Un pedido para beneficiar con salidas laborales a un hombre imputado por el delito de abuso sexual contra su hijo y que se encuentra con arresto domiciliario en Villa Mugueta preocupa a la madre del menor que, aunque confía y espera que la Justicia no haga lugar al requerimiento, asegura estar atemorizada.
"Sería un total despropósito que prospere una medida de este tipo pero el solo hecho de pensar que también podría ocurrir lo contrario me produce miedo y temor por mi seguridad y la del nene ya que lo único que le faltaría (al incriminado) para cumplir todas sus amenazas es matarnos", indicó la mujer a La Capital.
María Fernanda M., recordó con angustia que cuando su ex pareja y padre del chico consiguió, tras estar preso en la alcaidía de Casilda, la morigeración de la prisión preventiva domiciliaria y volvió al pueblo tuvo que lidiar con situaciones que la afectaron al punto de tomar la decisión de mudarse junto a su hijo a Rosario para "preservarlo".
Si bien la investigación de la causa está lo suficientemente avanzada para que la fiscal interviniente, Lorena Aronne, pida su elevación a juicio, el imputado pretende, al menos hasta tanto se dicte sentencia, obtener el beneficio de alternar su prisión domiciliaria con tareas laborales.
El presunto abusador, identificado como Gerardo R., de 51 años, antes de ser detenido trabajaba en la Cooperativa de Energía Eléctrica de Villa Mugueta y, ahora, de lograr su cometido, tendría la posibilidad de salir de su casa para desarrollar, de lunes a sábado en el horario de 6 a 16, tareas de mantenimiento en el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, según consta en la presentación realizada por el abogado del incriminado, Marcelo Piercecchi.
"Es tan increíble y doloroso que un sindicato se preste a respaldar a un hombre que abusó de su propio hijo sin importarle que —de ser aceptado el pedido— ande como un vecino más por Rosario y ponga en riesgo nuestra integridad ya que sus amenazas con que nos mataría fueron constantes e incluso siempre se jactó de tener como respaldo el poder del gremio", planteó la mujer.
La audiencia donde la jueza Mariel Minetti tendrá que resolver el pedido había sido fijada para el viernes pasado pero se pospuso para el 30 de junio, a las 10.30, en Casilda. En ese marco, aunque no fue confirmado, también tendría lugar el planteo de acusación fiscal para que la causa vaya a juicio.
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron ayer a La Capital que la fiscal Aronne se opondrá "rotundamente" al requerimiento de las salidas laborales al considerar que tal beneficio "implicará un riesgo procesal, más aún ante el avanzado estado de la causa".
Y en esa misma línea aseguraron que "existen evidencias suficientes a través de informes médicos, psicológicos, material secuestrado e incluso el contundente testimonio del menor para probar la culpabilidad del imputado", acusado del delito de abuso sexual gravemente utrajante agravado por el vínculo, lo que prevé una pena no excarcelable.
En tal sentido, Fiscalía pediría 10 años de prisión para el supuesto abusador mientras que la parte querellante pretende una pena aún mayor que alcance los 16 años.
Aunque el caso, del cual dio cuenta oportunamente La Capital, trascendió públicamente hace varios meses aún conmueve a la pequeña localidad de Villa Mugueta, ubicada sobre la ruta provincial Nº14, a 60 kilómetros de Rosario.
El niño, de ahora 9 años y que cuando habría sido sometido por su padre por primera vez solo tenía cinco, se encuentra con tratamiento psicológico permanente que apunta a remediar secuelas del abuso.
Si bien no es un dato menor el antecedente de que la Justicia le ha rechazado al imputado un pedido similar de salidas laborales aunque en Villa Mugueta, la madre del chico asegura que el actual planteo la expone a un constante estado de "preocupación e incertidumbre porque de no ser denegado (el imputado) nos terminará matando", insistió para luego asegurar que "violó todas las restricciones que le impuso la Justicia, razón por la cual qué garantía podemos tener de que no nos haga nada".
En marzo del año pasado la progenitora de la víctima realizó la denuncia por abuso que motivo la investigación llevada por el Ministerio Público de la Acusación de Casilda y que ya se encuentra en su etapa final.
Ello derivó en la detención del sujeto imputado que luego de ser alojado unos meses en la alcaidía de la UR-IV de Policía del departamento Caseros, con asiento en Casilda, obtuvo en agosto de 2016 la prisión domiciliaria que aún rige.
La madre recurrió a la Justicia luego de que el nene comenzara a recibir atención psicológica por un comportamiento extraño y revelase el abuso que venía sufriendo desde hacía tiempo.
En declaraciones formuladas en Radio Casilda, Piercecchi, abogado del imputado, salió al cruce al sostener que el caso que tiene como víctima al menor supuestamente abusado por su padre "se está debatiendo", al tiempo que indicó que "nosotros también tenemos un psicólogo que asegura que no hay rastros de tal situación". El profesional además intentó desautorizar el planteo de la madre del chico al sostener que su defendido "cumplió con las restricciones que se le impusieron y no violó ninguna prohibición" al tiempo que indica que "no hay ninguna denuncia por amenazas".