La ciudad
Domingo 28 de Agosto de 2016

La marcha que alteró la agenda política y recordó las prioridades

El compromiso, las muertes violentas cotidianas y el hartazgo, empujaron a miles, como nunca antes, a seguirlo. Y el jueves pasado Rosario dio una muestra contundente de clamor.

Hace exactamente dos años se paró ante una multitud en el Monumento y le pidió disculpas por no haberse involucrado. Una semana antes habían asesinado a su hijo en una entradera en barrio Echesortu. Enrique Bertini, un próspero empresario de la ciudad, empezó aquel día a sumarse a cada marcha y reclamo por seguridad y justicia. El compromiso, las muertes violentas cotidianas y el hartazgo, empujaron a miles, como nunca antes, a seguirlo. Y el jueves pasado Rosario dio una muestra contundente de clamor.

La marcha fue una interpelación que atravesó a todos los poderes del Estado y alteró la agenda política, que increíblemente a principios de esta semana andaba caminando por los preceptos de la reforma constitucional. Lejos de lo que le pasa al vecino de a pie. Ese que se movilizó en 2014 y que volvió a hacerlo, mucho más masivamente, el jueves pasado. El que sólo pide vivir en paz y caminar tranquilamente por las calles. Derechos que en esta sociedad se perdieron y que, paradójicamente, sólo las masivas marchas parecen recordárselo a la clase dirigente.

La movilización ya había alterado el pulso de los funcionarios desde inicios de la semana. El lunes, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, salió a pedir la presencia de Gendarmería en las calles. Un reclamo que se potenció por dos crímenes impactantes que llevaron al funcionario a cuestionar el rol de algunos jueces, que autorizan salidas transitorias y acortan sentencias.

El martes llegó el turno de reunirse con todos los fiscales y escuchar lo que el ministro y el gobernador, Miguel Lifschitz, no desconocían. Faltan personal y recursos.

A esa altura ya nadie hablaba de reforma constitucional. Una idea que el gobierno lanzó en el momento menos adecuado y que dejó en evidencia que las prioridades de la gente y la clase política parecen estar muy distanciadas.

El clamor que se propagaba por las redes sociales siguió alterando la agenda oficial.

El miércoles llegó el turno de la intendenta Mónica Fein. Lanzó un paquete de medidas a implementar por el municipio para fiscalizar más de cerca rubros que podrían rozarse con economías delictivas.

Fue casi como una autocrítica de que lo que no se hizo hasta ahora, pero se podría haber hecho. Se impulsaron proyectos que el oficialismo había ninguneado en el Concejo. Seis años después de que Jorge Boasso pidiera identificar los cascos de los motociclistas con el número de patente, Fein retomó la idea.

Veinte días después de que sus funcionarios criticaran hasta el hartazgo una iniciativa de la concejala Carola Nin para estrechar los controles sobre las empresas que trabajan con precursores químicos, Fein retomó la idea.

En junio de 2011, y por orden de la justicia federal, hubo un amplio operativo sobre los comercios que venden autopartes con el objetivo de regular la actividad, proclive a rozarse con economías delictivas. Cinco años después el municipio estrecha la lupa sobre ese sector, busca reempadronar a sus titulares y ver sus antecedentes. La pregunta es, ¿no se podía hacer antes, o había que esperar una marcha como la del jueves?

Fondos bajo la lupa. Ahora se analizarán los antecedentes de los titulares y origen de los fondos en los comercios vinculados a la vida nocturna y espectáculos. En esto hay experiencia. En junio del 2015 la Unidad de Informaciones Financieras (UIF) detectó movimientos sospechosos de lavado de dinero en el boliche Esperanto, en Zeballos y Presidente Roca.

Para ese entonces el municipio ya lo había habilitado y tuvo que dictarle la clausura. En las sombras de esa sociedad se movía un empresario con vínculos con el narcotráfico, que más tarde fue acribillado a balazos en el Acceso Sur.

Un mes después, julio de 2015, se frustró el desembarco del Hard Rock en la esquina de Oroño y Rivadavia. Los integrantes de la sociedad ya se habían reunido con funcionarios municipales y avanzaban en el proyecto. Un pedido de informes impulsado por la oposición reveló que cargaba con una denuncia por lavado de dinero. La firma había recibido sumas millonarias por fuera del sistema bancario.

Estos dos casos pasaron hace más de un año. Recién el miércoles pasado, con la convocatoria a la marcha replicando en las redes sociales, la Intendencia anunció que se exigirá origen de los fondos de las sociedades que quieran habilitar emprendimientos en Rosario.

Indudablemente la marcha alteró las agendas y dejó al desnudo las improvisaciones. El reclamo fue contundente. El compromiso del que hablaba aquella noche de agosto de 2014 Enrique Bertini, tras sufrir la peor tragedia de su vida, empezó a calar en la sociedad.

Los rosarinos salieron a la calle. Se comprometieron. Ahora resta ver si quienes deben dar respuestas están a la altura de las circunstancias, o sólo se mueven por espasmos que generan las movilizaciones populares.

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