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Domingo 09 de Junio de 2013

La Justicia y el calor de las emociones

Un fiscal federal acaba de plantear una discusión jurídica sobre lo que para él es una invasión de la Justicia provincial en temáticas que deben ser tratadas por la Justicia federal.

Las pasiones desatadas en torno de temas que tienen comprensible sensibilidad pública, como la violencia y el narcotráfico, a veces llevan a poner el análisis de los acontecimientos en zonas de desdichada confusión. Un fiscal federal acaba de plantear una discusión jurídica sobre lo que para él es una invasión de la Justicia provincial en temáticas que deben ser tratadas por la Justicia federal. Así, según el criterio del fiscal Juan Murray el juez provincial Juan Carlos Vienna está investigando temas de narcotráfico sin ser competente y por ello todo finalmente será declarado nulo, lo cual significaría un tiro por la culata: los violentos a los que se persigue quedarían sin sanción porque los habría investigado un juez sin facultades.

   Lo que expresa Murray es una opinión sobre las cosas. Vienna tiene otra distinta. Para él está investigando un encadenamiento de homicidios consumados por una asociación ilícita y en el marco de esas acciones aparecen actores conectados con el narcotráfico. Y como los homicidios los investigan los jueces provinciales él tiene la atribución para seguir avanzando y no debe inhibirse.

   El juez federal Marcelo Bailaque, por su parte, no le dio la razón a Murray y por eso desestimó el pedido de éste para anular los operativos de Vienna. No obstante esto, que es una primera referencia significativa, no cierra la discusión.

 

Paisaje. Las discusiones jurídicas no se dan en un limpio y espumoso olimpo sino en el marco de un contexto objetivo y subjetivo. Fiscales, defensores y jueces debaten en campos no neutrales. Sus posiciones devienen de la inserción que tienen en un mundo donde lo normal es el conflicto, la disputa de poder y el predominio de las emociones.

   De ahí que sea tan ingenuo pensar que algunos tienen posiciones políticas y otros no. Inevitablemente todos las tienen. Así es la vida de los hombres y las instituciones. Por eso nadie debería escandalizarse al señalar lo obvio: hay una pretensión política detrás de la discusión que propuso Murray. Como la hay, nítida, en quienes le responden.

   El año pasado este diario consignó que la acusación con la que habían apresado a un traficante de Firmat era tan burda que sería imposible que no lo soltaran. Si bien el acta policial fue anulada por un juez, no faltaron reproches tratando a los periodistas de favorecer a un vendedor de cocaína. Al igual que entonces, señalar en la actualidad a Murray como funcional a los narcos sería incurrir en la misma tontería maliciosa.

   Pero no es malicioso ni tonto describir el paisaje en el que este fiscal federal expresa su opinión. Murray pertenece a una Justicia federal local que asistió como convidada de piedra al crecimiento de Los Monos. Los Cantero viven a veinte minutos del centro de Rosario y la única sanción por narcotráfico que tuvo uno de sus miembros fue una condena de la Justicia federal pero de la ciudad de Corrientes hace 13 años.

   Jamás las fiscalías federales posaron los ojos sobre redes delictivas pese a que el negocio narco proliferaba en la zona en puntos de venta y violencia. Nombres como Esteban Alvarado, Ignacio Actis Caporale o Luis Orlando Bassi les eran ajenos aunque abastecieran a sectores amplios de la ciudad como señalan notorias escuchas gestionadas en otros espacios.

   Murray recién llegó a Rosario hace menos de un año, pero pertenece a una institución sin tradición en investigaciones complejas y exitosas. Por eso decir ahora que la acción de la Justicia provincial pudo echar a perder investigaciones federales en curso tiene sabor a poco.

   El gobierno del Frente Progresista tampoco puede ufanarse de conocer lo que pasa en su territorio. Hasta hace poco se enteraban de la actividad de las bandas narco por las incursiones de las fuerzas de seguridad de otras zonas y jurisdicciones. A veces con efectos que lo dejaron al borde del nocaut como en el caso Tognoli.

En cadena. Pero hace nueve meses se inició una investigación a partir de un homicidio mafioso, el de Martín Paz, cuñado del Pájaro Cantero, en 27 de Febrero y Entre Ríos. En base a seguimientos persistentes y rutinarios asomó el pespunte de una asociación ilícita. Se cometían delitos gravísimos como asesinatos por encargo, amenazas, acopio de armas y lesiones. También surgían evidencias de narcotráfico. Pero el juez Vienna dice que el delito central de la trama es el encadenamiento de homicidios. Esa era su opinión. Que obviamente no coincide con la de Murray.

   Esa investigación fue la tabla de salvación a la que se aferraron, en un esquema coordinado por el procurador Jorge Barraguirre, gobierno y Justicia provincial para intentar frenar la tormenta de violencia generada tras la ejecución del Pájaro Cantero hace dos semanas. Había allí actores concretos de una banda que hace mucho se dedica impunemente a lo mismo.

   Es indudable que se agarraron de lo que tuvieron. Pero no fue salir a patear ranchos a la bartola. Había una investigación de base y una coyuntura de alarma pública. Hubo detenciones de personas históricamente ligadas al clan Cantero, secuestro de bienes muebles, detección de inmuebles como la fastuosa residencia de Pérez que indicaban la actividad de una vasta malla criminal con ingresos procedentes de actividades del todo inciertas.

   Un resultado por sí mismo vale de poco si el procedimiento que lo sustenta es ilegal. Que caigan los integrantes de una red criminal no es más importante que el modo en que se los atrapa. El único imperio en el que estamos perdidos es allí donde el fin justifica los medios. Pero un vasto sector de opinión jurídica no cree que este sea el caso.

Azares. El fiscal Murray actúa en base a legítimas instrucciones institucionales que le imparte el procurador de narcocriminalidad Felix Crous. Ambos son funcionarios sagaces que tienen además una posición de adhesión al kirchnerismo. Eso no debería provocar que se le caiga la enagua a nadie. Las distintas asociaciones de magistrados del país, aunque no tengan inserción partidaria, viven operando en pos de objetivos a menudo escandalosamente sectoriales y minoritarios. Los ejemplos son para otra nota.

   Pero en un marco de disputa política tampoco es un dato arbitrario ni irrelevante. En octubre pasado fue detenido Hugo Tognoli en una causa profundamente polémica. Dos cosas fueron ciertas en esta causa sin contradecirse. La primera es que el sur provincial era teatro criminal de una banda con integrantes o aportantes policiales, a tal punto que a los narcos les atendían el teléfono en las comisarías. La segunda es que hubo funcionarios del gobierno nacional que en base a esa irrefutable base fáctica armaron un operativo de prensa con pretensiones políticas.

   Y los elementos en base a los cuales Tognoli está preso son motivo de una fortísima polémica jurídica y política.

   Murray sostiene que como acusador no sólo debe investigar sino vigilar la legalidad del acopio de evidencia y por eso, entre otros motivos, pidió que se anulara la persecución a integrantes de la banda de Los Monos ya que el origen ilegal o defectuoso en definitiva frustrará la investigación.

   Al mismo tiempo la teoría de Murray de la empresa criminal conjunta en el caso Tognoli se basa en atribuir al procesado ex jefe policial la conexión con el indudable traficante Carlos Ascaíni, quien fue detenido a partir de un acta policial cuya confección repugna el sentido común e irradia una dudosa legalidad. Es que, sin investigación previa que lo situara allí con un motivo, Ascaíni fue detenido en el medio de la pampa húmeda por un oficial que se le acercó, dice el acta preventiva, porque le llamó la atención un auto valioso parado en un cruce de rutas. Y justo dentro había un hombre con un kilo de cocaína.

   Pavada de “casualidad” que el jefe de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto se encontrara tan fortuitamente con el mayor traficante del departamento General López. Basta preguntar a la prestigiosa defensora oficial Matilde Bruera para constatar que ese policía es un especialista en actas defectuosas. Y la Cámara Nacional de Casación Penal ya hizo con acciones de este oficial lo que Murray teme que pase con los operativos contra los Cantero: anular condenas que se inician con documentos venales.

   Claro que también puede ocurrir que el martes próximo la Cámara Federal dé por válida ese acta tan bendecida por el azar en cuanto a la confluencia en tiempo y espacio del policía, el traficante y la droga. Ya ha pasado otras veces. En los procesos judiciales no valen sólo los elementos jurídicos. También gravitan en forma decisiva las cambiantes relaciones de fuerza políticas que impregnan las discusiones. No es nada sobrecogedor ni dramático. Apenas el modo en que en una sociedad con disputas contradictorias y emociones se dan las cosas.

 

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