La ley de educación nacional Nº 26.206 (artículo 2º) establece que "La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado". Frente a la problemática de la integración conviene recordar cuáles son las responsabilidades que le caben a cada uno de los actores sociales. Específicamente en el artículo 11º de esta norma se establece que los fines y objetivos de la política educativa nacional son, entre otros: "(...) garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad; brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos". Vale recordar que integración e inclusión no son lo mismo aunque muchas veces se confundan.
En un primer momento la escuela común y la modalidad especial trabajaban en forma paralela, por ello las primeras interacciones se comenzaron a presentar con la derivación de los "niños con problemas de aprendizaje" de la escuela común a la especial. Es a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1989) y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), que se empieza a pensar en formas menos discriminatorias de intervenir ante las dificultades que pueden presentar los niños, niñas y adolescentes ante los aprendizajes. En 2009, el Ministerio de Educación de la Nación elabora el documento titulado "Educación especial: una modalidad del sistema educativo argentino", donde se explicita el cambio de mirada respecto de las personas con discapacidad (1) y la impronta inclusiva que adquiere la escuela. El eje deja de estar en lo individual, en el órgano enfermo, en los atributos de la persona, para centrarse en lo social, en tanto las barreras que la sociedad impone a las personas con discapacidad, producen mayores dificultades para las interacciones y el pleno ejercicio de los derechos.
Sabemos de la importancia que adquiere la proclamación de este cambio de paradigma por parte del Estado, pero también decimos que exige modificaciones y esfuerzos individuales y colectivos, porque de lo contrario la integración y la inclusión no dejan de ser meros enunciados o experiencias de voluntarismo. Una proclama que no se traduce en acciones y modificaciones profundas de las estructuras, quedándose en la superficie de la cuestión, solo reproduce desigualdades.
Abordaje interdisciplinario
La complejidad de estas situaciones exigen un abordaje interdisciplinario, que acompañe y oriente al docente en el ejercicio de una función que además de pedagógica es subjetivante. Lejos de generar juicios críticos que producen quiebres en un sistema educativo al que los especialistas no dudan en calificar "en crisis", desde las escuelas especiales abogamos por acciones que respeten y hagan respetar los derechos adquiridos por y para los niños y adolescentes. Entendemos que la parte que nos toca en este juego es esencialmente política, por ello además de comprometernos en el abordaje de las situaciones particulares que día a día se nos presentan, reclamamos al Estado el cumplimiento del compromiso asumido con la comunidad internacional, y con los ciudadanos y trabajadores del territorio nacional y provincial.
Somos más de 300 trabajadores de la educación de la provincia de Santa Fe, profesionales que conformamos los Servicios Psicopedagógicos de las Escuelas Especiales (psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, kinesiólogos), también llamados Equipos Técnicos o Interdisciplinarios, a los que se les está negando el reconocimiento de la especificidad y los derechos que establece la ley 11.614 que prevé la creación de Equipos Interdisciplinarios de Coordinación y Asesoramiento de los Profesionales de los Servicios Psicopedagógicos del Régimen de Educación Especial del Ministerio de Educación. Esta norma fue aprobada y sancionada por la Cámara de Diputados en 1998, con el propósito de dar respuesta de manera integral, a la complejidad cada vez mayor, de las situaciones relativas a la integración y la inclusión de los alumnos con discapacidad, en todos los niveles del sistema educativo, a la vez que habilita el derecho de los trabajadores a supervisiones específicas interdisciplinarias y la posibilidad de ascenso en el ámbito laboral.
Tomar decisiones
A 18 años de ese reconocimiento esa ley nunca fue implementada. Han pasado muchos gobiernos que en palabras apoyan la inclusión, pero flaquean a la hora de tomar decisiones y asignar los recursos necesarios, que miran para otro lado, o pretenden simplemente "refuncionalizar recursos", lo que significa intentar responder a las demandas actuales con los mismos recursos humanos y materiales de siempre. Hasta no hace mucho los proyectos de integración abarcaban los tres primeros años de escolaridad, mientras que hoy, conforme al cambio de paradigma y la ampliación de la obligatoriedad de la escolaridad, se incluye desde nivel inicial hasta la secundaria. No es difícil suponer que así como se cuadruplicó cuantitativamente el trabajo, también se incrementó la complejidad de las situaciones a abordar, tanto para los docentes, como para los profesionales integrantes de los equipos psicopedagógicos. Esta realidad de la escuela inclusiva exige una constante problematización y reflexión sobre las prácticas. En algunos casos los proyectos de integración tienen más que ver con buenas intenciones y voluntarismo, y poco con una propuesta que contemple al sujeto en su complejidad y permita alcanzar los objetivos que se propone.
Hemos realizado insistentes reclamos al Ministerio de Educación y nunca existió una respuesta concreta. Aparecen argumentos inconsistentes como falta de presupuesto; se deduce entonces que la negativa a implementar la ley 11.614 es una cuestión política. Sostenemos que si no se producen acciones consecuentes con las declamaciones que implica suscribir a las convenciones internacionales, para que en el territorio nacional se efectivice el goce de derechos por parte de los ciudadanos, el efecto es la reproducción de los conflictos. Acaso ¿alguien puede pensar que es casual que en los últimos años muchas situaciones del ámbito escolar hayan derivado en los tribunales?
Mejores condiciones
Que los reclamos por cuestiones educativas deriven en la judicialización, debería hacer que los gobernantes dejen de mirar para otro lado y asuman cabalmente el compromiso con la sociedad que sus funciones implican. A la escuela se le exige que sea abierta, inclusiva, que trabaje en redes, y esto viene haciendo como puede, redefiniendo desde los roles y funciones, hasta su identidad, adaptándose a los cambios porque entiende que no son cuestiones de "moda" sino conquistas humanas. Pero de poco sirve si lo hace desde el adentro de la estructura escolar y la individualidad de sus actores. Que cada cual atienda a su juego, no tiene que ser contrario a la posibilidad de crear mejores condiciones para el desarrollo social, pero esto solo será posible si en nuestras acciones somos consecuentes con lo que decimos. Porque la integración no es cosa de pocos, menos aún, cosa de niños.
(1) Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, 2006).
(*) Artículo preparado en conjunto con profesionales de los Servicios Psicopedagógicos de las Escuelas Especiales de la Región VI.
