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Sábado 11 de Julio de 2009

La Universidad que libera

“A mí jamás se me cruzó que iba a salir recibido de una cárcel. Eso me cambió un montón el panorama de vida. Todo cuesta allá adentro, pese a eso logré estudiar y ya soy martillero público”, cuenta Carlos de la Peña, de 39 años y el segundo interno de la provincia que se recibió tras cursar sus estudios universitarios en prisión.

“A mí jamás se me cruzó que iba a salir recibido de una cárcel. Eso me cambió un montón el panorama de vida. Todo cuesta allá adentro, pese a eso logré estudiar y ya soy martillero público”, cuenta Carlos de la Peña, de 39 años y el segundo interno de la provincia que se recibió tras cursar sus estudios universitarios en prisión.

Se graduó hace cuatro meses en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de las Flores, un ámbito no frecuentemente observado como propicio para comenzar o seguir desarrollando actividades educativas.

El primero en graduarse fue Luis Acosta, quien se recibió de técnico en higiene. La oportunidad para los dos llegó gracias al Programa de Educación Universitaria en Prisiones que desarrolla la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en convenio con el gobierno provincial.

El proyecto se gestó en 2004. Se trata de un convenio destinado a generar oportunidades para que las personas privadas de su libertad puedan ejercer su derecho a la educación.

“Este no es un programa orientado a lograr la readaptación social o la rehabilitación, o cualquier ideología re”, asegura el director de la iniciativa Máximo Sozzo y agrega: “Si eso es posible, mejor así. Pero el foco está puesto en brindar la posibilidad de ejercitar el derecho a la educación, a partir de un lenguaje de los derechos y no a partir de un lenguaje de la rehabilitación social”.

Experiencia en crecimiento

El Programa de Educación Universitaria en Prisiones —así se llama— se implementó por primera vez en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de las Flores, (ubicada al norte de la ciudad de Santa Fe) y en el Penal Nº 1 de Coronda. En 2007 además la experiencia se extendió a la Cárcel de Mujeres en la capital provincial.

La propuesta fue adaptar las distintas carreras a distancia que se dictan en la UNL a las necesidades especiales de las personas privadas de su libertad.

En las unidades se instalaron aulas con computadoras conectadas a internet y se conformaron equipos de trabajo con docentes, estudiantes avanzados y voluntarios de la UNL.

“Antes de cursar en la cárcel yo no sabía ni prender una computadora, tampoco escribir en la PC. Me acuerdo que cuando empecé tenía que estar el instructor al lado mío para explicarme casi todo, porque no sabía nada de nada”, recuerda Luis Acosta, de 34 años y se sonríe porque ahora, paradójicamente, trabaja como técnico reparador de computadoras.

“Haber estudiado en la cárcel me abrió mucho la perspectiva laboral”, dice y remarca que ese espacio le dio la oportunidad de volver a sentirse dentro de un ámbito de estudio.

“Desde el 1993 no había vuelto a tocar un libro. Eso me cambió, aparte del aspecto laboral, el ámbito de vida, las costumbres. Me cayó del cielo el estudio”, agrega.

El profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Máximo Sozzo, quien dirige el programa desde 2004, insiste en que el propósito del proyecto es que los internos puedan ejercer su derecho a la educación, algo “que no debería estar limitado ni eliminado por el hecho de la privación de la libertad”.

Tarea difícil

La mirada del abogado es realista y lejos de una posición apologética e ingenua afirma: “Enseñar carreras universitarias en un contexto de encierro es una tarea difícil porque está diseñado y funciona para impedir que los alumnos lleven adelante tareas como éstas. La cárcel no es un lugar en donde la posibilidad de estudiar sea promovida”.

“La institución penitenciaria _describe_ ha funcionado siempre bloqueando este tipo de iniciativas porque se trata de instancias que contribuyen a evitar la degradación que genera la prisión y la prisión es una máquina de degradar gente”.

Sozzo reconoce que este programa alcanza a poblaciones muy limitadas dentro del penal porque “los requisitos que se necesitan no son los que generalmente la población penitenciaria cumple”.

Como condición para asistir, los internos deben tener la escuela secundaria completa o bien rendir un examen que los habilite a cursar carreras universitarias (artículo 7 de la ley de educación superior).

“Los estudiantes que están privados de su libertad en general son personas que provienen de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, donde la escuela media es una rareza. Esto pone en crisis nuestra idea de la existencia de un derecho a la educación, que en teoría todos deberíamos disfrutar y que en la práctica, no se cumple”.

No obstante esas dificultades, la iniciativa convocó en 2005 a unos 50 alumnos entre las dos primeras cárceles en donde se desarrolló el proyecto y si bien el nivel de deserción anual es considerable, el abogado enfatiza que “ya hay dos personas que pudieron recibirse y hay más de 60 que están cursando”.

El apoyo que falta

En esa línea Carlos, uno de los graduados, relata que se inclinó por estudiar martillero público porque era una carrera que podía terminar dentro del tiempo de su condena.

“A los seis meses que ingresé en la cárcel, me enteré del proyecto y me anoté. Valoro muchísimo eso que me pasó. Ver que viene gente de afuera, que ya no habla de las mismas cosas que se hablan adentro y encima es para educarte, me gusto un montón”, afirma.

Más de diez son los tutores de la UNL que trabajan en cada uno de los penales y le ponen el cuerpo de manera voluntaria.

Sin embargo, para que el proyecto funcione adecuadamente y los internos reciban el material necesario para avanzar en sus estudios, sería imprescindible que el gobierno provincial efectivice los aportes monetarios acordados cuando se firmó el convenio.

Es que desde febrero de 2006 la UNL viene sosteniendo el programa con sus recursos propios y esa situación, por momentos, hace peligrar la continuidad del emprendimiento.

“Actualmente al menos seis o siete personas podrían graduarse este año”, sostienen desde el programa y confían en que ese dato sea lo suficiente relevante como para alentar materialmente este tipo de iniciativas.

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