Política
Jueves 19 de Mayo de 2016

La ley de acceso a la información pública ya tiene media sanción

Por 224 votos a favor y 4 en contra Diputados aprobó la norma que obliga al Estado a dar información a cualquier ciudadano que lo pida.

La Cámara de Diputados aprobó ayer con 229 votos a favor y 4 en contra y giró al Senado el proyecto de ley de acceso a la información pública, que obligará a los tres poderes del Estado y a los organismos autárquicos a brindar información a cualquier ciudadano que lo pida.

Solo votaron en contra los diputados del Frente de Izquierda, que evaluaron que la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo encargado de velar por la aplicación de la ley, será igual que "la inerte Oficina Anticorrupción".

Las pocas objeciones que recibió el proyecto se refirieron al hecho de que el director de ese organismo será propuesto por el Ejecutivo sin intervención de los otros poderes del Estado, mientras que su remoción deberá ser consultada con una comisión bicameral del Congreso cuya opinión no sería vinculante.

Esto fue modificado durante la votación en particular a pedido de la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, quien advirtió que la opinión de esa comisión del Congreso respecto de la remoción del funcionario debería ser vinculante, lo cual fue aceptado por el oficialismo.

La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del diputado oficialista Pablo Tonelli, quien lo calificó como "un gran avance" para que el Congreso "cumpla con una deuda que arrastra desde hace muchísimos años" y agregó: "La transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, es una de las mejores herramientas para luchar contra la corrupción".

En la misma línea, el jefe del interbloque ofcialista, Mario Negri, aseguró que "no es lo mismo luchar contra la corrupción sin ley de acceso a la información pública, queda casi manca esa lucha sin esta ley".

Antecedente. A su turno, la diputada del FpV Diana Conti recordó que "mientras el Congreso estaba en deuda, el Ejecutivo a cargo de Néstor Kirchner dictó un decreto (el 1.172 de 2003) que ha recibido halagos de toda la sociedad civil y de los organismos internacionales".

Tras destacar ese decreto, que se refería al acceso a la información en el ámbito del Ejecutivo, Conti subrayó que "en estos años maduró la idea de que el derecho a la información pública es un derecho humano fundamental".

Por su parte, Camaño sostuvo que "el decreto 1.172 ha posibilitado el acceso a la información, pero esta ley hace que se pueda poner a disposición del pueblo". No obstante, subrayó que "todavía hoy no la hay" porque "no hay índices de pobreza, de desocupación, de precios", y agregó: "Claro que al poder le cuesta trabajo abrirse a la información".

"Es un proyecto que debemos apoyar todos y no solo en el fondo, sino también valorar la forma en que el Ejecutivo ha trabajado para lograr apoyo", sostuvo a su turno la diputada socialista Alicia Ciciliani.

La iniciativa dispone que los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros, deben brindar información a cualquier ciudadano que la solicite.

El área del Estado a la que se le requiera deberá satisfacer ese reclamo en un plazo de 15 días hábiles, prorrogable por otros 15, salvo en las excepciones previstas, referidas la información clasificada como confidencial o que comprometa la seguridad nacional.

La Agencia de Acceso a la Información Pública será la encargada de hacer el seguimiento del trámite y emplazar a los funcionarios a responder a la solicitud.

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