos meses el magistrado dio marcha atrás con ese dictamen y les dictó la falta de mérito. En tanto, comenzaron a realizarse multitudinarias marchas en San Lorenzo en reclamo de justicia.

   La causa dio un vuelco cuando los fiscales Ramón Moscetta y Donato Trotta solicitaron en abril de 2015 al juez Juan José Tutau, a quien había pasado la causa, la detención de nueve personas, sobre la hipótesis del crimen y una red de encubrimiento, ya que incluía a cuatro civiles (Strummia, su esposa Roxana Michl, Díaz y la partera Mirta Rusñisky), tres efectivos policiales (Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli) y dos altos jefes de la fuerza (Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos Adolfo Daniel Puyol). La figura que se les imputaba a los civiles era "aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad agravada", y a los policías, "encubrimiento" del crimen e "incumplimiento de sus deberes".

   La hipótesis era que la víctima fue llevada por la fuerza a la casa de la abortera en Timbúes donde se consumó el hecho. También se estableció que el día anterior a su desaparición Paula había contactado un médico con la intención de practicarse un aborto, pero el facultativo le había advertido que a causa de una afección, en caso de realizarlo sufriría una hemorragia que pondría en riesgo su vida. De ahí se presume el trágico final de Paula y que su cuerpo fue hecho desaparecer y aún no ha sido hallado pese a los numerosos operativos del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Para la Fiscalía, el ocultamiento del cuerpo y los posteriores desvíos de la investigación fueron posibles por la participación de los policías de la Unidad Regional XVII.

Todos, excepto Díaz, fueron detenidos por Tutau días después y el 19 de mayo de 2015 les dictó el procesamiento, embargo de bienes y prisión preventiva.

Pero la familia de Paula estalló de indignación cuando el 19 de agosto de ese año el camarista Adolfo Prunotto Laborde les revocó la prisión preventiva y concedió la libertad a los ocho imputados.

Por esos días, la lucha de Alberto Perassi fue reconocida por la Legislatura provincial y el caso tenía trascendencia nacional. Esta pelea llevó a que la Corte Suprema de la provincia el 3 de marzo de 2016 anulara la liberación de los procesados, cuestionando el fallo de Prunotto Laborde. No obstante, recién en mayo de 2016 el camarista Carlos Carbone ordenó la prisión efectiva de los tres civiles y el policía Puyol, y el arresto domiciliario de los otros cuatro efectivos. Puyol luego también sería beneficiado con el arresto domiciliario.

En tanto, la querella también había apuntado contra Mario Egido, ex jefe de la URXVII, pero el juez Tutau no hizo lugar al pedido y lo desvinculó de la causa en mayo del año pasado.

Meses después, en agosto de 2016, el camarista Carbone revocó el sobreseimiento que el juez Tutau le había dictado a Strummia y Díaz en la primera de las causas que se abrió, en aquel caso por homicidio simple. En esa oportunidad, Carbone hizo una severa crítica al desarrollo de la causa a la que describió de "desmadre".

Carbone volvió a emitir un fallo el 23 de noviembre pasado cuando revocó el sobreseimiento de Díaz, el ex empleado de Strummia, y le repuso la imputación de aborto sin consentimiento seguido de muerte, siendo arrestado en enero de este año.

En febrero pasado, y más de cinco años después de la desaparición de Paula, el juez Tutau envió la causa al Juzgado de Sentencias de Rosario. Dos meses después, la jueza de trámite de Sentencia Nº 5, María Isabel Más Varela, resolvió que el juicio sea oral y público, pese a que la causa se había tramitado en el antiguo sistema penal escrito.

Resta ahora que el Poder Judicial resuelva la fecha de inicio del proceso que, según estiman los allegados a la causa, podría ser entre febrero y mayo del año próximo.

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