La Federación Agraria Argentina (FAA) impulsó una movida en defensa de una de las familias de colonos que desde hace años trabajan los campos que pertenecieron al fundador de la localidad de Bigand y teme quedar en la calle. La fuerte acción de respaldo sobrevino ante la inminente resolución judicial de un pedido de desalojo impulsado el año pasado por la fundación que administra las tierras y que, de prosperar, consumará el hecho que la entidad rural intenta evitar.
Además de haber realizado y subido a su página de Facebook un video testimonial sobre el tema y al que invita compartir para "ayudar en esta lucha", también cursó una nota suscripta por su presidente, Omar Príncipe, para manifestar la posición institucional a la jueza de Circuito y Faltas de Distrito Nº 7 de Casilda, Laura Babaya, quien entiende en la causa que resolverá la semana próxima, según confirmó ayer a LaCapital.
Marinucci es la única familia de las más de 20 afectadas a la producción de las tierras de Bigand que no llegó a un acuerdo para renovar el contrato de aparcería por cinco años como hizo el resto del grupo que evitó los desalojos, de lo cual dio cuenta oportunamente este diario.
Claro que esa suerte de resistencia con la Fundación Honorio Bigand terminó poniendo en riesgo la continuidad de permanencia en el establecimiento rural donde Oscar Marinucci y su esposa Sandra además de trabajar desde hace décadas comparten junto a sus hijas la casa familiar que heredaron de sus antecesores. Si bien se ignora la decisión que adoptará la magistrada, la situación resulta tan controvertida que divide opiniones.
Es que si bien para FAA es un caso "emblemático" en la defensa de los intereses de los colonos, la fundación justifica su postura y requerimiento de desalojo al considerar que la familia en cuestión está en situación de usurpación de las tierras.
"Esta familia se autoproclamó dueña de un campo —de poco más de 50 hectáreas— que no le pertenece, por lo que a la fundación no le deja margen de negociación y por eso insiste con el reclamo de desalojo para que la Justicia resuelva en consecuencia", explicó a este medio el abogado de la institución, Diego Haro Martínez.
La función social de la tierra. En tanto, FAA planteó en el escrito a la magistrada interviniente su "preocupación" por el tema al sostener que la entidad "siempre acompañó a estas familias en la lucha por la defensa de sus derechos, haciendo especial hincapié en la función social de la tierra y no solamente como el objeto de diversos negocios inmobiliarios".
Asimismo, destaca que "la provincia de Santa Fe adhirió a la Ley de Agricultura Familiar y que la misma, en su artículo 18, contempla la suspensión de desalojos a agricultores familiares, campesinos e indígenas, lo cual encuadra perfectamente con el conflicto de Marinucci", para luego recordar que "un fallo histórico en favor de una familia campesina en Palma Sola, Jujuy, sentó precedente en este sentido".
En esa línea, pidió a Babaya que "incorpore al expediente las novedades legales con respecto a esa ley tanto a nivel nacional como provincial, exigiendo igual trato a nuestros representados ya que son agricultores familiares (inscriptos) en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), y que quede sin efecto inmediatamente la intimación de desalojo que pesa sobre ellos".
Respaldo de la comunidad. En junio pasado, está familia concitó el apoyo de FAA así como de la comuna y otras instituciones para frenar y suspender una orden judicial que habilitaba a la fundación ingresar al predio rural con máquinas agrícolas para recoger y embargar la cosecha de soja.
El ex jefe comunal de Bigand Patricio Erceg manifestó por entonces su confianza en que tal movida allanaría el camino para que lograr un futuro acuerdo entre Marinucci y la fundación, pero no sucedió.
La Fundación Honorio Bigand fue creada tras el legado que dejó al fallecer a su albacea testamentario la última heredera del fundador del pueblo, María Mercedes Octavia Bigand. Su mandato fue que el organismo destinase el producido de las tierras a ayudar, fundamentalmente, a instituciones locales, especialmente la Iglesia, la escuela primaria, el Samco y el geriátrico, y otras obras de beneficencia sin afectar la situación de los colonos allí establecidos.
Sin embargo "sólo destino migajas al pueblo", aseguraron en varias oportunidades autoridades comunales que cuestionaron desde el primer momento el manejo de la institución y hasta encabezaron movilizaciones para lograr la renovación de los contratos.