La Región
Miércoles 21 de Diciembre de 2016

Advierten a trabajadores municipales que criticaron la gestión de la Intendencia

Los empleados lo habían hecho por Facebook debido al mal estado en sectores de la ciudad. Reprobación de vecinos por la decisión del Ejecutivo

La decisión del gobierno municipal de Casilda de advertir a trabajadores que criticaron la gestión a través de facebook por el mal estado en algunos sectores de la ciudad provocó la reacción del gremio y una andanada de cuestionamientos en el ámbito político local.

Y la controvertida situación no tardó en movilizar la opinión de vecinos que mayormente reprobaron la acción del Ejecutivo local con duros mensajes en las redes sociales.

Si bien la subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Patricia Ferraretto, quien es esposa del intendente Juan José Sarasola, justificó lo hecho invocando atribuciones contempladas en la ley de Estatuto y Escalafón del personal municipal no logró aquietar las aguas.

El edil justicialista, Andrés Golosetti, calificó lo sucedido como "grave" al considerarlo una suerte de "persecución" y "violencia laboral" contra los trabajadores, lo que "supera y desborda la capacidad de asombro pese a que esta gestión ya tuvo actitudes similares hacia el personal", espetó.

El edil fue aún más lejos y dijo que la administración profesa "una doble moral pues por un lado es implacable con la aplicación de una normativa persecutoria que claramente está fuera de uso en los tiempo que corren ya que atenta contra las libertades individuales, pero no tiene igual criterio de apego a ley cuando debe responder y no lo hace a pedidos de informes impulsados por el Concejo sobre manejo de fondos o la abultada planta de personal político que incorporó".

No menos crítica fue la edila del Frente para la Victoria, Antonia Pierucci, al considerar lo ocurrido como "violatorio de la libertad de expresión ya que el trabajador municipal también es un ciudadano que tiene derecho a opinar libremente". Y dijo que "una cosa es velar por el cumplimento de los obligaciones labores de los empleados y otra muy diferente cercenar su pensamiento".

Malestar

Por su parte el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, Walter Britos, admitió que generó "malestar" en el seno gremial la embestida gubernamental contra un grupo de empleados que cuestionó al gobierno del Frente Progresista Cívico y Social que conduce el radical Sarasola, quien asumió en diciembre de 2015 para ponerle fin a 28 años de administraciones municipales justicialistas.

No obstante intentó bajarle el tono a la discusión al descartar que se trate de un hecho de "persecución política" aunque acusó al gobierno local de llevar adelante un "excesivo" control hacia el personal. "Es cierto que hacía falta un reordenamiento en la organización del trabajo municipal, pero hay actitudes que resultan excesivas pese a que existen mecanismos para que el empleado pueda defenderse a fin de que no se cometan arbitrariedades", dijo.

Decoro

El reto municipal apuntó contra tres empleados que fueron advertidos por su presunta falta de "decoro" al expresar en facebook su descontento con la gestión municipal. Al menos así lo visibilizó Ferraretto en declaraciones formuladas a Radio Casilda al explicar que el polémico llamado de atención se justifica en el artículo 13 de la ley 9.286 de Estatuto y Escalafón del personal de municipalidades y comunas de la provincia que en su inciso B remarca la necesidad de "observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración de la confianza que su estado oficial exige".

Si bien en esta ocasión los empleados involucrados "sólo fueron advertidos y no sancionados", como aclaró la funcionaria municipal, este cronista pudo averiguar que hace un par de meses dos trabajadoras habrían sido apercibidas bajo el mismo argumento de no guardar "decoro" al subir a las redes sociales fotos de un recipiente con producto tóxico situado en inmediaciones del predio donde está la cabina sanitaria municipal.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que el achaque municipal ahora sobrevino porque el personal afectado hizo pública la irregularidad en vez de cumplir con el procedimiento administrativo interno de informar lo sucedido dentro de los canales naturales para que las autoridades actúen.

Britos consideró que la modalidad adoptada por el actual gobierno municipal de "llamar a trabajadores" para advertirlo sobre situaciones que considera impropias marca "un cambio rotundo de estilo" respecto al gobierno anterior del ex intendente peronista Juan Carlos Bacalini. "Antes había poco control y ahora sentimos que se exceden y así se lo manifestamos al Ejecutivo para que paren la mano", dijo Britos.

Una de las primeras medidas de la actual gestión que generó controversia fue, como dio cuenta La Capital, un decreto para someter a revisión todos los actos administrativos que tenían que ver con pases a planta permanente, nuevos contratos, recategorizaciones y otorgamiento de suplementos y adicionales a municipales dados por la administración saliente.

"Las acuerdos que habían observado pese a ser homologados por el Ministerio de Trabajo provincial lo terminaron reconociendo", indicaron desde el gremio en torno a la ya superada aspereza.

Con el gremio de testigo

Ferraretto afirmó que las publicaciones que derivó en la advertencia municipal tenían términos "altisonantes" contra la gestión, tras insistir que "no los sancionamos sino que llamamos su atención (ante la presencia de representantes gremiales) para que escuchasen de que lo que hacíamos era recordar que cuando se tenga algún problema hay que abordarlo por canales correspondientes".

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