Economía
Viernes 27 de Mayo de 2016

La propuesta llegaría a 2,3 millones de pasivos

La propuesta de pago de sentencias judiciales a favor de los jubilados, incluida en el paquete de medidas que se anunciará hoy, prevé una gradual cancelación de los pasivos firmes y contingentes de algo más de 2 millones de jubilados.

La propuesta de pago de sentencias judiciales a favor de los jubilados, incluida en el paquete de medidas que se anunciará hoy, prevé una gradual cancelación de los pasivos firmes y contingentes de algo más de 2 millones de jubilados.

Según los últimos borradores, que todavía anoche eran motivo de discusión y modificaciones, la oferta será diferenciada en tres tramos: el pago a los pasivos con sentencia firme de la Corte Suprema de la Nación, unos 70 mil; el pago a los jubilados que iniciaron juicio pero no cuentan con fallo del máximo tribunal, alrededor de 300 mil, y los que no presentaron demandas pero están en condiciones de hacerla, y que redondean 1,8 millón.

De acuerdo a los trascendidos, en el primer caso se propondrá la cancelación inmediata del 50 por ciento del fallo y el pago financiado de la otra mitad, con los reajustes correspondientes. La propuesta será similar para los que estén en juicio. Sólo que en ese caso, hay que actualizar el retroactivo y para ello habrá un tope de cuatro años. Esto implicaría quitas de entre 20 por ciento y 40 por ciento, según los casos. En el tercer segmento, no habrá reconocimiento retroactivo pero sí ajuste hacia adelante.

Los autores de la iniciativa estiman que este pago de sentencias, que tendrá un tiempo de instrumentación, implicará aumentos de haberes del 30 por ciento al 45 por ciento, según el segmento involucrado.

Los borradores indicaban que estos pagos se solventarían con los rendimientos que obtiene el fondo de sustentabilidad de la Ansés por sus inversiones, que se estiman en 70 mil millones de pesos anuales. Si hiciera falta, se venderían acciones de empresas privadas que están en poder del organismo previsional, para lo cual se necesita autorización legislativa. A última hora todavía no se había decidido el grado de vinculación entre el blanqueo de capitales y el pago de las sentencias

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