Opinión
Jueves 25 de Agosto de 2016

La inseguridad desnuda la falta de política de Estado

Claves. El reclamo de seguridad y justicia domina la agenda de la sociedad de manera excluyente. Las peleas entre funcionarios, jueces y legisladores son un aporte más a la confusión general. Ausencia de gendarmes e idus de agosto.

Como si fuera un calco de lo que sucedió hace dos años, exactamente en el mes de agosto de 2014, la inseguridad en Rosario esfumó cualquier otra cuestión y puso en escena la ausencia de una política de Estado capaz de estar a la altura de los acontecimientos.

Lo más sensato, entre un fárrago de declaraciones, acusaciones cruzadas y tambores de guerritas inocuas, provino de Enrique Bertini, padre del joven asesinado en una entradera hace justo dos años, quien en medio del absurdo traslado de responsabilidades cruzadas entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura, emitió una frase cargada de sentido común: "Pónganse de acuerdo y hagan algo".

Es imposible que la realidad política santafesina —y muy puntualmente la rosarina— deje de vivir a salto de mata por los vaivenes de la inseguridad si los tres niveles del Estado no pueden ni siquiera consensuar direccionamientos en común respecto de una problemática que no tiene que ver con el sexo de los ángeles, sino con la vida y la seguridad de las personas.

Hacerse los tontos. La chirriante acusación del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a los jueces (para que "dejen de hacerse los boludos") sacó del letargo al presidente de la Suprema Corte, Rafael Gutiérrez, al juez Daniel Erbetta y a una larga fila de personajes ligados a la Justicia provincial. Ese cruce de acusaciones lejos estuvo de unir filas, salvo por la decisión de Miguel Lifschitz de convocar cara a los fiscales para interiorizarse de las urgencias de quienes trabajan en la inmediatez de las causas.

"Los jueces de esta provincia trabajan 3 horas por día, no pagan Ganancias, ganan más de 200 mil pesos por mes y se creen que están en Suiza. Era necesario salir a cruzarlos", decían anoche en los pasillos del Ejecutivo, acompañando los dichos de Pullaro.

Pero, en ese corralito declarativo, poco es lo que se puede esperar de acciones concretas. En verdad, llama la atención la diferencia de interpretaciones respecto de la gravedad del momento entre funcionarios, políticos, jueces y sociedad civil.

En las posiciones de poder creen muchas veces que las repercusiones mediáticas poco tienen que ver con historiales de episodios delictivos y apuntan a lo que, entienden, es una mejora de los índices.

Pese a que reconocen la existencia de un "clima espeso", por contrario sensu, la sociedad percibe que las cosas, cada día que pasa, están peor.

Santa Fe sigue teniendo un índice de criminalidad superior a la media nacional y, por ejemplo, a la provincia de Córdoba. Pero al margen de frías estadísticas, en seguridad existen las "sensaciones".

Y esas "sensaciones", en una gran urbe como Rosario, se reflejan en la falta de patrullajes más intensos en horarios nocturnos y espacios clave, en las motos sin control ni identificaciones y en cierta escenografía urbana que es toda una mala novedad para los rosarinos desde hace un relativo tiempo.

A los rosarinos tampoco se les pasa por alto que a fin de 2015 había 3.300 gendarmes y agentes federales en Rosario. Quedan 400. A fin de 2015 había elecciones. Ese minué de la Gendarmería yendo y viniendo según las urgencias electorales es el peor mensaje que se puede dar en materia de seguridad que, para que sea efectiva, debe estar regimentada por el cumplimiento de rutinas.

Pero hay datos empíricos, contundentes, que explican el pensamiento de los rosarinos mucho más que en mil palabras. Las dos instituciones menos creíbles, según una encuesta reciente de Nueva Comunicación, son la policía y la Justicia provincial.

Y la que aparece al frente del ranking de "credibilidad de algunos actores sociales que operan en Rosario" es la Gendarmería. Todo esto en un contexto en el que el 70 por ciento de los rosarinos opina que la principal preocupación es la seguridad.

En medio de este panorama, los entrecruzamientos políticos también juegan sus partidos, siempre para mal. El crecimiento de las muertes violentas (hubo 24 en 30 días) se produjo en momentos de una muy mala relación entre los gobiernos nacional y provincial, que ahora escala entre el oficialismo santafesino y la oposición macrista. "Esto es un nuevo fracaso de la política de seguridad santafesina", dijo el presidente del PRO, Federico Angelini. "El PRO debería dejar de hacer política barata con la inseguridad", respondió el presidente del PS, Enrique Estévez.

En materia de seguridad los resultados no cambian de la noche a la mañana, y es por eso que no se debe dejar librada la cuestión a episodios estacionales. Está claro que con las fuerzas provinciales y federales que están en la ciudad no alcanza.

El gobierno provincial tiene una complicación extra: no puede arrojar culpas sobre la herencia recibida, porque pertenece a su mismo signo político. Aunque desde el Ministerio de Seguridad se sostenga que hoy hay 130 patrulleros permanentes y antes no llegaban a la mitad. No alcanzan.

Los idus de agosto. El jueves 21 de agosto de 2014, tras el asesinato de Mariano Bertini, se realizó una multitudinaria marcha convocada por mayor justicia y seguridad. El lunes 31 de agosto de 2015 se produjo la concentración por el crimen de Sandro Procopio. Ninguna de los dos brutales muertes fue esclarecida. Hoy, jueves 25 de agosto de 2016, es la movilización a Tribunales "porque todo quedó en la nada, porque siguen matándonos, porque todos los lugares son inseguros". Los idus de agosto.

"No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera". Lo canta Joan Manuel Serrat. Lo deberían internalizar los jueces y la clase política.

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