Corrupción
Sábado 01 de Octubre de 2016

La Nación recibió a los familiares de víctimas de la violencia y la inseguridad en Rosario

El secretario de Derechos Humanos del gobierno federal prometió ayuda. Hubo momentos de dolor y fuertes críticas.

"Para nosotros, la asistencia a las víctimas es una preocupación nacional". La frase del secretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Claudio Avruj, sirvió ayer como presentación de un encuentro clave en el intento de llevar tranquilidad y apoyar a los familiares rosarinos de las personas afectadas por la violencia y la inseguridad. Sin embargo, el encuentro estuvo cargado de situaciones de dolor y tensión a partir de los testimonios que brindaron los allegados a las personas que fallecieron en los últimos años como consecuencia de la ola delictiva.

Ya avanzado el encuentro, que se desarrolló por cuestiones de agenda en la sede de la Fundación Libertad (la invitación fue primero en la sede de Gobernación y hubo un cambio horas antes), Avruj debió intervenir para declamar: "Lejos de nosotros está promover un encuentro para revolver el dolor". Es que a esa altura los ánimos se iban caldeando y muchos de los asistentes se preguntaban por el sentido de este tipo de reuniones que, en la mayoría de las ocasiones, quedan sólo en eso y no hay seguimiento ni contención en cada caso.

De todos modos, estos cuestionamientos no fueron tan directamente hacia el actual gobierno nacional que por primera vez se hacía presente con el "imperativo de trabajar de verdad" como mandato del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

En efecto, los familiares criticaron la escasez de acciones previas de la Casa Rosada y, fundamentalmente, las "pocas respuestas" de la provincia en sus últimas gestiones.

"¿Saben cuántas reuniones tuvimos?", preguntaron algunos a viva voz. En eso, Marcela Nissoria, esposa de uno de los muertos en el estallido del 6 de agosto de 2013 en Salta 2141, habló de la "ausencia del Estado" y prometió: "No queremos más reuniones; vamos a ir a la calle".

El anfitrión del funcionario nacional fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, quien aprovechó la ocasión para delinear las acciones de Santa Fe en la materia, aunque, como respuesta, los allegados a las víctimas le reclamaron soluciones y se preguntaron por qué se llegó a la situación que derivó en dos multitudinarias marchas en Rosario. A esa altura, los testimonios de dolor se replicaban: balas perdidas, homicidios, corrupción policial y connivencia eran palabras utilizadas por todos.

Un hombre contó que no tiene dónde vivir porque los delincuentes se apropiaron de su hogar después de matar a uno de sus hijos. Muy cerca, una mujer cuestionó la "imposibilidad" de constituirse en querellante y dijo que los ladrones tienen defensores y los familiares de víctimas deben pagarlos, aunque en gran parte de las ocasiones no tengan recursos.

La parte judicial también se llevó críticas, en algunos casos ligadas a la "inoperancia" de jueces y fiscales y hasta su desinterés por investigar.

De golpe, pidió la palabra Javier, el hermano de Pablo Semitiel, el joven que en abril de 2013 quedó cuadripléjico tras recibir una bala en una vértebra y murió el fin de semana. Todos lo escucharon atentamente: "Dudé en venir hoy porque en realidad a la ayuda la necesité en estos últimos tres años en los que mi familia se tuvo que hacer cargo de mi hermano sin ayuda de ningún gobierno. Fueron años durísimos". Por eso, el muchacho rogó que "éste sea el momento de cambiar".

Los funcionarios permanecieron atentos. Avruj habló del plan 2020 para lograr "una Justicia que genere resultados socialmente relevantes". Y Silberstein prometió trabajar para que "las penas se cumplan y los delitos tengan sus correspondientes sanciones". En esa sintonía, enfatizó: "No se puede hacer política social con el derecho penal".

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