Accidente en la ruta 33
Lunes 17 de Abril de 2017

La Coad pidió constituirse como querellante en la causa por el accidente de Monticas

Argumentaron que en el choque se encontraban docentes, no docentes, investigadores y estudiantes de la UNR.

La Asociación Gremial de Docentes de Investigadores de la UNR (Coad) pidió constituirse en parte querellante de la causa Monticas, por el accidente donde fallecieron trece personas y hubo decenas de heridos, entre los que se encontraban docentes, no docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario.
"Nuestro interés como sindicato es muy claro: defendemos la vida y la salud de nuestros compañeros desde el momento en que salen de sus domicilios para ir a trabajar y hasta que regresan a los mismos luego del trabajo", dijo la secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela.
Docentes universitarios realizan sus tareas diariamente entre las facultades de Rosario, Zavalla y Casilda utilizando el transporte público de pasajeros, "obligados a viajar en condiciones ilegales e indignas impuestas por el oligopolio existente en la provincia de Santa Fe y sujetas a la ausencia de un control estatal eficiente nacional y provincial", indicó la gremialista, además de señalar: "Como sindicato y como trabajadores hemos solicitado en varias instancias a las autoridades soluciones a esta problemática, no obteniendo respuestas oportunas y adecuadas".
Los cuerpos orgánicos de Coad están decididos a que "el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe escuche, pues los trabajadores de la UNR tenemos pruebas, testimonios y vivencias para contar, la mitad de nuestra jornada de trabajo en muchos casos transcurre a bordo del transporte público que transita la ruta Nacional 33; además las lesiones a la salud que padecieron los compañeros y compañeras docentes e investigadores ocurrieron porque se trasladaban precisamente a trabajar", expresó Ferrer Varela.
La resolución judicial que recaiga en esta causa, así como el curso de la investigación, "repercute y va a repercutir de modo efectivo y acreditado sobre nuestro colectivo de representación y el bien jurídico tutelado (la vida y la salud de los trabajadores), por cuanto de la misma dependerá la sanción y responsabilidad de los servicios de transporte y del Estado en el siniestro ocurrido, delimitando inclusive concesiones futuras del servicio público y las políticas de prevención y transporte para los trabajadores que se ven obligados a utilizarlo para acudir a sus lugares de trabajo y viceversa", indicó.
Ferrer Varela concluyó: "Por eso esperamos que el Poder Judicial del Estado escuche nuestra petición, investigue y condene a los responsables para que nunca más vuelva a ocurrir y podamos regresar a nuestros hogares sanos y salvos".

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