la_region
Viernes 09 de Junio de 2017

El intendente de Funes pidió a la Justicia que investigue a su antecesora

Asegura que se detectaron serias irregularidades, entre otras cosas, en convenios y contrataciones hechos por el municipio

El intendente de Funes, Diego León Barreto, se presentó ante la Justicia para pedir que se investigue la presunta comisión de delitos penales por parte de su antecesora, Mónica Tomei. Estafa a la administración pública, tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad son los cargos que el actual mandatario le endilga a la anterior intendenta, y que consta en la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación. La presentación también alcanza al ex secretario de Gobierno de Funes, Gonzalo Miranda Aguiar.

La acusación se fundamenta, según consignaron las autoridades locales, en el resultado de una extensa auditoría que inició León Barreto cuando asumió en diciembre de 2015.

El trabajo técnico estuvo a cargo, afirmó el intendente, de un equipo de especialistas en auditoría legal y contable, y arrojó "diversas irregularidades" en los ejercicios anteriores. "Los elementos de prueba son contundentes", dijeron los auditores.

Fuera del marco normativo

Varios son los hechos puestos en conocimiento ante el organismo, en los que esta investigación administrativa habría constatado el accionar de Tomei por fuera del marco normativo de leyes y ordenanzas, siempre de acuerdo a la documentación presentada.

"Tal es el caso de un convenio celebrado entre la Municipalidad de Funes y una empresa de telecomunicaciones. Dicha firma habría solicitado autorización al municipio para llevar adelante una obra, teniendo que afrontar un importante monto de inversión". Sin embargo, la denuncia detalla que "en medio de las negociaciones aparece la figura de asesoramiento y mediación de un privado a quien el municipio termina pagando la suma de 250 mil pesos a través de un decreto firmado por la ex funcionaria", consta en la presentación.

La auditoría, dicen las autoridades, argumenta que "dicho pago debería haberlo afrontado la empresa, ya que era la interesada en llevar adelante la obra, y que la Municipalidad nunca debió pagar un solo peso por esa gestión. Además, no existe constancia alguna de la intervención del gestor y el texto de los documentos firmados no mencionan su actuación".

Contratación de tránsito

Los responsables de la investigación brindaron más detalles, que fueron ventilados por la propia Intendencia: "En otro de los casos se hace referencia a la contratación de un sistema de control de tránsito. Mónica Tomei no respetó la ordenanza dictada por el Concejo Municipal, la cual había fijado que se debía proceder mediante licitación pública. En el contrato de concesión del servicio de detección, verificación y cobro de infracciones de tránsito se estableció en la cláusula 4ª que la retribución sería en el 50 por ciento más IVA de toda la recaudación que se generara por multas de tránsito; y además, un monto fijo de 150 mil pesos mensuales que la Municipalidad debía abonar adicionalmente a la firma".

La denuncia también aporta "elementos y documentación de la obra de cloacas en zona 5". El municipio, con sus actuales autoridades a la cabeza, afirma que se contrató una empresa que tenía domicilio en un terreno baldío en Granaderos Baigorria, y que la obra se adjudicó 10 días antes de la fecha establecida en la licitación. Se pagó la totalidad de la obra, incluyendo tramos sin certificar, y los trabajos nunca finalizaron".

En cuanto a datos de la defraudación que habría perpetrado la gestión de Tomei, el actual intendente remarcó que "hay pagos realizados sobre la base de decretos que no guardaban las formas legales, y en violación a las ordenanzas vigentes, cobros por parte de parientes de funcionarios, y pagos a supuestos gestores que no se encontraban inscriptos en los organismos correspondientes. Por eso estoy pidiendo que se investigue, porque esto pudo haber sido una práctica que se sostuvo en el tiempo, con lo cual los daños económicos a los funenses podrían haber sido de relevancia".

Investigación penal

León Barreto denunció estos y otros presuntos hechos ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investiguen y, en el caso de considerar que hay indicios suficientes sobre la comisión de estos delitos, pueda abrirse una investigación penal para avanzar con las responsabilidades de los funcionarios implicados.

Para finalizar, el mandatario expresó: "Es mi deber como funcionario llevar esta información ante la justicia" y agregó: "Mi obligación como Intendente es cuidar los recursos de los funenses y si hubo algo ilegal se tiene investigar".

Comentarios