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Viernes 05 de Mayo de 2017

Piden declarar "desierta" la licitación de la autopista Rosario-Santa Fe

Legisladores opositores argumentaron que hubo un solo oferente para la traza. Exigieron explicaciones al ministro de Infraestructura.

La Casa Gris se habría visto venir, de ser cierto el rumor, que el jarrón chino en que se le convirtió la licitación para conseguir un nuevo concesionario para la autopista Rosario-Santa Fe, sería declarada desierta. Algo que no sería muy difícil, toda vez que el miércoles se presentó una sola y única oferta.

Pasa que en ello ya la oposición le ganó la iniciativa: ayer, el diputado Héctor Cavallero, junto a los miembros de su bloque, "exigieron" esa declaratoria y la interperlación del ministro de Infraestructura, José Garibay, que por la tarde el cuerpo no le aprobó y el oficialismo salvó del mal trago al funcionario.

En la conferencia de prensa que dieron durante la mañana de ayer, los miembros del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, aseveraron que esta vez no se conformarían con menos que sentar al ministro en el banquillo en el recinto y someterlo a lo que, en rigor, es una suerte de juicio legislativo. Desde 1991 a esta parte no los hubo. Difícilmente un funcionario salga indemne de semejante confrontación.

"En primer término, le pedimos al Ejecutivo que haciendo uso de las atribuciones que le corresponden al Estado declare la licitación desierta. Segundo, que se dé de baja el convenio precario que tienen ahora con Arssa y que ya mismo la provincia se haga cargo de la administración de la autopista; que haga un convenio con el gremio de los empleados para respetar sus derechos ya que Vialidad Provincial tiene que repavimentar los 330 kilómetros que no hizo Arssa. Tercero, acá está todo determinado. No hay que hacer pericias; están todos los informes técnicos, que son oficiales, no nuestros o privados; son oficiales, y están diciendo que el perjuicio que causó Arssa impone que se le ejecute la garantía. Todo lo que reclama Arssa por supuestos incumplimientos de la provincia sumaría 100 millones, y la Fiscalía de Estado, dictaminó que la rescisión consensuada le hace perder a la provincia 1.500 millones y por eso el gobernador Miguel Lifschitz se vio obligado a dar marcha atrás".

Así, con ese petitorio de exigencias a la Casa Gris, arrancó Cavallero ayer la conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe y lo siguió Roberto Mirabella quien hizo hincapié "en el perjuicio que genera a la provincia el incumplimiento del contrato, porque acá hay que ser claro, enfatizó. De lo que se trata es de un contrato que se ha incumplido, y como siempre pasa en estos casos, genera consecuencias administrativas y jurídicas. Lo único que no genera es un apretón de manos y un «acá no ha pasado nada», como le han dicho los socialistas a Arssa y, encima, le dijeron «olvídate de pavimentar», pero por ahora seguí cobrando el peaje. Cualquier malpensado lo menos que considera a esto es muy, pero muy, llamativo, inquietante y sospechoso".

Mirabella recordó que "Arssa sólo pavimentó 65 kilómetros. El gobernador tuvo que deshacer el común acuerdo y ahora ver cuánto le reclama el Estado a Arssa, pero está claro cuánto es; lo ha dicho el fiscal de Estado, coincidiendo con las cifras que nosotros y todos los diputados ya manejábamos, más de 1.500 millones. Eso costaría la repavimentación que no hizo. Por esto es que hoy presentamos oficial y formalmente un pedido de interpelación al ministro Garibay, para que venga a explicar todo el estado actual del proceso de rescisión, los informes elaborados por la Universidad Nacional de Rosario y por Fiscalía de Estado".

Lo que querían, especificó el mismo legislador, era "que Garibay, le diga a los legisladores públicamente cuál es la determinación de los efectos económicos. Es decir, cuánto le reclama Arssa al Estado y cuanto el Estado a Arssa, para ver si esto da una ecuación cero como quisieron hacer creer con la rescisión consensuada, o acá hay un perjuicio económico que, en definitiva, es al bolsillo de todos los santafesinos".

El bloque rechazó también los 180 días que la Fiscalía de Estado le otorgó al Ejecutivo para explicar la situación. Por la tarde la iniciativa no prosperó en la sesión de la Cámara.

Por otro lado, los empleados de los peajes de la autopista continuaron con una protesta por reclamos salariales, a través de una medida de fuerza consistente en liberar el paso de vehículos en los horarios de 8 a 10, de 18 a 20 y de 22 a 24.

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