Jueves 17 de Noviembre de 2016

La Justicia pidió al Gobierno que informe si el Kirchnerismo usó un préstamo millonario para limpiar el Riachuelo

La medida fue solicitada por la Corte Suprema que pretende saber si la administración de Cristina Fernández firmó un préstamo internacional por 840 millones de dólares para financiar la limpieza de la cuenta Matanza Riachuelo y si efectivamente lo utilizó.

La Corte Suprema de Justicia le pidió al Gobierno que informe si la administración de Cristina Fernández firmó un préstamo internacional de 840 millones de dólares para financiar la limpieza de la cuenta Matanza Riachuelo y si efectivamente lo utilizó.
En una resolución del martes, a la que accedió DyN, el máximo tribunal sostuvo que en una causa se "ha solicitado la adopción de medidas para asegurar los fondos del préstamo que habría otorgado el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Estado Nacional por la suma de 840.000.000 de dólares, con destino al financiamiento del proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo".
Esa gestión se hizo a través del decreto 684/2009 donde "se aprobó el modelo de contrato de préstamo" destinado "a financiar parcialmente el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo", y se designó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación como organismo ejecutor de tal proyecto.
"Esta Corte considera adecuado, con carácter previo a la adopción de cualquier otro temperamento, solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo de la Nación que informe si se ha suscripto dicho contrato, y en su caso, su fecha; monto total acordado; detalle del estado de ejecución del crédito", sostuvo la resolución.
Además, la Corte pidió que se informe "si se han reasignado fondos para atender finalidades distintas a las previstas en las condiciones pactadas entre las partes".
En ese marco, señaló que el Gobierno deberá remitir los informes en un plazo máximo de 30 días.
La Corte Suprema había convocado para el 30 de noviembre una audiencia pública para conocer el grado de avance de los mandatos incluidos en el plan de saneamiento que oportunamente fijó en la causa que tramita por la prevención y recomposición del daño ambiental de la cuenca "Matanza-Riachuelo".
Allí se esperan informes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el Estado Nacional, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como del Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa.
A mediados de 2008, la Corte Suprema de Justicia estableció las líneas directrices para recomponer el medioambiente en la cuenca Matanza-Riachuelo y fijó las obligaciones a cargo de la Autoridad de Cuenca, con plazos para poner en marcha un plan sanitario y avanzar con las tareas de limpieza y de expansión de las redes de agua potable, desagües y cloacas.
La causa comenzó en 2003, cuando un centenar de vecinos demandó a los Estados nacional, bonaerense y porteño, y a 45 empresas asentadas en la zona por los daños que sufrieron esas personas y por el deterioro provocado al ambiente.

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