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Sábado 18 de Marzo de 2017

Legisladores quieren investigar a Monticas por la tragedia en la ruta nacional 33

La Cámara de Diputados estudia la creación de una comisión bicameral para determinar responsabilidades del Estado en los controles.

La Cámara de Diputados de la provincia tiene para su estudio un proyecto de ley que propicia formar una Comisión Investigadora Bicameral debido al lento progreso de la investigación de la tragedia ocurrida el 24 de febrero pasado, en que dos coches de la empresa Monticas chocaron en la ruta 33 con el saldo de 13 personas muertas.

"La presencia del secretario de Transporte (Pablo Jukic) dejó más dudas que certezas, no hay sumario administrativo abierto y Monticas continúa brindando servicios en la mayoría de las rutas", sostuvo el diputado Roberto Mirabella, autor del proyecto.

El legislador se quejó de que el funcionario provincial a cargo del área no fue clara en su exposición en la Legislatura días pasados. Su pedido fue acompañado con la firma de otros diputados, entre ellos, la de Héctor Cavallero.

"Monticas sigue brindando servicios en todos los corredores, sólo le sacaron la concesión en la ruta 33 y la ruta 9. El servicio de transporte es deficiente en toda la provincia de Santa Fe, la Secretaría de Transporte esta desmantelada y no realiza los controles que debería", afirmó Mirabella. Y añadió: "Lo que queremos es que se pueda llegar al fondo de la investigación de las responsabilidades que le caben al Estado como órgano de contralor del servicio público interurbano provincial. Esperemos que esta tragedia no quede en el olvido e impune".

Antecedentes

"La empresa Monticas tiene una serie de antecedentes que despiertan sospechas entre los legisladores sobre la actuación de los órganos de control del Poder Ejecutivo y su relación con el servicio público interurbano", insistió el legislador.

En efecto, entre los fundamentos del proyecto ingresado en Diputados figuran algunos precedentes que tuvieron como protagonista a la misma empresa, como el incendio de un colectivo en Casilda, el 26 de enero de este año, la quema y destrucción de un motor en entre Zavalla y Pujato en junio de 2016, la pérdida de una rueda por parte de otro en agosto de ese año y la ruptura del eje delantero de otra unidad, también en 2016.

Asimismo, se hace hincapié en las numerosas denuncias realizadas por los mismos trabajadores sobre el mal estado de las unidades.

"Es importante destacar que durante el año 2015 se realizaron 3.415 inspecciones y durante el año 2016 ascendieron a 4.955, donde se labraron 174 infracciones. ¿Esto no era suficiente para declarar la caducidad de la licencia para operar?", se preguntó el diputado. Y remató: "De nada sirve dar por finalizada una concesión si no investigamos cuántos servicios se prestan con el mismo nivel de precariedad".

Aunque los legisladores no pretenden "sustituir los procedimientos judiciales", quieren saber si los controles fueron suficientes.

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