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Lunes 10 de Octubre de 2016

La Justicia dispuso restringir la aplicación de agrotóxicos en Piamonte

También ordenó que se impida la circulación de maquinaria agrícola en la zona urbana de esa localidad.

El titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge, Tristán Martínez, dio lugar a una acción de amparo promovida por una vecina para que se prohíba la fumigación manual, terrestre y aérea con todo tipo de agroquímicos a menos de 800 metros de la vivienda que habita en Piamonte. También ordenó que se impida la circulación, tránsito, permanencia o cualquier otra actividad que implique la presencia en zona urbana de maquinaria agrícola, mosquitos (equipos aplicadores autopropulsados), pulverizadoras de arrastre y la guarda de agroquímicos dentro del ejido urbano.

Todo comenzó hace dos años con el reclamo de una vecina, Vilma Córdoba, quien vive en la localidad, pero en el límite con la zona rural. La familia, de escasos recursos, está rodeada de plantas de acopios de cereales, galpones en los que se guarda maquinaria agrícola y, calle de por medio con la vivienda que ocupa, asperjan agroquímicos en un campo.

La mujer asentó una denuncia puntual para poner freno a las diversas fuentes de contaminación que la afectaban y resguardar así a su familia que evidenciaba síntomas de irritación en las vías respiratorias, broncoespasmos, erupciones en la piel, entre otros.

Posteriormente dio con la abogada especialista en derecho ambiental María Eugenia Boccio, quien la patrocinó para dar forma al proceso que derivaría en el pedido de una acción de amparo civil. Este trámite se dictó en el marco de un juicio ambiental por contaminación a través de diversas vías originadas en la actividad de los acopios de semillas, tránsito y guarda de maquinaria agrícola, depósito y aplicación de agroquímicos en las plantas de acopio que se encuentran dentro del área urbana y fumigación de campos lindero a la vivienda de la denunciante.

Medida cautelar. "La medida es cautelar —previa y no resolutiva del conflicto— pero persigue la finalidad de impedir el agravamiento de la situación de la población de Piamonte y de la familia que reclama en particular", precisó Boccio. Y a renglón seguido adelantó que "luego de este trámite, en el que se plantean inconstitucionalidades que poseen las leyes provinciales, continuará el juicio y posteriormente se reclamará una reparación económica por el daño ocasionado en la salud. Esto no está relacionado con la cautelar, pero en definitiva reclamaríamos una reparación amparándonos en el artículo 30 de la ley general del ambiente".

Según esta norma, es posible solicitar la cesación de las causas del daño y subsidiaramente su reparación.

"Esto significa que si se hacen las pericias médicas y arrojan que la gente tiene agroquímicos en su cuerpo tendría que tramitar el resarcimiento económico", esgrimió Boccio.

Pruebas. La medida adoptada por Martínez, también exige que se ordene a las empresas que desarrollan esas actividades a que cumplan estrictamente con la legislación vigente en cuanto a la gestión adecuada de los envases en uso, desuso y residuos de agroquímicos, a los que trata como residuos peligrosos.

"La acción de amparo pretende que judicialmente se resuelva a favor de la vida humana y el derecho ambiental en base del cual se sustenta la vida y salud de las personas", explicó Boccio a LaCapital, y añadió que previo a la elaboración del pedido judicial se realizó una serie de medidas de aseguramientos de pruebas para verificar el estado de situación de la denunciante y la realidad que se vive en Piamonte.

"Entramos a distintos galpones y acopios en los que verificamos que había maquinaria, envases pulverizadoras y agroquímicos banda roja. Incluso el ingeniero agrónomo de una de las plantas dijo que los utilizaban dentro de los silos, que están emplazados en el pueblo", explicó Boccio. "En uno de los casos había envases sobre el piso y al aire libre, contaminando probablemente el suelo y las napas", dijo la abogada, y describió una situación de despreocupación de los propietarios de acopios y depósitos en cuanto al manejo de químicos aplicados a la actividad agrícola y el control de plagas.

Incumplimiento. En ese marco se inició la acción de amparo en busca de lograr que se verifique si las plantas de acopio cumplen con la legislación que regula su funcionamiento. Entre otras medidas se pretende evaluar si contienen cortinas de árboles, sistemas de contención de polvillos y reducción de ruidos y playas de estacionamiento específicas para camiones.

"Ninguna de las acopiadoras existentes cumple con estos requerimientos. Entonces hicimos una declaratoria informativa para el ministerio de Medio Ambiente y otra para el de producción. El primero dice que no es autoridad competente en esto y el segundo aduce que estas plantas no están inscriptas y que tampoco son competentes. Se pasan la pelota unos con otros respecto a quién debe velar por el cumplimiento de la normativa", aseguró Boccio.

Según la abogada, se produce allí una cuestión burocrática porque a la hora de verificar la instalación y funcionamiento de las plantas de acopio hay ausencia del Estado y los vecinos quedan desamparados. "Esto no ocurre sólo en Piamonte. Se da en la mayoría de los pueblos de la región y la provincia", lamentó la letrada.

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