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Sábado 01 de Julio de 2017

Diputados provinciales piden informes por el fideicomiso de la autopista a Santa Fe

Legisladores del FJV citarán nuevamente al ministro Garibay para que explique cómo el Estado provincial administrará el corredor.

Los diputados provinciales del bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJV), Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Silvia Simoncini y Germán Bacarella presentaron un proyecto mediante el cual solicitan la presencia en el recinto del ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay. La iniciativa pretende conocer de qué manera el Ejecutivo provincial se hará cargo del corredor vial, sí el contrato será por decreto del gobernador o como lo marca la Constitución provincial deberá pasar por la Legislatura. También pretende saber cuáles serán las funciones y atribuciones del fideicomiso con respecto a la repavimentación, mantenimiento y seguridad de los 313 kilómetros y si, el mismo, estará sujeto al control de los organismos de Estado, entre otros puntos.

   "Declarada desierta la licitación de la autopista Rosario-Santa Fe, y frente a distintas versiones periodísticas sobre el futuro de la misma en cuanto a la repavimientación de su traza total, es que creemos que debe respetarse la institucionalidad democrática y debe informarse, haciendo participar al Poder Legislativo en la toma de una decisión definitiva al respecto. Más aún, cuando hace más de siete años que se viene prometiendo una autopista inteligente con tres carriles. No solo que nada de ello existe en la actualidad, sino que el estado de la misma es lamentable, preocupante y atenta contra la seguridad vial de los usuarios a diario" fundamentó Cavallero.

   Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015 la concesionaria tenía que repavimentar 313 kilómetros, pero en esos cinco años sólo repavimentaron 75, un 24% del total, "eso representa una diferencia de 1.554 millones de pesos. Sostuvimos una oposición férrea al acuerdo que hizo la provincia con la empresa al momento de rescindir el contrato, diciendo que nadie le debía nada a nadie: es un escándalo. El propio Tribunal de Cuentas de la provincia ordenó un sumario al organismo de control que depende del Ministerio de Garibay, por no haber realizado los controles que corresponden", esgrimió.

   Al mismo tiempo dijo que, "el fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, respaldó la postura de la oposición al señalar que la provincia es acreedora de 1.500 millones que la empresa Arssa debe pagar. Las pericias de la causa están hechas y son ocultadas por el gobierno provincial. Son lapidarias respecto al acuerdo que aceptó la provincia. No puede ser que una empresa que estafó al Estado en 1.500 millones quede sin ningún tipo de sanción", cuestionó.

   Por otro lado, el diputado presentó un pedido de informe para que el Tribunal de Cuentas explique, si como autoridad de control de la ejecución del contrato de la autopista, se expidió sobre la rescisión que recayó sobre aquel en virtud del decreto y el convenio respectivo.

   El Ejecutivo resolvió tomarse un plazo de 180 días para recabar más argumentos que sostengan la decisión de rescindir «de común acuerdo» el contrato de concesión de la autopista con la empresa Arssa, y aceptó el pedido de más información que le hiciera el Tribunal de Cuentas respecto de los términos de rescisión.

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