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Viernes 06 de Noviembre de 2009

La infancia gana espacio en la agenda pública

La promoción de la escolarización y la consideración de la infancia en la agenda pública ya se destacan como aspectos centrales del impacto que tendrá la asignación de 180 pesos por hijo lanzada por el gobierno nacional.

La promoción de la escolarización y la consideración de la infancia en la agenda pública ya se destacan como aspectos centrales del impacto que tendrá la asignación de 180 pesos por hijo lanzada por el gobierno nacional. Con esta idea coinciden dirigentes de los principales gremios docentes del país y pedagogos, que también resaltaron a La Capital lo valioso de que haya que acreditar la asistencia a la escuela para cobrar la ayuda social. Más de 5 millones de chicos son los beneficiados por este plan oficial.

“El hecho de que una cantidad importante de menores de 18 años reciban una ayuda, porque sus padres no estaban percibiendo asignaciones familiares por ser desempleados o trabajadores no registrados, y que eso esté vinculado a la acreditación de ir a la escuela, hace que sea una herramienta que favorezca a la escolarización de los estudiantes”, sostiene Stella Maldonado, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

En la misma sintonía se expresa la secretaria adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), María Lázzaro, quien por su parte destaca “el control de policía que ejercerá el Estado, que permitirá incluir a niños que en edad escolar están fuera de ella”.

Es que tal como lo establece el decreto del Ejecutivo nacional, el beneficiario deberá acreditar, además del cumplimiento de controles sanitarios y la vacunación obligatoria, “la concurrencia a establecimientos educativos públicos”. El texto legal indica que de no cumplir con la asistencia a las aulas, los chicos perderán la ayuda económica. En cuanto al carácter público de la escuela a la que deben asistir, desde la delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) apuntan que este, como otros temas, restan definirse en la letra fina del decreto reglamentario.

Si bien Lázzaro reconoció que como salida coyuntural la asignación es “totalmente loable”, sostuvo que no debería ser tomada como solución a largo plazo. “Tendrá que ser una excepción, y alguna vez alguien tendrá que pensar, de este gobierno o del que le siga, en una inclusión verdadera del más necesitado y excluido”, concluyó.
  
Un lugar en la agenda. La irrupción de los derechos de la niñez en el centro de la agenda política es otro de los puntos que enmarcan la extensión de la asignación por hijo.

Patricia Redondo, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostiene que “los niños están en una situación de desigualdad extrema, y esta asignación, aún con críticas en cuanto a su universalidad, produce dos movimientos: sitúa a la infancia como sujeto de derechos en la agenda pública —no desde la criminalización ni de manera obscena como en temas de desnutrición—, y la posibilidad de que alcance a más de 5 millones de chicos hace que se discutan las posibilidades de acceso real al sistema educativo”.

Agrega que para cumplir con las exigencias del beneficio los gobiernos provinciales y el nacional tendrán que plantearse la necesidad de dar cobertura a esos chicos. Cita el caso la sala de 4 años, en donde “estamos lejísimo de la universalización que propone la ley nacional de educación”.

Por su parte, el pedagogo Rafael Gagliano coincide con Redondo en celebrar “que los chicos estén en la agenda pública”. “Eso es algo que buscamos desde hace muchos años los que consideramos que la infancia no tiene visibilidad pública, y por fin aparece inscripta dentro de políticas de protección y cuidado”, afirma.

Para Gagliano, el ingreso para la niñez “es el piso sobre el cual los argentinos necesitamos garantizar la universalidad completa”. “Destaco —concluye el especialista— la importancia de poner a los chicos en la agenda, pero también cuidarlos de modo tal que tengan posibilidades de superar las condiciones sociofamiliares de origen. Y esto es una política de redistribución de la riqueza”.

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