la_region
Jueves 16 de Marzo de 2017

"El quite de la concesión de Monticas fue para descomprimir el conflicto social"

Así lo admitió el secretario de Transporte provincial, quien no salió bien parado de la reunión a la que fue convocado por Diputados. Lluvia de críticas

Aun cuando la de ayer al secretario de Transporte de Santa Fe, Pablo Ignacio Jukic, no fuera una interpelación —porque no fue sentado en el banquillo en medio del recinto—, la última pregunta que le hicieron dice bastante de cómo le fue. Se la formuló el diputado de Cambiemos, Sergio Más Varela, y fue respecto a si iba a renunciar o no al cargo. Jukic dijo que no.

El encuentro fue en la sala de situación de Presidencia, con una inusual cantidad de legisladores presentes y, finalmente, también asistió la prensa —a la que se había dicho que no se dejaría entrar—.

Entre las críticas posteriores de los diputados de las distintas bancadas y el silencio del oficialismo, Jukic tuvo su día perfecto para el olvido. En rigor, su sufrimiento duró apenas dos horas. Más hubiera hecho desbordar de bronca la asistencia que atestó el reducido lugar. Al fin y al cabo, debía echar luz sobre una de las tragedias evitables más grandes y espantosas que hubo últimamente en la provincia: el choque de dos vehículos de transporte de pasajeros de la firma Monticas en el que murieron 13 personas.

El choque se produjo porque reventó la goma vencida de una de las unidades y se venció porque quienes tuvieron que detectar su estado e impedir que esa unidad saliera a las rutas —es decir el hecho potencialmente homicida— no lo hicieron. Ayer se suponía que entre las 11, hora a la que comenzó puntual y las 13 en que se levantó la reunión, Jukic ofrecería explicaciones que permitieran saber por qué el Estado santafesino falló de un modo tan flagrante en su responsabilidad indelegable.

Revelación y estupor

En cambio llenó de estupor a su auditorio en un momento. Y es literal. La sala quedó en silencio por unos minutos que parecieron eternos. Quien esto escribe temió alguna reacción destemplada movida por la indignación ante lo que el funcionario acababa de revelar. No fue un "sincericidio" (es decir algo dicho por la inercia del discurso emprendido) porque luego no intentó ni desmentir, aclarar o suavizar lo que dijo.

Fue la causa, la razón. ¿De qué? De por qué se le levantó a Monticas la concesión del servicio que tenía concedido por el Estado. Eso fue lo que le habían preguntado. Quizás convenga recordar que el transporte de pasajeros es un servicio público que lo brindan empresas privadas a quienes el Estado encomienda esa tarea una vez que ganan una licitación para hacerlo porque han demostrado en ese proceso que estén en condiciones de hacerlo.

¿Por qué se le quitó recién ahora la concesión a la empresa Monticas?, fue una de las preguntas que le hicieron al "viceministro" de Transporte. "El quite de la concesión fue para descomprimir el conflicto social". El silencio que sucedió a la frase fue tan profundo como el enojo que al salir manifestaron algunos legisladores. "Pareciera que estos tipos no se enteraron que murieron 13 personas. Quiere decir que si no hubiera existido conmoción y reacción social —frente a 13 muertes evitables no sé qué esperaban— no le hubieran sacado la concesión a Monticas. No se la sacaron porque mataron a 13 personas sino para "descomprimir la tensión social". Es decir, para suavizar el reproche ciudadano al gobierno. Eso fue todo lo que les importó. Me imagino cuánto les deben haber dolido esas palabras a los familiares de las víctimas", le dijo indignado a LaCapital el diputado Luis Rubeo, uno de los impulsores de la citación.

"Quedó asentado (con esa respuesta de Jukic) que hay responsabilidad de la provincia", opinó al respecto la diputada del FpV Claudia Giaccone.

Jukic iba a ser interpelado el jueves pasado. Esa fecha ya era producto de otra postergación y una sucesión de negociaciones entre las distintas bancadas partidarias que finalmente terminó cediendo al pedido de la Casa Gris de preservar la figura del ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, que era a quien realmente la oposición quería sentado ayer dando explicaciones.

Las negociaciones concluyeron en que iría su segundo, el secretario Jukic y el oficialismo inició una retahíla de postergaciones hasta ayer, es decir 24 horas después del anuncio de 10 medidas especiales para mejorar el transporte interurbano de pasajeros que hiciera el Ejecutivo. Quizás ello justifique dos situaciones llamativas que ayer tuvo el informe de Jukic.

Ausencias en la mesa

La primera es que ninguna autoridad de la Cámara la presidiera, como se estila. Como más arriba se dijo no fue una interpelación pero sí un acto oficial de la Cámara recogido en el capítulo XVII del Reglamento Interno del cuerpo en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 45 de la Constitución provincial. Si bien Antonio Bonfatti no está en provincia, sus dos vicepresidentes —Roberto Mirabella (FpV) y Germán Mastrocola (Cambiemos)— sí estaban en la sala, pero ninguno ocupó lugar alguno en la mesa dispuesta al frente del salón (ver foto). En cambio lo hicieron, flanqueando a Jukic, el presidente del bloque Socialista, Rubén Galassi y del Interbloque del FPCyS, Eduardo Di Pollina. Ninguno abrió la boca ayer. Un detalle si se quiere anecdótico, pero inusual.

Así como el oficialismo parece no haber dejado el manejo de la reunión a ningún opositor también parece haberle restado toda importancia posible. Jukic no llevó documentación alguna y en todos los casos en que las preguntas requirieron datos y precisiones, se comprometió a remitirla a posteriori. Por tal motivo no hubo información sobre otros corredores viales.

Se ventiló, asimismo, otro dato sumamente inquietante: 53 de un total de 55 empresas que brindan servicios de transporte de personas en corredores interurbanos tienen concesiones precarias. Sólo dos fueron licitadas y hace mucho tiempo. Y, encima, lo hicieron con la ley actual que tiene muchos años antigüedad. Entre las medidas que el gobernador Miguel Lifschitz anunció figura una nueva ley de transporte provincial.

Y uno más que quiso saber la diputada Alejandra Vucasovich: "El corredor Alcorta que lo cubre Central Norte lo hace con colectivos que fueron antes descartados por la empresa Monticas", admitió Jukic. "Estamos indignados por esta respuesta, estamos preocupados por la cantidad de santafesinos que hoy en la provincia están subidos a unidades de distintas empresas de transporte en similares condiciones a las del Monticas y también preocupados en cómo será la nueva concesión de las rutas", se quejó, Mercedes Meier, quien junto a su par Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, exigieron la nueva ley de transporte, señalando "que se decidió a pocas horas de la tragedia porque no pareció estar en los planes del socialismo".

   El propio oficialismo casi no hizo preguntas. El diputado Gabriel Real, hizo una. Y la diputada Clara García lo inquirió sobre qué medidas preparaba el Ejecutivo para superar la situación que el accidente de Monticas dejó en evidencia. Eso le permitió a Jukic referir las medidas que un día antes Lifschitz había anunciado desde la Casa Gris.

Enterado de irregularidades

El otro momento demasiado tenso —que llevaría luego al diputado de Cambiemos, Roy López Molina a afirmar que es necesario insistir en sentar a Garibay para que dé él las explicaciones— estuvo dado cuando Jukic admitió ayer ante los diputados que su superior el ministro de Infraestructura y Transporte "estaba enterado de todas irregularidades denunciadas y por las que Monticas había sido muchas veces sancionada".

   El socialista del PPS, Héctor Cavallero, leyó varios decretos incluido el número 367 del 1º de marzo de 2017, un día después de la tragedia, en el que no nombran ese hecho, diciendo "por dictamen número 1.255/15 la Fiscalía de Estado ha dictaminado que los permisos precarios son por naturaleza revocables en cualquier momento al no importar para el permisionario un derecho subjetivo perfecto". El gobierno dice, de este modo, según Cavallero, "que el gobierno le sacó la concesión a Monticas porque era precaria y no porque mataron a 13 personas. Lo que yo me pregunto es por qué no se aplicó antes. Pero tristemente el secretario ya respondió diciendo que fue porque hubo conmoción social ahora".

   Lo que Cavallero también preguntó es por qué "no se han hecho sumarios administrativos en el Ministerio de Infraestructura y Transporte para determinar qué funcionarios han tenido responsabilidad porque si no hay asumir que se produce un accidente con 13 muertos por falencias del Estado y a ningún funcionario se le dice nada". Y acotó: "Le pedimos a Jukic que inicie un sumario administrativo al ex Subsecretario de Transporte, Gustavo Peirano, que era el responsable de realizar los controles. No puede ser que la única respuesta del gobierno sea, a través de un decreto, dejar sin efecto su nombramiento y aquí no ha pasado nada, no hay responsables".

Inspecciones sin suspensiones

Monticas tuvo en 2016 más de cuatro mil inspecciones, 176 infracciones, pero que la concesión no se suspendió un sólo día, así se desprende de lo dicho por Jukic y justifica las muchas veces que los diputados opositores le preguntaron por qué no le habían sacado antes la concesión a Monticas concluyendo en que fue "una decisión política sin la más mínimas previsión de nada. Y que eso nos da cuenta de la responsabilidad del gobierno provincial sobre los controles que debieron hacerse para evitar la tragedia. Las respuestas dadas muestran que el gobierno provincial no asume sus responsabilidades debidamente. No hicieron nada con todas las denuncias previas y constataciones que citó Jukic en la reunión", criticó la diputada Giaccone.

   "Hubo que perder 13 vidas para que se quitara por fin la concesión a esta empresa monopólica en la provincia", lamentó Del Frade y reflexionó respecto al encuentro de ayer que "lo más contundente de la reunión fue cuando el secretario expresa que fue una decisión política a partir de una situación social muy compungida que había que descomprimir".

Comentarios