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Miércoles 02 de Noviembre de 2016

La ley de humedales corre peligro de perder estado parlamentario

Ambientalistas acusan al PRO de frenar la iniciativa en el Senado. Hablan de una trampa política para dejarla fuera del debate.

El proyecto de ley de humedales, una iniciativa legislativa que busca un ordenamiento territorial de esas valiosas zonas naturales de todo el país, corre serio riesgo de volver a perder estado parlamentario después de una "picardía" legislativa del oficialista presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo (PRO).

Así lo denunciaron esta semana medio centenar de organizaciones ambientalistas y científicos de toda Argentina, que en un comunicado recordaron que el proyecto ya había sido aprobado en las comisiones de Ambiente y de Agricultura pero que, a la hora de girarlo al recinto para su tratamiento, "Pinedo adujo que al momento de la reunión debería haber estado el presidente de la comisión de Agricultura, algo que no figura en el reglamento parlamentario (de la Cámara alta) y lo envió nuevamente a comisiones".

El abogado ambientalista Enrique Viale explicó esta maniobra política por el hecho de que existen "intereses muy grandes que quieren avanzar sobre los humedales y que no quieren ninguna normativa", representados sobre todo por el agronegocio y la especulación inmobiliaria, "los grandes detractores de este proyecto".

El demorado proyecto de defensa de los humedales —al que el Parlamento argentino le adjudicó una velocidad de tratamiento inversamente proporcional a la utilizada para acordar de forma unánime un aumento salarial exprés del 50 por ciento— cuenta con el apoyo de casi todos los bloques legislativos y tuvo firma favorable de 16 senadores.

Fue incluso una de las promesas de campaña electoral del presidente Mauricio Macri, quien además ratificó a principios de año en un acto en Pilar (con un humedal de fondo) que el gobierno iba a impulsar "una nueva ley para proteger los humedales que ocupan parte importante del territorio de Argentina".

El proyecto de ley propone un ordenamiento territorial de humedales que hará posible acciones de protección en estos ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable a las poblaciones.

Además, incorpora una moratoria para impedir, mientras se elabore este relevamiento, la continuidad de las obras o el inicio de actividades nuevas que impliquen cambios del uso del suelo.

Trabas oficialistas. Sin embargo, y según denunciaron los ambientalistas, son los senadores del propio partido de Macri los que obstaculizan que el proyecto avance y se convierta definitivamente en ley.

"El accionar de los senadores del PRO genera entre las organizaciones impulsoras del proyecto la sospecha de que se intenta dilatar el avance de un dictamen que ya fue avalado por 16 senadores" debido a que el próximo 30 de noviembre perderá estado parlamentario, explica el comunicado.

"Esta maniobra se suma a la realizada por Gabriela Michetti —presidenta del Senado— quien sumó al debate a la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Angeli (PRO) cuatro meses después de que sean presentados los proyectos de protección de humedales, en contraposición a lo dictado por el reglamento del Senado que permite agregar comisiones sólo en los primeros siete días tras la presentación de un proyecto", argumentaron desde las organizaciones.

Por su parte Pino Solanas, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, mandó una carta a los senadores de todos los bloques para reclamar por la demora en el tratamiento del proyecto en la que apunta contra De Angelis, Pinedo y Michetti al considerar que "existe el propósito de impedir" la discusión dentro del recinto.

Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordaron que el proyecto ya tiene más de tres años de trámite y que ya perdió una vez estado parlamentario.

Este año la iniciativa volvió de debatirse a través de un proceso que incluyó 12 reuniones y dos audiencias públicas en las cuales "se escuchó a todas las partes" y tras las cuales hubo modificaciones para lograr apoyo unánime.

Viale remarcó además que se trata de una ley "muy racional" que no se apoya en aspectos prohibitivos si no que apunta a lograr un ordenamiento el territorio.

"Da bronca porque ni siquiera tiene prohibiciones y delega en las provincias el ordenamiento; realmente hay un celo desproporcionado", dijo el ecologista.

Entre las organizaciones que firman el comunicado aparecen las locales El Paraná No se toca y el Observatorio del Sur de la UNR, entre otras.

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