El ex senador Ernesto Sanz destacó en la semana que pasó el "enorme" desafío que significa para el presidente Mauricio Macri conducir una profunda "transformación cultural" en el país. Lo defendía, claro está, de las críticas por el tarifazo. Con la doctrina González Fraga en la mano, abundaba en la línea argumentativa del gobierno nacional, que justifica el aumento de tarifas que cobran las empresas energéticas como parte del plan de corrección del derroche consumista de los argentinos durante la posconvertibilidad.
Con su guerra a los que andan en patas y en remeras, Macri escala una pelea frontal con la población. Debe convencerla de que el pleno empleo disfraza trabajo improductivo, que la puja salarial ahoga la inversión y que la mejora en la condiciones de vida encriptan un consumismo estéril y deficitario. Y debe hacerlo luego de haber sido partícipe activo de una oposición que combatió con fiereza por la libertad de atesorar dólares. Y en medio de la aprobación festiva de un régimen de blanqueo de capitales que, como aseguró el titular de la UIF, garantiza que no se perseguirá a los evasores que sacaron el dinero al exterior. Hay 200 mil millones de dólares afuera, según difundió hace unos días el Indec. Cálculos privados hablan del doble.
Gran parte del gabinete, de los empresarios aliados y de los amigos está en ese universo que, como Carlos Melconian, considera muy normal y habitual entre "todos los argentinos". Pero se indigna porque trabajadores que en seis meses resignaron 12 puntos porcentuales de poder adquisitivo consideren, en medio de un invierno duro, que es un poco excesivo que les aumenten cinco veces las tarifas. Y todavía no empezaron a llegar las cuentas abiertas con el endeudamiento por 30 mil millones de dólares que se contrajo en el primer semestre del año. Entre otras cosas, para pagar los fondos buitre, sin importar si andan en remeras o en patas.
La consigna del ahorro energético, así como la discusión sobre los ajustes que puede necesitar la macroeconomía en determinados contextos, no debería ser un tabú en el debate político. Pero tampoco debería mezclarse como una coartada para defender una decisión política de otro tipo, que tiene que ver con un programa de recomposición de la rentabilidad empresaria, en el negocio de la energía, el agro, las finanzas, la minería y las grandes cadenas comerciales, que es el que puso en marcha rápidamente el gobierno apenas asumió.
El combate del gobierno nacional a los consumidores de gas y electricidad, que disparó el primer cacerolazo en su contra, no termina de ser valorado por los socios económicos de Cambiemos. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, tuvo que posponer nuevamente la meta de inflación del 25%, ahora para el mes de marzo. Entre otras cosas, dijo Jorge Todesca, titular del Indec, porque la persistencia del aumento de precios en junio (3,1%) se debe a que el sector privado sigue aumentando pese a las medidas de contracción que dispuso el gobierno.
Se vienen meses importantes para la "batalla cultural" del gobierno. Desde entidades que agrupan a pequeños y medianos comerciantes rosarinos volvieron a advertir sobre la inminencia de una crisis de cierre de negocios, cuando se acabe el colchón de 2015. Las cifras del Ministerio de Trabajo provincial, que dan cuenta de una triplicación de los procedimientos de crisis presentados en la cartera laboral abonan en forma inquietante este panorama.