Diez administradores del emprendimiento Puerto Roldán fueron imputados por administración fraudulenta, a partir de una maniobra por la cual algunos vecinos vendrían abonando las expensas que les correspondían a todos.
Diez administradores del emprendimiento Puerto Roldán fueron imputados por administración fraudulenta, a partir de una maniobra por la cual algunos vecinos vendrían abonando las expensas que les correspondían a todos.
La investigación surgió a partir de denuncias a los imputados, también propietarios de lotes, de recargar sobre algunos vecinos los gastos que les correspondían a los demás.
Fue el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja quien imputó a estas diez personas por administración fraudulenta. Según fuentes de la Fiscalía, los acusados son dueños de varios lotes y liquidaron mal las expensas entre 2011 y 2016 a todos vecinos. El dinero habría sido utilizado para seguir con el emprendimiento inmobiliario en lo referente a infraestructura y servicios.
La maniobra habría sido detectada hace unos cuatro años, cuando vecinos descubrieron una incorrecta liquidación en las expensas. Aunque en un principio se pensó en un simple error, la posterior investigación determinó que se habría tratado de una estafa.
"Ayer —por el miércoles— se imputó en libertad por administración fraudulenta a 10 personas que integran la administración de Puerto Roldan en relación al cobro de expensas", confirmó a LaCapital el Ministerio Público de la Acusación.
Ubicado sobre la ruta A012 y la 9, Puerto Roldán comenzó como un emprendimiento de 400 unidades con vista a un lago o lotes frente al golf, de 800 a 1.500 metros cuadrados. Cercano a Rosario, se presentó como un desarrollo con un entorno de amplios espacios verdes, viviendas esparcidas entre parques, flora y fauna autóctona, dentro de un "ecosistema urbano".
A principios de este mes, Fiscalía dispuso llevar a dueños y socios de la Administradora a una audiencia imputativa en el marco de una causa judicial por administración fraudulenta. Si bien la imputación se esperaba para septiembre del año pasado, fue suspendida, y el fiscal tuvo tiempo para recopilar más pruebas.
El fiscal Sebastián Narvaja venía investigando una denuncia por presuntas irregularidades en la liquidación de expensas en el barrio cerrado. El funcionario dispuso el 24 de agosto del año pasado un allanamiento en las oficinas de la administradora del country, ubicadas en Hernández al 1600.
En total, se trataba de diez personas bajo sospecha, y los documentos secuestrados en aquel momento quedaron en poder de la Fiscalía para que fueran analizados por peritos contadores" a fin de determinar si el fraude era real, tal cual lo publicó oportunamente LaCapital. "Tratamos de establecer si los cobros de esos servicios se realizaron en forma fraudulenta", dijo entonces el fiscal.