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Sábado 15 de Abril de 2017

Las nuevas exigencias de las normas hídricas

desarrolladores se apalancan con la preventa y si no pueden hacer eso pueden aparecen complicaciones", advirtió.

Con el objetivo de ajustar las normas ambientales que rigen para los desarrollos inmobiliarios de la periferia de Rosario y otras ciudades de la provincia, desde el Ministerio de Infraestructura de Santa Fe resolvieron ya a mediados del año pasado que el "apto ambiental" de esos proyectos sólo será librado una vez que los constructores puedan mostrar que la totalidad de las obras hídricas planificadas fueron concretadas.

   Así, desde mediados del año pasado los desarrolladores no pueden comercializar los lotes sin antes haber cumplido con lo que pide la ley, que varía según el lugar y las circunstancias pero que puede incluir obras como canalizaciones, accesibilidad, saneamiento y otras para evitar inundaciones del terrenos o anegamientos por lluvia.

   Según explicó el director de Proyectos de ese ministerio, Pablo Bellittieri, el objetivo de la nueva resolución (la 736/16) es "ordenar" las actuaciones técnicas administrativas que deben llevar adelante los profesionales designados por los desarrolladores que quieren encarar proyectos urbanísticos que implique un cambio en el uso del suelo.

   Por su parte Franco Gagliardo, de la filial Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), dijo que "está claro que para que el Estado otorgue la aptitud hay que cumplir condiciones, porque si no cualquier campo se puede convertir en un barrio y eso ya ha generado muchos inconvenientes desde un punto de vista urbano".

   Para el empresario, el sector privado "está de acuerdo en que el Estado tome medidas respecto a las obras hidráulicas", pero dijo que eso "muchas veces dificulta" el financiamiento de los loteos. "Muchas veces los

desarrolladores se apalancan con la preventa y si no pueden hacer eso pueden aparecen complicaciones", advirtió.

   Para que la normativa sea viable, desde la CAC le propusieron a las autoridades provinciales tener "algún tipo de participación" en una comisión interministerial en torno a estas normativas, con la idea de que el privado "tenga participación y pueda opinar si esas normas son viables".

Exigencias

Las tramitaciones para el apto ambiental están compuestas por tres instancias: un certificado de aptitud hídrica, otro de obras hidráulicas y un tercero que es una especie de "conforme a obra".

   Tal como detalló Bellittieri, el primer certificado pretende que se demuestre con estudios que los terrenos están fuera de una zona inundable, mientras que el segundo apunta a que las obras hidráulicas construidas respeten las regulaciones vigentes.

   Es en el tercer paso donde aparece la novedad introducida por la resolución vigente desde septiembre del año pasado: un certificado "conforme a obra" emitido por la provincia que permita que el desarrollador comience a comercializar su negocio.

   "El espíritu de esta normativa fue agilizar los trámites ya que a veces los tiempos administrativos son intensos, hay muchos intereses y exigencias convergentes (ambientales, de la EPE y comerciales) y cuando todos estos intereses se juntan muchas veces se traduce en tiempos más largos, demoras y reclamos", subrayó el funcionario.

   Para Gagliardo, los desarrolladores se están encontrando con que el financiamiento se complica si previamente hay que hacer obras que en muchos casos muy importantes, aunque admitió que hay cosas "que se han hecho mal y obras que no se han hecho", y que existen casos en los cuáles los desarrolladores "desaparecen" y los propietarios de los lotes después "salen a exigirle soluciones a la provincia".

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