Policiales
Martes 26 de Julio de 2016

La familia de un joven asesinado objeta la condena a un policía

Lo balearon efectivos que seguían a un ladrón. Los querellantes rechazan la pena a tres años en juicio abreviado a uno de los uniformados.

La familia de Jonatan Herrera, el joven que lavaba su auto en enero de 2015 cuando fue asesinado a tiros por policías que perseguían a un ladrón, objetó ayer la sentencia que tras un acuerdo abreviado condenó a uno de los efectivos a 3 años de prisión por abuso de armas. "En casos donde están comprometidos valores sociales los abreviados no tienen que generar impunidad. Solicitamos el derecho de demostrar la verdad en un juicio de debate", planteó Analía Abreu, una de las abogadas querellantes en una audiencia de apelación.

En esa instancia la querella ejercida por María Elena Herrera, madre de la víctima, expresó sus críticas a la sentencia que el 4 de mayo impuso 3 años de prisión al efectivo Alejandro Gálvez, de la Policía de Acción Táctica (PAT), quien fue condenado por abuso de armas agravado por su función policial. La defensa del policía y el fiscal Adrián Spelta respaldaron la condena surgida de un acuerdo entre partes y señalaron que no existen elementos para demostrar que el efectivo haya disparado contra Herrera. Tras escuchar todos los planteos los camaristas Daniel Acosta, Carina Lurati y Carlos Carbone dispusieron pasar a un cuarto intermedio para estudiar el caso antes de emitir un fallo.

Los jueces pueden confirmar la sentencia o revocarla. En ese caso, Gálvez quedaría en condiciones de ir a juicio con los otros imputados por el crimen. El ex policía lleva 19 meses detenido, actualmente en prisión domiciliaria, pese a que las condenas de 3 años permiten pedir la libertad condicional a los ocho meses de encierro. Otros tres agentes de la PAT siguen presos a la espera del juicio, mientras que una empleada del Comando Radioeléctrico fue detenida a fines del mes pasado al determinarse que ejecutó uno de los tiros mortales contra Herrera.

En el medio. El joven de 22 años lavaba el auto frente a su casa el 4 de enero del año pasado cuando cuatro policías de la PAT que viajaban en un colectivo del transporte urbano por Ayacucho y Seguí bajaron al advertir que sus colegas del Comando perseguían a un ladrón, decidieron sumarse y le dispararon tres tiros a Herrera, dos de ellos letales.

Las primeras en hablar fueron las abogadas querellantes Analía Abreu y Cintia Garcilazo, quienes cuestionaron que a Gálvez se lo condenara por un delito distinto del que se le imputó en un primer momento, que era tentativa de homicidio. Remarcaron la "ausencia total de fundamentos" de la sentencia, algo que "viola el derecho de defensa activo que tiene la víctima". "Lo más grave es que no sabemos qué consideró el fiscal al cambiar la calificación. Fue condenado con el mismo listado de prueba que se atribuye al resto de los imputados. No sabemos qué elementos lo llevan a acreditar otro tipo de dolo", cuestionó Abreu.

La pretensión de la querella es debatir la conducta de Gálvez en un juicio oral junto al resto de los acusados: "No pueden prosperar ciertos abreviados cuando se está discutiendo la violencia estatal por parte de los funcionarios policiales".

El fiscal Spelta defendió el abreviado. Señaló que Gálvez efectuó un disparo pero no en dirección a Herrera, con lo cual no se puede atribuir intención homicida. Con un gráfico en un pizarrón, señaló que de las pericias surge que el policía Ramiro Rosales efectuó un tiro mortal a la arteria hipogástrica del joven, Francisco Rodríguez lo hirió en un tobillo, Luis Sosa disparó pero no lo hirió y la agente del Comando Gladys G. efectuó otro tiro letal a la cabeza. "Gálvez no tiró hacia el cuerpo de Herrera", planteó, sino que habría disparado hacia el ladrón, al que no hirió. Por eso su conducta "no podía encuadrar jamás en el delito de homicidio".

La defensora Sara Marcos indicó que "la plataforma fáctica varió desde la imputación original". Remarcó que Gálvez "no se encontraba en línea de tiro sino detrás de Rosales. No se le puede atribuir un delito más que el de abuso de armas a este chico, lo único que hizo fue disparar contra la pared en lo que él creyó era el cumplimiento de sus funciones".

Los otros tres hombres de la PAT esperan juicio oral tras la última audiencia preliminar —apelada por la defensa— en que se solicitaron penas de prisión perpetua para Rosales y de 12 a 14 años para Sosa y Rodríguez. La fiscalía ya presentó la acusación respecto de la agente del Comando, para quien pidió prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por su función. Resta que las querellas formulen sus acusaciones y se concrete la audiencia preliminar que le permitirá llegar con el resto de los acusados al juicio, previsto para octubre o noviembre.

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