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Sábado 21 de Junio de 2014

La Universidad pública

Una de las principales dificultades de muchos países ubicados en distintas regiones del mundo es cómo financiar la educación superior de los jóvenes.

Una de las principales dificultades de muchos países ubicados en distintas regiones del mundo es cómo financiar la educación superior de los jóvenes. En la mayoría los estudios de grado y posgrado son pagos y con matrículas tan elevadas que sólo una pequeña parte de la población puede acceder a las universidades. Además del arancelamiento también se limita la cantidad de alumnos a través de exámenes de ingreso.

Si bien en cierto que existen un sinnúmero de becas y oportunidades para financiar los estudios, en algunos casos consisten en una verdadera hipoteca para el futuro egresado que, como una carga adicional a las dificultades de insertarse laboralmente, se le añade también una deuda muchas veces imposible de afrontar.

Un ejemplo bien cercano de esta realidad es lo que ocurre en Chile, donde la educación superior viene siendo un gran negocio financiero para la banca privada, que presta dinero a los jóvenes para que puedan pagar las matrículas. El flamante gobierno de Michelle Bachelet se comprometió a invertir fondos públicos para garantizar la gratuidad de la educación universitaria a través de un cambio en la ley y terminar con un problema que genera permanentes movilizaciones y protestas estudiantiles, como la de la semana pasada, por las calles de Santiago.

Más al norte del hemisferio, en Estados Unidos, los costos son tan elevados que las familias de clase media comienzan a ahorrar apenas nacen sus hijos para pagar futuros estudios universitarios y saben de antemano que si son varios hermanos no todos podrán acceder a la educación superior. A esta dificultad se le suma el desarraigo, debido a que si el alumno tiene posibilidad de pagarse los estudios tal vez deba mudarse miles de kilómetros hasta conseguir una universidad que lo acepte.

Del otro lado del planeta, en Australia, la restricción al ingreso universitario comienza en los últimos años del secundario, donde las calificaciones son decisivas para intentar seguir estudiando alguna carrera. Después de pasar un examen muy severo comienza el problema de la financiación, que en algunos casos se salva con becas a devolver a partir del primer año de egresado.

En el resto del mundo hay ejemplos similares, aunque también existen países como la Argentina que solventan la educación universitaria gratuita, pero en muchos casos con restrictivos ingresos a través de exámenes.

Educación universal. Tal vez uno de los mayores aciertos de la Argentina haya sido haber mantenido a lo largo de los años la Universidad pública. Hubo intentos de restringir el ingreso, como en la época de la dictadura militar a través de exámenes y aranceles, pero fueron resistidos y desestimados rápidamente. Esto no significa, sin embargo, que el acceso libre y gratuito haya garantizado niveles de excelencia educativa internacionales ni evitado generar inequidades sociales. Tampoco que la gratuidad implique linealmente que los sectores más humildes de la población puedan acudir masivamente a la Universidad, porque existen otros costos indirectos que son difíciles de abordar. Por eso, en general, el sector social que ingresa a las facultades públicas es de clase media para arriba y con capacidad económica, en un gran porcentaje, de colaborar con el Estado en mantener y mejorar la calidad de la educación.

Varias generaciones de profesionales formados en la Universidad pública argentina y familias con dos o tres hijos al mismo tiempo estudiando en sus aulas son un fenómeno poco visto en otros países.

La buena formación de la Universidad argentina, con grandes altibajos a lo largo de los años, aparece como una de las explicaciones más certeras del alto nivel de los universitarios del país, muchos de los cuales se destacan también en el exterior. La mayoría de los profesionales que intervienen en la vida diaria de la población, desde todos los ámbitos de la ciencia, han sido formados en la universidad estatal y con fondos de los contribuyentes argentinos. No es casual, entonces que, además de la gratuidad, muchos jóvenes de países latinoamericanos prefieran estudiar en el país.

Paro desmedido. En este marco, es difícil de explicar la severidad de una huelga que por tiempo indeterminado vienen sosteniendo en Rosario los docentes e investigadores de la UNR nucleados en la Coad, entidad que no es la negociadora de salarios a nivel nacional, función que tiene a su cargo la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). El reclamo inicial y principal de la falta de convocatoria a paritarias ya fue satisfecho con el ofrecimiento del gobierno de un 28, 7 por ciento de aumento en forma escalonada. En momentos inflacionarios como el actual no suena como una cifra muy conveniente pero es el porcentaje, punto más punto menos, que vienen acordando los distintos gremios del país.

Tres escuelas universitarias secundarias sin clases en Rosario por largos días y miles de estudiantes con facultades cerradas no parecen la mejor respuesta de un sector que durante los últimos años ha logrado mejoras considerables, no sólo en el aspecto salarial. El sueldo de los profesores universitarios pasó de ser una habitual anécdota y casi trabajo ad honorem a un salario, no alto por cierto, pero más ajustado a la realidad de otros trabajadores. Además, la inversión del Estado en materia de infraestructura ha sido elevada y como pocas veces se han visto mejoras edilicias, además de la inauguración de universidades en distintas zonas del país.

Todo este panorama alentador no significa que el salario del docente sea del nivel de universidades europeas, que el acceso a la formación esté garantizado ni que la política interna en las facultades no atente contra la calidad educativa. Mejoras a dedo para algunos cargos por afinidad ideológica o beneficios a los amigos, como han ocurrido en todas las gestiones, son situaciones que también se comentan en la Universidad pública, que ha mejorado pero por supuesto está lejos de ser un jardín de rosas. Tampoco significa que algunas agrupaciones estudiantiles entiendan, a veces, por dónde pasa la realidad y sostengan consignas utópicas elaboradas en burbujas teóricas como si la universidad estuviera disociada del resto de país.

Cambio de paradigma. El Estado nacional enviará este año algo más de 1.533 millones de pesos a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), aunque el 97 por ciento de esa suma se destinará a pagar sueldos docentes y no docentes. Dos años atrás, el presupuesto había sido de 937 millones.

Actualmente la comunidad de la UNR está integrada por 74.500 alumnos (1.458 extranjeros), diez mil docentes y seis mil no docentes distribuidos en 12 facultades, tres escuelas medias y cerca de 20 institutos de investigación. Durante 2013 se inscribieron 15 mil estudiantes, buena parte de los cuales no avanzará más allá del segundo año.

Sin intentar restringir el ingreso universal, ¿por qué la Universidad no logra detectar a tiempo esa inevitable deserción y destinar esos recursos que se esfuman inútilmente a mejorar la calidad educativa de los que se convertirán en futuros profesionales?

Y desde el lado de las familias, ¿por qué las que tienen capacidad económica no pueden aportar recursos, bajo distintas modalidades a estudiar y analizar, para solventar parte del costo de los estudios universitarios de sus hijos? Muchos alumnos llegan en auto a las facultades mientras otros viven hacinados en tugurios. Esa inequidad que conlleva disímiles niveles de oportunidades se salvaría con recursos genuinos de los propios estudiantes, que podrían contribuir sin esperar que todo lo resuelva el Estado.

En definitiva, cuanto más formados sean nuestros futuros profesionales y más recursos se destinen a la Universidad y a mejorar el salario de los profesores el beneficio será para toda la sociedad, que con sus impuestos financia por completo la carrera profesional de miles de jóvenes argentinos. Un privilegio poco común en el resto del mundo.

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