Opinión
Lunes 29 de Agosto de 2016

La visión, sin acción, es ficción

El gran desafío. La contundente protesta de los rosarinos por la inseguridad puso al gobierno provincial frente a una verdad incontrastable: de ahora en más, aquella debe ser el eje de su desempeño. El tiempo apremia. ¿Habrá respuestas?

El reclamo de los rosarinos que salieron a la calle en un número que nadie esperaba o, al menos, pretendía imposible y que quizás puede haberse llevado puesto para siempre el futuro político de la intendenta Mónica Fein (o condenarlo a partir desde 2019 a algún lugar de máxima discreción, a lo sumo) hizo temblar los cimientos de la Casa Gris.

En la plaza de Mayo de la capital provincial —a uno de cuyos lados se alza el palacio de los Tribunales de la provincia— se suceden dos o tres concentraciones mensuales para protestar por la inseguridad. Generalmente suelen ser escuálidas en convocatoria, por falta de organización y recursos. Por tratarse de familiares de víctimas de barrios populosos y alejados del centro. Allí es donde se suceden mayormente los crímenes.

En esas marchan se dicen y gritan cosas muy parecidas a las que se escucharon en la marcha de Rosario. Y se gritan en la puerta de la Casa de Gobierno y luego, lo que se logra con sólo girar sobre sí mismo, en la de los Tribunales. A gobernantes y jueces. De lo único que se olvidan, siempre, es de decirles "lindos".

Hay otra costumbre naturalizada. ¡Naturalizada! Hace ya algunos años familiares de víctimas por la violencia urbana de la ciudad de Santa Fe arman un árbol de Navidad adornado con las fotos de sus muertos.

Lo arman justo al lado del que el gobierno monta en cada diciembre. Ese sería, se podría decir, oficial: luce radiante con sus adornos brillantes. El otro, más modesto, a su lado ¿qué sería?

¡Un árbol navideño con fotos de muertos en el hall de la Casa de Gobierno! Eso sí merecería un ensayo semiótico íntegro.

La misma plaza de Mayo suele albergar —además de las cruces por los muertos de la inundación de 2003, cuya causa judicial sigue paralizada— en determinadas fechas otras cruces de muertos por la violencia urbana.

En cierta ocasión, fue necesario blindar con fuerzas de seguridad el edificio de la Legislatura para un acto formal de un gobernador anterior —quien tras su discurso debió abandonar el lugar por la puerta trasera— porque las familias de esas mismas víctimas se enojaron.

Sería injusto decir que esto se viene dando desde que asumieron los socialistas la administración del Estado provincial. En el 2007, el último año de las administraciones peronistas en la capital provincial, hubo 116 muertos; entonces la mayor cifra registrada hasta entonces en la ciudad. También en Rosario pasaba otro tanto.

De igual modo sería necio negar el agravamiento de la situación. En 2015, la provincia de Santa Fe, con 12,2 por ciento de homicidios cada 100 mil habitantes, duplicó la media de todo el país.

¿Qué sentido tiene esta enumeración que todos conocen en más o en menos, o la intuyen?

Obvio que preferimos citar Santa Fe para no repetir cuanto se ha venido citando de Rosario desde la tarde del jueves pero podríamos mencionar situaciones parecidas en unas cuantas ciudades santafesinas.

Lo que sería diferente, esta vez, estaría dado por tres datos que surgen tras la marcha rosarina y que no se han logrado en otros lados. Ni siquiera los pudo generar el tétrico y conmovedor árbol de Navidad de los muertos de la Casa Gris. Y eso que ver a las familias colgar de una rama la foto de su familiar asesinado, llorando angustiada la pérdida definitiva, es un cuadro ante el cual resulta muy difícil permanecer indiferente.

El primero de esos datos estuvo dado por la contundencia numérica que dio a la protesta en Rosario un peso específico y una densidad insoslayable. "Fue tremendo", se asustó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, en una espontánea y sincera reacción que entrará en los anales de la distracción política para siempre.

Los rosarinos que salieron a la calle fueron muchos más de los que salieron al Obelisco a bancar el gobierno de Mauricio Macri o los que fueron a escuchar a Máximo Kirchner frente a la Rosada en la marcha de resistencia K.

La contundencia numérica de Rosario amplificó la noticia a cada rincón del país y fuera también.

Otro dato estuvo dado porque la espontaneidad de la manifestación impidió encontrar una inmediata solución "a la argentina": esa por la cual más importante que resolver el problema es encontrar un culpable. Esta vez no hubo a quién atribuírselo.

Y eso generó una obligada, y felizmente, acertada lectura del hecho por parte de las autoridades.

"Esto fue una señal de hartazgo". Con estas seis palabras, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, no sólo acusó el impacto; lo asumió: "Es por eso que decimos en el mismo gobierno que esto nos lleva a un replanteo de todas nuestras políticas. Sí o sí tenemos que cambiar".

Difícilmente el ministro pase a la historia por la claridad del sentido común con que se hizo cargo del mal trago pero hay que admitir que reacciones como la suya no abundan en la política argentina.

Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo?

Habló de hartazgo que, como pretendimos graficar más arriba, no es solo de los rosarinos, sino de la mayoría de los santafesinos vivan donde vivan. Cualquiera sea el diccionario que se consulte dirá que alguien se harta cuando "ingiere excesivamente". Pues bien, el ministro Farías interpretó correctamente. Los santafesinos están saciados de violencia y miedo.

Hay otra acepción que habla de "sensación de cansancio o agobio ante la reiteración". Pero esta lleva a actuar. Por eso la gente sale a la calle, levanta un cartel con una consigna —escrita con dolor, rabia, impotencia y, quizás, esperanza— y grita, se desahoga, hace catarsis y vuelve a esperar. Hasta que la "sensación" lo mueva a la acción e ira a otra marcha y así… hasta que las marchas ya no calmen su angustia.

Entonces veremos si las lecturas gubernamentales del hecho producen el tercer dato. Y si lo hacen con eficacia. El replanteo de todas las políticas del gobierno de las que habló el ministro importó admitir que las prioridades que hasta entonces se había impuesto la administración de Miguel Lifschitz tuvieron una sintonía diferente a las que esperaba la sociedad.

Ahora, en que probablemente dejemos de escuchar algún tiempo de la reforma constitucional y de planes de obras a las que aún no se les ha conseguido financiamiento, el gobierno preparará —dice— un megaplán de seguridad. ¿Si lo hace ahora como reacción quiere decir que antes no estaba planteado como prioridad de gestión?

Los partidos políticos, por preservación propia quizás y (queremos creer) por prudencia, también han mantenido una actitud expectante de silencio. Incluidos los socios.

El gobierno está solo frente a su principal reto y tiene apenas algo más de cien días para resolverlo antes de que llegue el año electoral.

"Sí o sí tenemos que cambiar", dijo el gobierno, pero no debería olvidar que por acertada que fuere una visión, sin acción, es ficción.

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