En Argentina la Justicia es ciega, pero por motivos extremadamente opuestos a la hipérbole que construyeron algunos teóricos para graficar que la venda en los ojos de la diosa romana representa la independencia del poder y/o las personas. Aquí la Justicia es ciega porque la mayoría de los jueces federales prefieren no ver o, si ven, hacerse los distraídos. Todo pasa.
Los escandalosos episodios que tuvieron y tienen como protagonistas a Lázaro Báez y José López es la consolidación del grotesco, que pone en evidencia a quienes tenían que investigar. López y Báez no están presos porque la Justicia los cercó hasta hacerlos caer. Están ahora alojados en sus celdas porque una cámara de seguridad de un departamento en Puerto Madero registró al dueño de Austral Construcciones contando plata, y un pollero de General Rodríguez vio al histórico ex funcionario kirchnerista tirando bolsas por encima del tapial de un convento. Así de fantástico.
En el fárrago posterior de haber sido pescados in fraganti la sociedad se intoxicó viendo imágenes del fiscal Guillermo Marijuan recorriendo campos con sus camperitas infladas, ordenando excavaciones y multiplicando allanamientos. Lo propio sucede en el convento de General Rodríguez, incluso con extraños huecos a pasos del púlpito que la imaginación popular y periodística linkea con una supuesta existencia previa de millones de dólares.
Festival de canutos. La excentricidad de López con sus bolsos repletos de plata a las 5 de la mañana superó el umbral imaginativo de los potenciales canutos de Báez. Ahora, todo es posible.
El problema mayor del país a la hora de hacer justicia es la propia Justicia. Lo dijo con otras palabras el ministro del área, Germán Garavano, el domingo pasado, en una entrevista con LaCapital: "Los medios se encandilan con los allanamientos, porque eso vende, pero son medidas de prueba, y a veces simples medidas diligenciales. Lo que hay que decirles a los jueces es: «Señores, todo muy lindo, pero eleven los casos a juicio»". El caso López marca la falta de voluntad para investigar". A confesión de parte, relevo de prueba.
Los mismos jueces que durante doce años protegieron a funcionarios y personajes laterales del poder son ahora quienes deben investigar las tropelías cometidas por los mismos a los que antes liberaron de poner bajo la lupa.
Siempre se dijo que los jueces federales tenían el olfato político más desarrollado para detectar los fines de ciclo político y el inicio de las nuevas etapas. Casi toda la grilla de Comodoro Py lo demuestra.
Antes del fin del kirchnerismo en el poder, el magistrado Sebastián Casanello era chicaneado con el apodo de "tortuga". Pues bien, en este primer semestre del gobierno de Cambiemos, Casanello parece un correcaminos en busca de espectacularidad.
El propio ministro Garavano blanqueó el modus operandi de los vínculos entre poder político y Poder Judicial: "Antes de irse, (Norberto) Oyarbide ofreció acuerdos, que es lo que hizo con todos los gobiernos anteriores. Y le dijimos que no: «Usted se va o lo irá el Consejo de la Magistratura»". Oyarbide es el ejemplo más caricaturizado de un modelo que funcionó aceitadamente para funcionarios, ex funcionarios y jueces.
¿O no es un despropósito que Carlos Menem sea senador nacional con una condena a siete años de prisión y 16 de inhabilitación de cargos públicos por la venta de armas? Desde su banca de legislador, el riojano ve la vida pasar, aprueba pliegos y se ríe de todos. Y todas. Menem lo hizo.
La tardanza de la Justicia federal en investigar hace que los funcionarios de ayer nomás sean los legisladores de hoy. Los fueros funcionan como el mejor aliado a la hora de evitar la cárcel, el arresto domiciliario o el fin de las interminables carreras políticas con dietas suculentas.
Pero no hay que ir tan atrás en el tiempo con los ejemplos empíricos: Cristina Kirchner no se privó de poner a Julio De Vido en la lista a diputado nacional. Para avanzar en allanamientos al domicilio privado y las oficinas del ex ministro de Planificación se requiere la aprobación del pleno de la Cámara baja, algo que aún no se pudo obtener.
Cualquier allanamiento futuro a las propiedades sólo encontrará los canarios que De Vido cría, como destacado colombófilo, al punto de estar entre los diez primeros del país. Otra hubiera sido la historia si los jueces se hubieran puesto al día con las causas mucho antes.
Pero Cristina no solamente le dio un buen destino a De Vido, sino que no rechazó la posibilidad de que López, Milagros Sala y Gabriel Mariotto pasen a engrosar la nómina de postulantes al Parlasur, ámbito que hoy los contiene.
A diferencia de De Vido, los diputados del Parlasur no gozan de fueros por una iniciativa de la Mariana Zuvic que, sin embargo, no quiso votar la expulsión de López. Zuvic, otra rareza que llega del sur.
Sensibles y sensibilizados. Los 12 jueces federales que hoy están bajo la mirada de una sociedad sensible y sensibilizada (además de Casanello, figuran Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Claudio Bonadío, Sergio Torres y Ariel Lijo, entre otros) deberán dar respuestas rápidas a casos que tienen algún grado de complejidad, pero mucho más de lentitud exasperante. ¿Pueden ser parte de la solución los que ocasionaron el problema?
"Con estos tipos todo se puede. Se chocaron con las valijas de López, de lo contrario el tiempo pasaba y las causas se deprimían entre allanamientos y esas cosas. Ahora no les queda más remedio que fugar hacia adelante; se les complicó con nosotros pero, fundamentalmente, con la sociedad", comentó un funcionario de trato directo con ellos, que apuesta a modificar la modorra con los nuevos jueces de la Corte.
A veces las historias son circulares. Casanello heredó de Oyarbide los expedientes por la mafia de los medicamentos. El ex juez, que se despidió a puro baile en un evento sindical, procesó a Ibar Pérez Corradi, pero luego la Cámara le revocó la preventiva y dispuso la libertad argumentado que no había riesgo de fuga. No sólo se fugó Pérez Corradi sino que fue detenido recién 5 años después. Ahora se niega a regresar.
Todas historias singulares, unidas por un patrón común: la impunidad, como consecuencia de acción u omisión de quienes tienen que decidir sobre la libertad y la hacienda de los ciudadanos.
En Argentina, la Justicia —al fin, los jueces— es ciega hasta que llega el despoder de los que protegieron. La historia. además de circular, siempre huele mal.