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Lunes 17 de Octubre de 2011

La parte frágil y visible de una violencia con raíces históricas

Para eliminar a un ser humano un único disparo bien puesto alcanza. Por esa razón en los treinta balazos disparados contra Elías Bravo, junto al significado obvio de que buscaban matarlo, palpitan otros mensajes.

Para eliminar a un ser humano un único disparo bien puesto alcanza. Por esa razón en los treinta balazos disparados contra Elías Bravo, junto al significado obvio de que buscaban matarlo, palpitan otros mensajes. En un acto de semejante encarnizamiento hay un elocuente propósito de comunicación. ¿Qué quisieron decir los que hicieron esto? ¿Sólo al muerto querían decírselo? La respuesta precisa demandará su tiempo y acaso no llegue. Pero una serie de rasgos comunes imponen a la fuerza, en crímenes de este tipo, sentidos que quedan a la vista. Aunque sea difícil encontrar en Rosario una ejecución de tanto ensañamiento.

En general tres hechos se asocian a homicidios recientes de esta clase en la Unidad Regional II: víctimas jóvenes, armas de calibre poderoso y cuestiones de drogas. La imprecisa noción de “ajuste de cuentas” encubre la complejidad histórica que hay en los vínculos de los que se enfrentan. Cierto que quienes lo hacen se mueven por rencores y afanes de venganza. Pero los que matan y mueren son el extremo sangriento y visible —también el más débil— de un negocio en permanente avance. Los grupos que controlan las transacciones, en base a arreglos con algunas franjas de las fuerzas policiales que porfían en saltar a la luz todo el tiempo, quedan bajo la superficie. Los peones de los traficantes son los que dejan la vida en los barrios y salen en los diarios.

Las cuestiones vinculadas a la droga —a las luchas territoriales para vender, a la conquista de lealtades entre las piezas del negocio, a los conflictos en los puestos de venta, a las diferencias personales entre sus implicados— son el inquietante factor que tracciona en Rosario el alza comparativa de la tasa de homicidio en 2011. Es tan notorio que salta de una ojeada a las páginas del diario en los últimos treinta días. Lo que se notan son conflictos en variados territorios de la ciudad donde surgen los mismos conceptos: quioscos, varones jóvenes dando y recibiendo, balazos de armas de guerra.

El jueves 29 de septiembre el frente de una casa de Blas Parera 1418, en Parque Casas, recibió 17 disparos de calibre 9 milímetros. El que no hubiera nadie libró a sus ocupantes de riesgos mortales. Al lado de esa casa vivía una mujer de apellido Medina, alias Tata, reconocida por comercializar drogas. A su hijo Luis Alberto Medina, de 24 años, lo mataron de cinco disparos de 9 milímetros el 17 de junio de este año, en Granadero Baigorria. A Luis Medina se le atribuía el homicidio previo de Alfredo Giménez un año antes.

El 24 de septiembre mataron a Pedro Lencina en pasaje Gomensoro y Paraguay, en villa La lata. Le dispararon al menos veinte tiros calibre 9 milímetros y le acertaron siete. Fue el segundo crimen en esa cuadra en este año. Un vecino le dijo a este diario que las refriegas obedecían a la existencia de dos quioscos de drogas en la misma cuadra disputándose clientela. “Desde el domingo pasado los de cada banda cada vez que se cruzaban se agarraban a los tiros. A los chicos no los podemos dejar salir a la calle”, señaló el testigo. Dos días después seis hombres fueron detenidos en un auto en el mismo sitio. Llevaban un arma, cargadores y chalecos antibalas. Les adjudican haber ido a vengar el asesinato de Lencina.

El 5 de septiembre Roque Fernández, de 20 años, fue asesinado de un balazo en Presidente Quintana al 100 bis, barrio La Tablada, donde su propia familia reveló que funciona un quiosco de drogas al que se dirigía cuando lo mataron.

Se podría seguir con referencias a episodios donde la venta de drogas y la violencia atizan la tensión vecinal en los barrios Moderno, Ludueña, Empalme Graneros, Santa Lucía, Saladillo, Industrial, Godoy. En cada lugar hay ejemplos recientes. ¿Qué presupone todo esto?

En principio un factor común que alienta el alza de los homicidios en la ciudad. Sumar todos los asesinatos para dar una idea de conflictividad es un error y hasta puede haber en ello mala intención. En términos de inseguridad no es lo mismo la actitud de alguien que mata en una disputa conyugal o vecinal por una diferencia previa que un vendedor de droga al menudeo que acribilla a su competidor en la calle. Los primeros casos no son fuente de peligro abierto para terceros. El segundo sí lo es.

Y justamente los homicidios ligados al mercado de la droga están dando un respingo. Es tan reiterado y público el registro de acontecimientos en que estas muertes se producen que la alarma no debe ser ignorada para que algún esquema preventivo pueda funcionar. A fines del período enero-septiembre de 2011 en Rosario hubo casi un 40 por ciento de homicidios más que en el mismo período de 2010. A esta altura del año ya hay más muertes en hechos dolosos que en todo el año pasado. Es difícil distinguir cuánto de esa suba reconoce a cuestiones de droga como origen. No parece poca.

El fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, distingue tres tipologías en homicidios. El más impactante es el más bajo en cuanto a hechos: el relacionado con la comisión de un robo, como el caso de Leandro Zini, en julio pasado en barrio Industrial. Uno más importante numéricamente es el que resulta de disputas entre personas conocidas. El tercero se refiere al relacionado con estupefacientes. “La droga mueve mucha plata y genera otros delitos. Se puede matar por el manejo de la zona de distribución, para castigar al que empieza a comprar a un proveedor distinto. Pero también alguien ligado al tráfico de drogas puede matar por un rencor no relacionado con su actividad”. Para el fiscal regional un factor de alarma de estos homicidios es que casi siempre, en Rosario, quedan impunes.

Hasta el 30 de septiembre en la Unidad Regional II hubo 120 víctimas de homicidio. De ellas 12 eran mujeres y 108 hombres. Entre los varones las tres cuartas partes no llegaron a cumplir 30 años. Los que están implicados en el mundo de la droga lucen aunados en una fuerte peculiaridad: son la generación nacida en los años 90, en el contexto de un Estado que se ausentó de la contención laboral, educativa y recreativa, dejando librado al consumo y al individualismo las formas de creación de identidad.

Hace poco un docente de Criminología de la UNR que es funcionario del Ministerio de Seguridad, Francisco Broglia, dijo a este diario: “El delito es una actividad colectiva que construye vínculos y estatus. Estar en una banda ofrece la contención que no pudo dar la familia o la escuela. Lo que buscan tantos chicos en barrio privados de espacios de socialización convencionales es ganarse, a partir de su presencia en una banda, reconocimiento vecinal y respeto, así sea a partir del miedo”.

En ese espacio, el de las bandas, el Estado tiene el difícil desafío de volver a ocupar su lugar, de proponer formas distintas de ganarse el respeto a chicos que no encontraron otro modo que hacerlo con un arma en la mano. De invertir en recursos humanos de generar estrategias de inclusión sociocultural que pueda moderar una violencia urbana que no nació de un repollo.

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