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Jueves 05 de Octubre de 2017

Confirman prisión a los responsables de la fatal fiesta en Punta Stage

El juez dispuso el procesamiento de los organizadores de una encuentro donde murieron dos jóvenes por consumo de drogas

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la resolución del juez Carlos Vera Barros, de disponer el procesamiento con prisión preventiva de Alan David Van Brook, Gino Piazzese Scaglia, Germán Pablo Dalinger y Esteban Gómez por la organización de la fiesta electrónica "Sasha?s new year eve party", realizada el 31 de diciembre de 2016 en el complejo Punta Stage de Arroyo Seco, en la que dos jóvenes murieron a causa del consumo de estupefacientes.

El pasado 2 de enero, los fiscales Mario Gambacorta y Diego Iglesias —responsable el primero de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, y cotitular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) el segundo—, iniciaron una investigación para establecer si en la fiesta realizada en el complejo, ubicado en cercanías de la rotonda de Arroyo Seco había personas que vendíeran drogas y si los dueños del establecimiento y/o los organizadores del encuentro facilitaron el sitio para el comercio de sustancias ilícitas.

En paralelo, la Fiscalía Regional 2 de Rosario investigaba la muerte de Giuliana Maldován, mientras que la Fiscalía 3 de San Nicolás desarrollaba hacía lo propio para establecer las causas del fallecimiento de Lucas Liveratore. Ambos jóvenes habían asistido a la fiesta y presuntamente consumido alguna sustancia que les ocasionó la muerte.

Gambacorta e Iglesias determinaron que la fiesta fue organizada por la firma de Alan Van Brook y Gino Piazzese Scaglia, para lo cual celebraron un contrato de alquiler con Germán Dalinger —representante de Yameli SRL—, para la realización de una fiesta privada en el complejo Punta Stage. Asimismo, se estableció que Esteban Gómez actuaba como encargado del local, tal como se desprende de distintas actas por el firmadas.

Apelaciones

Ante esto, los fiscales requirieron la indagatoria de los acusados, tras lo cual el juez Vera Barros dispuso procesar con prisión preventiva a Van Brook, Piazzese Scaglia, Dalinger y Gómez, por el delito de "facilitación de lugar para la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes, agravado por haberse cometido en el interior de un sitio donde se realicen espectáculos o diversiones públicas", al tiempo que ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 20 mil pesos.

Las defensas de los responsables de la firma Live Art Producciones solicitaron la excarcelación de sus asistidos, pero la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, sobre los argumentos del fiscal general ante el Tribunal de alzada, Claudio Palacin, confirmó el rechazo a la excarcelación al considerar que en caso de quedar en libertad, los imputados podrían fugarse o entorpecer la investigación.

Por otra parte, las defensas de Van Brook, Piazzese Scaglia, Dalinger y Gómez interpusieron recurso de apelación contra el procesamiento dictado por el juez Vera Barros, al entender que la resolución adoptada por el juez era "arbitraria, carece de motivación y que en ella sólo se efectuaron consideraciones genéricas".

La resolución

Al resolver la cuestión, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que integran Fernando Barbará y Jorge Gallino— confirmó los procesamientos con prisión preventiva dictados por el juez federal de primera instancia y desistió de la presentación de la defensa de Dalinger, en virtud de que no se presentó a la audiencia.

En su resolución, los camaristas consideraron que "ninguno de los defensores logró desvirtuar el razonamiento que llevó al juez a concluir que había mérito para disponer el procesamiento de los imputados", al tiempo que señalaron que "el juez destacó numerosos indicadores que permitirían presumir que en la fiesta en cuestión se usaron y vendieron estupefacientes".

En tal sentido, argumentaron que fueron valorados los dichos de múltiples testigos, los cuales daban cuenta del consumo y/o venta de estupefacientes en el interior de Punta Stage, como también que "había que valorar como revelador de la circulación de sustancias", que al remover los baños químicos del lugar donde se hizo la fiesta, hallaron elementos con restos de estupefacientes.

Por otra parte, y frente al argumento de las defensas en relación al reproche que le cabría a autoridades de la Municipalidad de Arroyo Seco y de la Policía de la Provincia de Santa Fe por los hechos investigados, los camaristas consideraron que "la eventual y posible responsabilidad —incluso penal— de funcionarios municipales y policiales no excluye por sí la que podría caberle a los encartados en su carácter de productores y organizadores de la fiesta sobre quienes no caben dudas de que esa noche estaban a cargo del local".

En tal sentido, los jueces ponderaron que Alan Van Brook y Gino Piazzese Scaglia eran los responsables de la empresa Live Art Producciones SRL; Germán Dalinger, representante de la firma Yameli SRL que explotaba el complejo Punta Stage; y Esteban Gómez, encargado del local. Los camaristas señalaron que Van Brook suscribió el contrato de alquiler, y que este, junto a Piazzese Scaglia y Dalinger, se encargaron de contratar al artista que actuó esa noche y convinieron junto a Gómez la empresa de emergencias médicas que estuvo presente. Además, explicaron que Van Brook pagó a SADAIC y que Piazzese Scaglia gestionó los baños químicos.

Además, en el contrato de locación "se aclaró que las partes conocían la normativa municipal que regula las fiestas privadas, dato que no es menor, ya que según ordenanza municipal, las fiestas electrónicas estaban prohibidas en Arroyo Seco desde abril de 2016 (decreto 198/2016) y además el local estaba habilitado para 1850 personas cuando surge del informe de la empresa que imprimió las entradas e incluso del acta del inspector (?) que la cantidad de asistentes cuanto menos la duplicaba".

Destacaron también que "la capacidad del local estaba completamente excedida en cantidad de asistentes, que era difícil circular tolerar el excesivo calor y dirigirse al baño o a las barras", sumado a que "la falta de control en los accesos por carencia de personal suficiente para revisar la cantidad excesiva de público que pretendía ingresar, permitió que quien quisiera entrar estupefacientespara consumo o venta lo hiciera sin peligro de ser advertido".

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