Cambiemos
Domingo 11 de Septiembre de 2016

La rebelión de los mansos

Claves. Al margen de idas y vueltas, acusaciones y polémicas, las dos movilizaciones en reclamo de seguridad perfilaron la acción de los gobiernos y la clase política. No hay razones pulimentadas para demorar el acuerdo.

La sociedad rosarina, harta de la inseguridad y de la violencia, le puso un límite a la dirigencia, con un mensaje tan contundente que no admite pruebas contrafácticas: gobernantes y políticos, a las cosas. Como consecuencia directa de las movilizaciones pacíficas, la cuestión escaló hasta el lugar más alto de la pirámide y, mañana, el presidente y el gobernador santafesino se verán las caras. Y lo bien que hacen.

Quienes hayan recorrido Rosario por estas horas habrán notado mayores patrullajes, mejor predisposición a la hora del control y cierto límite al dejar hacer, dejar pasar. Habrá que esperar para saber si estos primeros efectos son, apenas, reactivos primarios y temporales o si finalmente se tomó conciencia del reclamo ciudadano. Sea cual fuere el devenir, las dos movilizaciones, la rebelión de los mansos, lo hicieron posible.

Aportes a la confusión. El interminable conflicto entre provincia y Nación mostró personajes que no estuvieron a la altura, posiciones de máxima ciertamente absurdas e intentos por consagrar la verdad revelada sin razones.

La semana pasada, cuando todo parecía encaminarse a una solución, tras las reuniones de Miguel Lifschitz con Marcos Peña, Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio, la ministra de Seguridad cometió una de sus clásicas boutades al politizar la cuestión.

Bullrich rompió parte del acuerdo no escrito al recibir a legisladores macristas antes de sellar el convenio definitivo y repartió mandobles e ilusionismo contra el Ejecutivo santafesino. Incluso, el mismo día de la marcha, cuando el aire se cortaba con una pluma

Claramente, la intención de la ministra era que Lifschitz llegue arrodillado a la reunión que nunca se hizo. Para "ir hasta el hueso del problema" de narcotráfico y delito común que hoy sufre la provincia, mejor que decir es hacer. Y Bullrich dijo mucho.

El miércoles, cuando todo estuvo por volar por los aires, Lifschitz ensayó una última jugada: recurrir al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Los modales políticos de Frigerio, conocedor del paño por su cotidiana relación con los gobernadores, le dieron aire al mandatario socialista. Al fin, el nieto del histórico fundador del desarrollismo se convirtió en un cardenal Samoré conjetural que permitió que los astros no se choquen.

La explosión catártica de mediodía que tuvo Lifschitz contra Bullrich terminó de dinamitar el último puente que quedaba. "Seguir conversando con ella era llevar el problema hasta el infinito. Nunca cumple lo que dice: todavía estamos esperando las pruebas que decía tener sobre el rol de la policía santafesina durante la presencia de los Lanatta y Schillaci en Santa Fe. También prometió aplicar el protocolo antipiquete, que nunca apareció. No queremos hablar más con ella", dijo anoche una fuente oficial, mientras volvía de Rufino.

Frigerio es por demás preciso a la hora de diagnosticar el intríngulis en una entrevista que hoy le concede a LaCapital (ver páginas 4 y 5): "Hay que darles un poco de paz a los santafesinos que la están pasando mal, que tienen angustia, que sienten que no los cuidan desde donde necesitan ser cuidados: desde el Estado". Sabe también la Casa Rosada que la extensión en el tiempo del problema empezará a hacerle compartir un costo político que, hasta ahora, sólo pegó en la dermis del Estado santafesino.

Hay errores de interpretación que los dos gobiernos deberán corregir para llegar a buen puerto. Y un océano de desconfianzas que se cristalizaron cuando Macri descalificó a Lifschitz por la ausencia de "trabajo en equipo". Es que Santa Fe, políticamente, reviste una importancia estratégica para el gobierno nacional. Y para el gobierno santafesino, lo que hace Bullrich con las acusaciones y el intento de intervenir la policía tiene un sólo fin: derrotar al socialismo, algo que el PRO no pudo en 2011 ni en 2015.

Símbolo de paz. Pero no es así como funcionan las cosas para los ciudadanos. Para internalizar el aquí y ahora se deben escuchar en continuo los mensajes y la consignas de los miles de rosarinos que marcharon junto a las víctimas. No importan los subtextos políticos, Rosario tiene que volver a vivir en paz.

En este torbellino de palabras cruzadas, algunas cuestiones no fueron analizadas a fondo. Y tal vez poco le importe a quién padece la inseguridad. El gobernador Lifschitz no le puede ceder el control de la policía al gobierno nacional por una razón pulimentada y llena de lógica en términos políticos y de sentido común, al margen de la constitucionalidad o no de semejante medida.

Una vez que ese poder se cede, lo que hoy es poco controlable se tornará definitivamente incontrolable.

Respecto del envío de gendarmes, el gobierno nacional hasta aquí no hizo nada, pese a que durante la campaña electoral que derivó en el triunfo de Cambiemos, Macri le dijo a este diario —en una entrevista publicada el 20 de septiembre de 2015— que Rosario estaba peor que resto del país en materia de seguridad. Por ende, "dentro de una agencia a crear contra el crimen organizado, en los primeros cien días vamos a pacificar los barrios más complejos", completó el entonces postulante opositor.

Hoy el potencial envío de gendarmes naufraga entre dos explicaciones que no encuentran correspondencia. De manera insólita, en la reunión de la comisión de Seguridad en el Senado, el secretario Eugenio Burzaco afirmó que hay 3 mil gendarmes desplegados en territorio santafesino. Si están, no se ven por ningún lado.

En paralelo, todos los funcionarios repiten que no es importante la cantidad de agentes federales, sino el contenido de las acciones. Y eso no es así. Todas las encuestas dan a Gendarmería como la institución más respetada por los rosarinos, de acuerdo a una memoria emotiva que recuerda el alivio que trajo el patrullaje de los efectivos. No es cierto que la cantidad sea lo menos importante.

En verdad, el problema que tiene el Ministerio de Seguridad nacional es que no hay gendarmes para todos. Incluso, en las últimas semanas hubo quejas del gobierno de Córdoba por un plan integral demorado, que incluye a unos mil gendarmes y 500 efectivos de la Policía Federal.

Anoche, una fuente del gobierno nacional creyó posible que en la reunión de mañana entre Macri y Lifschitz el presidente anuncie el envío de gendarmes, aunque el número no fue oficializado.

Claramente, las dos movilizaciones que se realizaron en Rosario les marcaron la cancha a los tres poderes del Estado y a toda la clase política. El mandato imperativo también incluye la continuidad en el tiempo de las medidas y los cambios, atento a los malos antecedentes en materia de seguridad provincial: lo mismo que se debate hoy en el Concejo rosarino, en la Legislatura y en la Justicia es lo que se debatía cuando ocurrió el crimen de Mariano Bertini, en 2014. O el de Sandro Procopio, en 2015.

Macri y Lifschitz tienen la oportunidad, mañana, de cerrar este largo capítulo de desavenencias. Al fin, como escribió Marechal, de todo laberinto se sale por arriba.

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