La jueza federal Sylvia Aramberri rechazó la demanda promovida por un fideicomiso privado que reclamaba la posesión de un predio ubicado en Puerto Norte, en avenida Francia entre Caseros y Junín, donde actualmente se radican de forma irregular unas 70 familias. La intendenta Mónica Fein celebró la sentencia de la magistrada y sostuvo que se trata de "un fallo a favor del Estado que frena la especulación inmobiliaria por parte de un privado". Y anunció que se abre una nueva etapa para obras estratégicas en la zona.
Las tierras pertenecen al Estado Nacional bajo jurisdicción de las Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que junto al municipio trabaja para regularizar la situación habitacional de las familias y darle uso al espacio público.
En esas tierras viven decenas de familias que le firmaron a un fideicomiso administrado por un empresario confitero una "cesión de derechos y acciones posesoras".
Algunas de esas personas dijeron que no sabían bien lo que firmaron y que lo hicieron porque les prometieron darles casas de material en otra zona de la ciudad.
El tema llegó al Concejo, donde el edil Martín Rosúa manifestó que el organismo ferroviario nacional no radicó denuncia en sede policial, ni en Fiscalía y que su accionar fue "extraño".
Tras conocerse el fallo judicial que rechaza la demanda de prescripción adquisitiva del fideicomiso privado contra el Estado nacional, Fein sostuvo que se trata de "un fallo a favor del Estado que frena la especulación inmobiliaria por parte de un privado".
Y luego amplió: "Es una especulación sobre bienes públicos y sobre la necesidad de los vecinos que habitan ese lugar desde hace muchos años y vieron una falsa oportunidad de resolver definitivamente su situación habitacional".
Fein aseguró que a partir de ahora "se empezará a trabajar con los vecinos, a brindarles una solución para luego, en conjunto, gobierno municipal y Estado nacional trabajar en un proyecto integral de recuperación y uso de los espacios públicos".
En ese sentido, la mandataria destacó la medida que pone un límite a la especulación de un sector privado sobre tierras fiscales y valoró "la predisposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y la Adif para trabajar en conjunto para encontrar el mejor destino a estos terrenos privilegiados de la ciudad".
En el fallo, la jueza Aramberri entiende que "no se encuentran reunidos los extremos exigidos por las disposiciones legales para permitir que prospere la acción, no encontrándose acreditado la efectiva posesión en carácter de dueño por el período previsto por la ley para lograr la declaración que pretende la parte actora (el fideicomiso demandante), por lo que habré de rechazar la acción de prescripción pretendida".
Fein ya mantuvo encuentros de trabajo con el titular de la Aabe, Ramón Lanús, para avanzar en un acuerdo entre ambas administraciones que contempla un proyecto integral para las tierras y una solución para las familias que en la actualidad habitan el lugar.
La idea es armar allí una urbanización del estilo de la que se proyectó en el ex Batallón 121 del Ejército, donde hay un sector para viviendas, espacios para radicación de empresas de base tecnológicas y otros lugares para diferentes usos públicos.
Y el gobierno nacional quiere que el futuro de estos terrenos sea un modelo para otros lugares del país con ex tierras ferroviarias.