El juez de Cámara Carlos Carbone deberá resolver si concede la libertad al comisario Daniel Puyol, alojado actualmente en la cárcel de Piñero con prisión preventiva, acusado de encubrimiento agravado en la causa Paula Perassi, la mujer que desapareció en San Lorenzo el 11 de septiembre de 2011.
En una audiencia celebrada ayer en los Tribunales de Rosario, la defensa de Puyol, encabezada por Víctor Corvalán, argumentó que su defendido ya había superado los ocho meses de arresto establecidos cuando la prisión es menor de tres años. En rigor, el comisario estuvo en libertad entre octubre del año pasado y mayo del corriente. Pero Corvalán echó mano a dos fallos de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires y de la Cámara Nacional de Casación Penal, que computaron como prisión preventiva etapas en las que los acusados estaban bajo prisión controlada. Y enfatizó que ese estado de libertad del que gozó Puyol fue por un fallo del camarista Adolfo Prunotto Laborde, considerado nulo por la Corte Suprema de Justicia.
"El juez de primera instancia no tomó en consideración este cómputo, sino que directamente nos negó la libertad porque consideró que no tienen que transcurrir ocho meses, sino las dos terceras partes de la media de la pena prevista, de uno a seis años, por el hecho que se le imputa. Es decir que Tutau consideró que Puyol iba a tener una pena de tres años y medio", dijo Corvalán. Y espetó: "Tutau estimó una pena cuando todavía el proceso estaba en etapa de instrucción".
Corvalán fue más allá y realizó algunas consideraciones sobre temas que se ventilaron en audiencias anteriores, como un presunto llamado que habría formulado Puyol, durante la noche de la desaparición de Paula, a la funeraria Caramuto, algo que "no fue tal. En realidad, mi defendido llamó a las 10 de la mañana del día siguiente al Comando Radioeléctrico de San Lorenzo, cuyo número está a nombre de Adrián Caramuto, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo, entidad que presta un nextel a la policía porque tiene interés en mantener un contacto permanente", afirmó el abogado.
El letrado se refirió también al lugar que ocupaba Puyol dentro de la Unidad Regional XVII de policía. "Se dijo aquí, para argumentar la peligrosidad de mi defendido, que ocupaba el tercer lugar jerárquico dentro de esa estructura, cuando en realidad había ocho oficiales que tenían mayor rango. Y la Agrupación Cuerpos, que dirigía, no tenía nada que ver con la investigación de un crimen, ni mando sobre la gente que estaba en la investigación".
Para Corvalán, "la mala investigación de este caso fue la que perjudicó a este comisario". Y remató: "En su desesperación y dolor, el padre de Paula, Alberto Perassi, construyó la teoría de que Puyol estaba involucrado. Mi defendido era uno más dentro de la fuerza, y su único pecado fue tener una relación comercial con Gabriel Strumia (amante de Paula y uno de los principales imputados en el caso)".
Rechazo. Por la acusación estaban presentes la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarre, y el fiscal de San Lorenzo Román Moscetta. La fiscal rechazó el pedido de cese de prisión, y argumentó que no caben dudas de la peligrosidad procesal de Puyol ni de la gravedad del hecho que se le imputa. Agregó que la no aparición del cuerpo de la víctima implica para la sociedad una incertidumbre que tendrá incidencia en la pena, y consideró acertado lo resuelto tanto por el juez de primera instancia como por el mismo Carbone.
Para la querella, conformada por los abogados Adrián Ruiz, Rodrigo Mazzuchini y José Ferrara, tampoco corresponde la libertad, entre otros argumentos porque la calificación de encubrimiento es "provisoria", cuando ellos sostienen, en palabras de Ferrara, que "no es encubrimiento, sino participación criminal".
A su turno, Mazzuchini afirmó que "Puyol no es una encubridor más, sino algo más grave; es el nexo entre Gabriel Strumia, amante de Paula y principal acusado de su desaparición, y una organización dentro de la policía. No nos importa si era tercero u octavo en jerarquía; lo que nos interés es el nexo con el jefe de policía y con otros altos oficiales".
Mazzuchini acusó a la defensa de buscar "desgajar" las responsabilidades. Si tomamos a todos por separado, eran todos buenos muchachos que actuaron por negligencia. Y creemos que no es así", remató.
La querella insistió con su intención de que el caso Perassi sea juzgado como desaparición forzada de personas, un delito que debe tratarse en la Justicia Federal y que puede tener una pena de prisión de hasta 35 años. Ante esto, y como ya ocurriera en audiencias anteriores, Corvalán reaccionó e hizo sus reservas.