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Domingo 16 de Noviembre de 2014

La sombra del delito en la plata de los honorarios II

La polémica que esta columna abrió el domingo pasado generó múltiples reacciones. Hay abogados que sostienen que cobrar dinero manchado no es ilegal; a otros les causa repulsión, pero nunca habían dado este debate abiertamente.

La pregunta, que no se proponía clausurar sino estimular un debate, era sencilla. ¿Está bien ejercer la profesión de abogado penalista cobrando dinero que se origina de modo regular y continuado en el delito? Era una pregunta que buscaba establecer una discusión menos sobre moral que sobre política criminal. ¿Es sensato que el Estado y la sociedad civil se den estrategias para avanzar contra los delitos que más les preocupan y luego sean indiferentes a que los servicios de algunos abogados vengan de la actividad delictiva?

Es una polémica que lejos de cerrada apenas está esbozada. La forma más fecunda que algunos abogados encontraron de aportar al debate fue el insulto por las redes sociales. Otros fueron respetuosos para señalar que cobrar con dinero del delito no está mal éticamente y que no constituye un ilícito. Esta es la posición de Carlos Edwards, un conocido penalista y docente de la Facultad de Derecho de Rosario.

En realidad Edwards habla de dinero maculado o manchado, un eufemismo contenido en un libro, enunciado que no disimula lo esencial. Un traficante de drogas puede ordenar un asesinato para asegurar en un territorio el predominio de su negocio. Si luego le paga al abogado con el dinero que obtuvo al tener éxito en ese emprendimiento lo manchado es el dinero, jamás el abogado que lo cobra.

Lo significativo es que este punto de vista a una legión de colegas de Edwards le provoca repugnancia. Esta semana decenas de jueces penales y fiscales, funcionarios de los tres poderes del Estado en Santa Fe, dirigentes políticos de distintas orientaciones, docentes de la Facultad de Derecho expresaron a este diario su entusiasmo y beneplácito por la difusión de un debate necesario.

Vale preguntarse por qué ellos, abogados la mayoría, no lo dieron antes. También por qué siempre se complacen, salvo excepciones, en que sean otros los que den la cara por ellos.

Tampoco estos profesionales del Derecho parecen sentir en absoluto que la pregunta que sustenta esta nota sea una amenaza a la continuidad de la profesión de penalista particular, o que conspire contra una defensa eficaz o que agravie a todos los abogados. De lo que sí están convencidos es que desafía una forma particular de ejercer el trabajo de defensor: aquella en la que, si se trata de cobrar, todo vale. Sin embargo la mayoría deja que unos pocos los abracen para legitimarse diciendo que debates como estos son un agravio a toda la profesión.

Varios periodistas de Tribunales recordamos a un inefable profesional del oficio, fallecido hace unos años y con clientes regulares en el campo del delito contra la propiedad, diciendo en un corredor del edificio: "Me voy a cobrarles a unos pupilos, anoche hicieron un hecho, me apuro porque ahora están dulces".

El ejemplo se limita a un caso particular y se expone por su valor didáctico. ¿Qué es más provocador? ¿Recordar esta conducta o intentar hablar de lo que implica? ¿Lo amparaba al letrado de marras la teoría del dinero maculado? ¿Cuánta distancia hay entre este abogado que salía a buscar a su cliente asaltante y el que espera sentado en su estudio jurídico que le acerquen el abono mensual por representar a personas acusadas repetidamente de lo mismo?

Otra situación que bordea la comicidad en esta discusión es la que pregona que si vamos a cuestionar la percepción de dinero sucio el reproche debe extenderse a todos los que participan de la economía informal. En ese sentido un panadero también puede estar actuando ilegalmente al despachar medialunas a un cliente que llegó con dinero generado en el hampa. La conclusión de Edwards es que, por eso, investigar la ruta del dinero de los honorarios es un programa absurdo. La proclama es casi una confesión: "Aceptemos que todos somos culpables ¿por qué nos miran sólo a nosotros?". O bien: "No es que nos guste eventualmente recibir dinero sucio, pero si no lo hacemos ponemos en riesgo a toda la economía".

El economista rosarino Sergio Arelovich avisa, en efecto, sobre la improcedencia de distinguir entre campo formal e informal de la economía: hoy el dinero de los emprendimientos legales se entremezcla con el de los ilegales en una dinámica vertiginosa. El productor agropecuario que vende cereal en negro y el traficante que comercializa cocaína confluyen en la misma financiera que les lava dinero sucio. "Pero no jorobemos con el ejemplo igualador del panadero como si todo fuera lo mismo. La diferencia es que el panadero lo ignora. El abogado no". Lo que quiere decir es que si a la sociedad le interesa frenar el efecto sangriento de la economía de la droga no puede tocar a sus actores violentos y desentenderse de sus asesores profesionales que le garantizan continuidad a sus negocios. Lo que obliga a separar paja de trigo. No es que cada abogado de un acusado de narcotráfico sea su cómplice. Pero algunos, cómo no, pueden serlo.

Lo más notorio es que el artículo del domingo pasado que alimentó este debate no decía nunca que alguien comete delito si percibe honorarios manchados. De alguna manera la réplica que habla de honorarios maculados, a la vez que desplaza los ejes, ejerce una brutal sinceridad: admite que eso sí se hace pero que no debemos preocuparnos porque hay jurisprudencia europea y norteamericana que indica que tal cosa no constituye delito.

En otras palabras, puede que cobremos del hampa, pero que nadie se escandalice: eso no es ilegal.

Esa supuesta legalidad es una superstición que sirve de coartada para enmascarar los actos más siniestros. No importa que se derrame sangre de manera regular para asegurar algunos negocios, que esas acciones generen reproche penal, que entonces sus protagonistas necesiten un defensor, que luego éste cobre merced a aquella actividad criminal. Al abogado toda la secuencia le resulta un asunto ajeno. Pero el dinero maculado, que no habría sido generado sin la dinámica descripta, eso sí es asunto propio.

La legalidad es un estado provisorio que cristaliza las relaciones económicas y discursivas predominantes en un momento histórico. Legales fueron el cepo y la esclavitud. Después produjeron repulsión.

Lo curioso es el desvío que se produce en esta discusión. Lo central que planteaba la discusión del pasado domingo sobre los honorarios señalaba otro punto. A esos abogados que aceptan la representación regular de acusados de delinquir en forma habitual, reiterada en el tiempo y no esporádica, en el campo de los mismos ilícitos. Esas personas tienen la certeza de contar con los servicios constantes de los mismos defensores o contadores. Y ello para autores como Alberto Binder, Roberto Bullit Goñi y Emile Sutherland convierte a los abogados o contadores en integrantes de la organización de los delitos de sus clientes. En estos casos el vínculo temporal estrecho garantiza que los profesionales conozcan el origen de los fondos ilícitos con los que se abonan sus servicios.

La pregunta era: el Estado que dice estar interesado en perseguir la criminalidad organizada, ¿qué hace con esto? A esto mismo se refirieron el gobernador Antonio Bonfatti el jueves y el presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo el viernes. No a todos los abogados sino a aquella porción que escoge idéntico segmento: mismo campo del delito, actores entrelazados, a lo largo del tiempo. No a los que trabajan el caso concreto. Más bien a los que cubren a las organizaciones criminales que tienen como abonados al mismo defensor pagándole un coseguro para sus acciones dolosas.

Hay expresiones que son el barniz que sirve para no ir al grano y disfrazar lo vergonzoso. Tienen siempre el defecto de ser toscamente solemnes y orillar el ridículo. En eso el argot jurídico no tiene competencia. En vez de manoseo dice tocamiento inverecundo, al acusado le dice parte demandada y al dinero que viene del hampa le dice dinero maculado.

Son discursos deslucidos que están en una flagrante soledad. El abogado y docente de la UNL Gustavo González recuerda lo que de algunos abogados y juristas dispuestos a justificar cualquier cosa decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu: "Guardianes ortodoxos del cinismo y la hipocresía".

Lo que no logra hacer buen pie en el campo del discurso político procura deslegitimar moralmente. Es un no mal venido indicio de inquietud. El ex canciller Rafael Bielsa, también abogado, evocaba a propósito de este debate otro pasaje de la serie The Wire, cuyo tema es la persecución del narcotráfico en Baltimore. En la escena dialoga un policía de inteligencia con uno de calle. El primero le dice al segundo: "Sigue la droga y tendrás un caso de drogas, con consumidores, matones y dealers. Sigue el dinero y tendrás políticos, banqueros y abogados."

Hace cuatro días un periodista escrupuloso y sagaz, Germán de los Santos, recibió de madrugada y en su casa de Rosario una apremiante amenaza a su teléfono celular. En un dominio inicial donde todo es difuso y borroso, su principal conjetura es que la amenaza se vincula a coberturas recientes relativas a temas de narcotráfico.

Las mafias hacen bien su trabajo: buscan despedazar el mundo íntimo para poner su actividad en el campo del silencio. Es eso, más que la suerte de una persona honrada, lo que está en juego en el caso mencionado. Vivir en comunidad presupone abroquelar sus sectores diversos para darle pelea al miedo. La democracia debe ser obsesiva con las garantías de los acusados de delitos protegiendo el trabajo, muchas veces antipático, de los abogados. Pero también desterrar las ambigüedades. Con decisión, con convicción, con crudeza y con sus costos, dejar claro en la práctica que no todo es aceptable.

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